Ron DeSantis, el gobernador de Florida, presentó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, con una promesa que el electorado estadounidense ya ha escuchado en varias ocasiones: construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
"Vamos a cerrar la frontera, a construir el muro fronterizo y a responsabilizar a los cárteles de la droga”, dijo DeSantis durante la presentación de su candidatura.
El expresidente Donald Trump, de quien ahora DeSantis busca distanciarse, hizo de la promesa de construir un muro fronterizo su bandera y uno de los principales ejes de su política migratoria. Incluso, sus seguidores corean el lema “Build that wall” (“Construye ese muro”) durante sus mítines.
Pero la idea de construir un muro fronterizo inició mucho antes de la irrupción de Trump, un magnate inmobiliario, en la política estadounidense. Esta es la historia de esta promesa, que revive cada proceso electoral en Estados Unidos.
Aunque los políticos del Partido Republicano han sido quiénes han abrazado la promesa de construir un muro fronterizo durante los últimos 10 años, el origen de esta medida en realidad tiene ADN del Parido Demócrata, al que pertenece el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El 1 de octubre 1994, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, comenzó a implementarse la Operación Guardian (Operation Gatekeeper), que marcaría un punto de inflexión en la frontera entre Estados Unidos y México.
El objetivo de esta operación era disuadir a los migrantes de cruzar sin autorización, en primer lugar y, para aquellos que seguían sin inmutarse, alentarlos a cruzar en áreas silvestres más aisladas hacia el este, donde pudieran ser capturados con más facilidad, de acuerdo con un reporte del periódico San Diego Tribune.
El contexto en California era parecido al que vive hoy Florida. El gobernador entonces era Pete Wilson, un político republicano que buscaba reelegirse. Durante su gobierno, que inició en 1987, se convirtió en una fuerte voz que culpaba a Washington por no detener el flujo de la inmigración ilegal y dejar que su estado pagara los costos.
La frontera entre las ciudades de Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos, comenzó a sufrir una transformación radical. Pasó de ser alambre de púas encajado en el suelo por varios kilómetros, a una valla fronteriza que se extiende incluso varios metros en el mar.
Una cerca más sólida comenzó a levantarse alrededor de 1990, pero era fácilmente violada por las personas a pie, de acuerdo con el diario californiano.
Para el año fiscal 1993, el sector de San Diego representaba 42% de todas las detenciones a lo largo del límite nacional suroeste.
La Operación Gatekeeper incluyó un aumento de la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza, así como la nuevos vehículos fuertes, sensores sísmicos y radios.
El reforzamiento de frontera provocó intencionalmente que las rutas de cruce se desplazaran más al este, hacia las montañas y los desiertos de California, donde las autoridades suponían que los migrantes serían detectados y atrapados con más facilidad.
La medida, que resultó muy exitosa para reducir el número de detenciones y de cruces irregulares, fue extendida después de San Diego al resto de California y a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas.
Después de Gatekeeper otras medidas similares comenzaron a implementarse. Entre ellas estaba la construcción de una cerca de malla metálica secundaria, a lo largo de los primeros 22.5 kilómetros de la frontera de San Diego con México a partir de 1996, algo que ralentizó aún más los cruces no autorizados.
La construcción de un muro fronterizo a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos no cesó con la salida de Clinton de la Casa Blanca, en 2001. Su sucesor, el republicano George W. Bush redobló la apuesta por la valla fronteriza.
En 2006, ya durante su segundo periodo de gobierno, Bush —quien fue gobernador de Texas antes de llegar a la Oficina Oval—, promovió la construcción de un muro fronterizo.
A pesar de la oposición de los demócratas y de algunos republicanos, el presidente Bush firmó el 26 de octubre de 2006 una ley que autoriza la construcción de un muro a lo largo de 1,100 kilómetros de frontera con México para intentar frenar la llegada de migrantes sin documentos al país norteamericano.
"Este proyecto de ley ayudará a proteger al pueblo estadounidense, reforzará la vigilancia en la frontera y es un paso importante hacia la reforma migratoria”, dijo entonces Bush.
La firma de esta legislación ocurrió solo unos días antes de las elecciones intermedias del 7 de noviembre de 2006.
El plan consideraba que el muro abarcara todos los estados que tienen frontera con México —California, Arizona, Nuevo México y Texas— en cinco tramos distintos. También incluía barreras para vehículos y puntos de control donde se usaría alta tecnología militar para la vigilancia fronteriza.
El entonces presidente de México, Vicente Fox, reclamó por la construcción de esta barrera y calificó como “hipócrita” a su contraparte estadounidense.
"No es posible que en el siglo XXI estemos construyendo muros entre dos naciones que somos vecinas, entre dos naciones que somos hermanas, entre dos naciones que somos socias”, dijo Fox.
El muro tenía en 2006 un costo que oscilaba entre 2,000 millones y 9,000 millones de dólares y esta ley no autoriza fondos para su construcción. El gobierno estadounidense destinó una partida inicial 1,200 millones, que fue incluida en el presupuesto para el año fiscal 2007 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado durante el gobierno de Bush.
La construcción de vallas fronteriza también continuó en el gobierno del demócrata Barack Obama (2009-2017). Sin embargo, ni él ni Bush usaron una retórica tan dura contra las personas migrantes como lo hizo después Donald Trump.
“Estos otros mandatarios, favorables a la inmigración, asignaron gran cantidad de fondos a la seguridad fronteriza porque pensaban que hacerlo fortalecería sus argumentos a favor de la sanción de una legislación integral de reforma inmigratoria”, indica un análisis de Brookings Institution.
Pero con Trump, la construcción del muro adoptó un nuevo tinte.
El día que anunció sus intenciones de lanzarse a la presidencia de Estados Unidos, en 2015, el magnate inmobiliario dijo que México no enviaba a sus mejores personas al país norteamericano, sino que enviaba a “ladrones” y “violadores”. Ese fue el primer aviso del tono antiinmigrante que su campaña y su presidencia tendrían.
"Voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Será un muro de Trump, un muro magnífico", aseguró el magnate inmobiliario durante la campaña presidencial de 2016.
La barrera, a lo largo de los 3,200 kilómetros de frontera con México, tenía por objeto proteger al país de los migrantes ilegales, los delincuentes y los narcotraficantes, dijo.
México "pagará el muro, 100%", aunque los mexicanos "no lo sepan todavía", prometió.
"Promesa hecha, promesa cumplida", dijo la Casa Blanca en enero de 2021, mientras Donald Trump viajaba a Texas para celebrar la finalización de más de 700 kilómetros del muro. Pero un tercio de la frontera ya tenía un muro o barrera antes de que Trump llegara al poder, el 20 de enero de 2017.
Los avances hechos durante el gobierno de Trump fueron principalmente mejoras o refuerzos de estructuras existentes. De acuerdo con los medios estadounidenses, solo unos 20 kilómetros serían nuevas construcciones.
De hecho, extender el muro es más complejo, porque es necesario recuperar terrenos que generalmente pertenecen a entidades privadas, lo que constituye un rompecabezas legal.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, se habían iniciado las obras en 300 kilómetros adicionales y 240 se encuentran en la fase de preconstrucción.
Más que un muro, generalmente son barreras metálicas equipadas con equipos tecnológicos (luces, cámaras, etc.) para identificar los movimientos de migrantes ilegales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió durante su campaña a la Casa Blanca que no se construirá ni un kilómetro más" durante su mandato. Al llegar a la presidencia, el demócrata suspendió todos los proyectos relacionados con este proyecto.
Que DeSantis haya retomado la principal promesa antiinmigración de Trump no parece sorpresivo.
Como gobernador, Ron DeSantis ya ha mostrado su mano dura contra la migración irregular a Estados Unidos, una de las principales preocupaciones de la población estadounidense hacia las elecciones
DeSantis promulgó hace dos semanas una ley estatal contra la migración irregular bajo el lema "La crisis fronteriza de (Joe) Biden", el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración indocumentada.
"Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense", dijo el gobernador.
El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obligará además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Además de los reclamos de las organizaciones a favor de los derechos humanos, el gobernador de Florida también ha enfrentado críticas por esta medida desde sectores empresariales, que dicen que estas leyes terminarán por afectar a la economía del estado.
No es la primera medida que DeSantis ha tomado contra la inmigración. El año pasado e unió a los gobernadores republicanos de Texas y Arizona para para enviar a personas migrantes recién llegadas a Estados Unidos a bastiones demócratas del norte y el este del país.
Con información de AFP
