Panamá vive desde hace una semana una agitación social con manifestaciones, bloqueos de calles y paros laborales en rechazo a la operación, con la venia del gobierno, de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
El gigante minero canadiense First Quantum Minerals (FQM) y el gobierno de Laurentino Cortizo están en el ojo del huracán, pero el movimiento de protesta, que incluye a obreros, maestros, médicos, estudiantes y ambientalistas, aumentó sus reivindicaciones.
Los líderes de las manifestaciones anunciaron este lunes que la protesta seguirá en las calles.
En menos de 24 horas, el Congreso aprobó el 20 de octubre una ley que selló el acuerdo firmado este año entre FQM y el gobierno, y Cortizo la sancionó.
El acuerdo, que permite a la minera operar en Panamá por 40 años, llevó una larga negociación después que la Corte Suprema de Justicia declarara en 2017 inconstitucional el contrato original porque se hizo sin licitación.
"Hay un desgaste de las instituciones y una ruptura con los actores que ejercen la representación política", dijo a AFP Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.
Para el sociólogo Danilo Toro la minera fue el "gatillo" de un "disgusto acumulado" por el costo de la vida y otros problemas sociales, y advirtió del riesgo de "una explosión social".
En las marchas muchos llevan pancartas y gritan consignas contra la "corrupción".
Los manifestantes exigen la derogación de la ley. Pero algunos sectores ahora piden paralizar las concesiones mineras y se decrete una moratoria.
"Hay 15 concesiones de minería y hay 103 solicitudes de minerías, lo que nos preocupa porque está claro que la actividad minera no es sostenible", opinó José Isaac González, del grupo cívico juvenil Sal de las Redes.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pidió la revisión del código de minería y un "monitoreo" y control "estricto" de las concesiones existentes.
"Solicitamos al gobierno urgentemente una moratoria inmediata de nuevas concesiones mineras", agregó.
En un documento, la Universidad de Panamá pidió "revocar la aprobación al contrato" y un referéndum nacional que decida si continuar con la actividad minera a cielo abierto en el país.
El contrato contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para el Estado panameño, 10 veces más que el acuerdo anterior, de 1997.
La empresa canadiense, que también opera en España y otros países, se compromete además a millonarias inversiones en las comunidades cercanas a la mina.
"No haber hecho una licitación es un error que ya se cometió (...) Cerrar la mina que está operando sería una mala decisión, excesivamente costosa", opinó el economista Felipe Chapman.
Un cierre llevaría a Panamá a demandas en instancias internacionales.
Cortizo afirma que con las regalías se aumentarán las pensiones y los aportes al seguro social, pero sobre todo son recursos cruciales para el presupuesto estatal.
La compañía y el gobierno destacan que desde febrero de 2019 la mina produce unas 300,000 toneladas de concentrado de cobre al año, aporta más de 4% del PIB y 75% de los ingresos por exportaciones.
El ministro de Comercio, Federico Alvaro, asegura que el contrato protege 8,000 empleos directos y 40,000 indirectos.
La minera aporta 4% del PIB de Panamá y exporta cada año unas 300,000 toneladas de concentrado de cobre desde Puerto Rincón, adonde llegaron manifestantes en una decena de lanchas el sábado.
En un comunicado, la compañía afirmó que esa protesta representó una "amenaza" a sus operaciones y a su personal, pero no se pronunció sobre la situación convulsa del país.
¿Y cuál el ambiental?
Panamá dispone de grandes reservas de cobre en Cerro Colorado, en el oeste del país, y en Donoso, en la caribeña provincia de Colón, donde está la gigantesca mina a cielo abierto, a 240 kilómetros de la capital.
Para la ambientalista Raisa Banfield, es "nefasto que una de las actividades más destructivas y contaminantes se desarrolle en un país pequeño que en una hora conecta dos océanos a través de sus ríos y bosques tropicales".
"Se están destruyendo miles de hectáreas, cerros, montañas, incluso ríos que se están convirtiendo en el lavadero de la industria", declaró a AFP.
Parte de los depósitos minerales de Panamá están en áreas importantes de biodiversidad como el Corredor Biológico Mesoamericano.
"Este proyecto abre una brecha en el corredor que tendrá impacto sobre la conectividad ecológica entre América del Norte y del Sur", aseguró a AFP George Hanily, director de la Asociación Nacional de Conservación (ANCON).
Cortizo prohibió el viernes 27 de octubre las nuevas concesiones mineras metálicas, pero mantuvo el contrato con First Quantum, por lo que continuaron las protestas.
Lilian González, del Centro de Incidencia Ambiental, aseguró que la solución está en una "derogatoria" por parte del Congreso, a petición del gobierno.
De lo contrario la salida quedará en la Corte, ante la que se presentaron varias demandas contra la ley. El abogado Giovanni Olmos abogó por medidas cautelares para suspender los efectos del contrato.
César Ruiloba, expresidente del Colegio de Abogados, opinó que la Corte puede dirimir, pero que la solución debe ser política.
Algunos analistas señalan que el gobierno puede apostar al desgaste de la protesta e incluso a la llegada de las fiestas patrias en noviembre, todo un acontecimiento en Panamá.
El domingo, Cortizio propuso la convocatoria de una consulta popular para decidir si se deroga el contrato minero que desató las protestas.
En su mensaje, de apenas dos minutos, Cortizo aseguró que pedirá al tribunal electoral convocar la consulta para el 17 de diciembre, y al Congreso una ley que prohíba "la minería metálica a nivel nacional”.
"A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano", afirmó.
No obstante, poco después, dirigentes de las protestas aseguraron que el presidente busca dividir y confundir al movimiento.
Además el Tribunal Electoral de Panamá rechazó este lunes la propuesta de Cortizio.
"En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular", anunció en rueda de prensa el presidente del tribunal, Alfredo Juncá, al señalar que el ambiente convulso que vive el país impide atender el pedido del gobierno.
Además, "la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 [del contrato minero] que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria", añadió el magistrado.
Esta incertidumbre provocó que las acciones de First Quantum Minerals se desplomaran hasta 30% el lunes.
La caída de los títulos eliminó 5,600 millones de dólares canadienses (4,100 millones de dólares estadounidenses) del valor de mercado de las acciones de First Quantum, que cotizan en Toronto y explota una de las minas de cobre más grandes y nuevas del país centroamericano.
Las operaciones de la unidad local de First Quantum también se han visto perturbadas por una disputa sobre un acuerdo de reparto de ingresos, que culminó en protestas masivas el fin de semana, cuando los manifestantes asaltaron un puerto utilizado por la empresa.
La minera canadiense condenó en su página web el intento "ilegal y violento" de interrumpir las operaciones en el puerto, y añadió que el incidente representa una amenaza significativa para las operaciones de su unidad local y la seguridad de su personal.
Con información de AFP y Reuters
