Entre otras cosas, se conoció que años atrás había sido acusado de fraude en Brasil, un delito que supuestamente confesó, pero por el que no fue castigado al no poder ser localizado por la Justicia del país.
También se dispararon las dudas sobre cómo había podido pasar de ser una persona denunciada por impagos de renta en 2015 y 2017 a convertirse para 2021 en supuesto propietario de varios inmuebles, a pesar de haber declarado entre medias modestos salarios y no haber dado cuenta a las autoridades de ninguno de ellos.
En 2019 Santos lanzó una primera campaña fallida para el Congreso presentándose como un gran seguidor de Donald Trump y en ese año y el siguiente pasó por varios negocios fracasados, incluida una firma de inversión que fue acusada por las autoridades de orquestar una estafa piramidal.
Para cuando llegaron los preparativos para las siguientes elecciones, Santos aparentemente tenía dinero de sobra para prestar a su campaña importantes cantidades de dinero y dar cuenta de grandes ingresos procedentes de su empresa, la Devolder Organization, una firma de la que apenas hay rastro público y de la que se desconocen clientes.
Durante la campaña, además, dejó comportamientos cuando menos sospechosos en lo financiero, por ejemplo, anotando entre sus gastos electorales hasta 37 cargos de exactamente la misma cantidad, 199.99 dólares, por todo tipo de servicios, desde material para oficina a hoteles y viajes en Uber.