El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó este lunes en el Parlamento una proposición de ley para amnistiar a los implicados en el fallido intento de independencia de Cataluña, una condición clave para el apoyo de los independentistas catalanes a un nuevo gobierno de izquierdas.
Este acuerdo allana el camino para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, despejando uno de los últimos obstáculos para su intento de conseguir una mayoría parlamentaria.
Las elecciones generales del 23 de julio se saldaron con un empate político cuando el Partido Popular, de centroderecha, y Vox, de extrema derecha, no lograron la mayoría absoluta que pronosticaban la mayoría de las encuestas, dejando a los partidos independentistas y regionalistas de Cataluña y el País Vasco en una posición influyente.
Percibida por una parte de la sociedad española como una amenaza al Estado de derecho, esta amnistía ha levantado una gran polémica en el país, seis años después del convulso otoño de 2017, cuando España vivió una de las peores crisis políticas de las últimas décadas.
Y el impacto de esta decisión ya se refleja en las intenciones de voto.
De acuerdo con el último barómetro del instituto gubernamental CIS, publicado el viernes, el Partido Socialista perdió 1.3 puntos en un mes (31.3% frente al 32.6% en octubre), mientras que la principal formación de derecha, el Partido Popular (PP), ganó 1.7 puntos (33.9% frente al 32.2%).
A continuación, los principales puntos sobre la proposición de ley de amnistía para centenares de independentistas catalanes que ha levantado una gran polémica en España.
Fue una exigencia de los independentista catalanes a cambio del apoyo indispensable de sus diputados en el Parlamento a una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Pese a que hasta la víspera de las elecciones legislativas del 23 de julio se mostraba contrario a una amnistía, Sánchez afirmó a finales de octubre que pretendía hacer "de la necesidad virtud" optando ahora por esta medida que contribuye, según él, a la "normalización política en Cataluña".
"Queremos con esta ley cerrar heridas y (...) resolver el conflicto político existente en Cataluña", seis años después del intento fallido de secesión de 2017, afirmó en la noche del lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La propuesta de ley busca amnistiar todos los delitos cometidos "con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña", en el marco del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como de la consulta simbólica organizada el 9 de noviembre de 2014.
El texto afecta a los delitos de orden penal, administrativo o contable cometidos desde el 1 de enero de 2012, relacionados con estos dos acontecimientos.
La futura ley amnistía tanto a los dirigentes o funcionarios catalanes que organizaron el referéndum de 2017, prohibido por la justicia, como a los militantes de base o simpatizantes que, por ejemplo, trataron de bloquear el acceso de las fuerzas del orden a los centros de votación.
La acción policial, que dejó algunas escenas de violencia en 2017, también está cubierta por esta amnistía.
En cuanto se adopte la ley, Carles Puigdemont, a quien la justicia española sigue reclamando, podrá regresar a España, seis años después de su huida a Bélgica para esquivar los procesos.
Los dirigentes separatistas que, como Oriol Junqueras, fueron condenados a amplias penas de prisión e indultados en 2021 por el gobierno de Sánchez, también verán desaparecer sus sentencias de inhabilitación, activas hasta ahora.
Los tribunales tendrán, como máximo, dos meses para aplicar esta amnistía y los recursos que se interpongan no serán suspensivos, indica la proposición de ley.
Según una estimación de los impulsores del texto, la amnistía podría beneficiar a unas 400 personas en total.
Carles Puigdemont nació el 29 de diciembre de 1962 en Amer, un pueblo idílico, de montaña y campanario, con 2,200 habitantes, a 100 km al norte de Barcelona, siendo el segundo de ocho hermanos.
Su familia conserva aún en el pueblo la pastelería de sus padres, Xavier Puigdemont y Nuria Casamajó, una huérfana de la Guerra Civil con raíces en Andalucía, en el sur de España.
Puigdemont está casado con una periodista rumana y es padre de dos niñas. Toca la guitarra, y formó parte de un grupo de rock en su juventud, “afortunadamente no queda ninguna grabación", bromeó este político de peinado singular.
Estudió filología catalana y antes de dedicarse profesionalmente a la política fue periodista, redactor jefe del diario en catalán El Punt, director de la Agencia Catalana de Noticias (ACN) e impulsor de Catalonia Today, un diario sobre Cataluña en inglés.
"En Cataluña muchos se han hecho independentistas por reacción alérgica a las políticas de Madrid. Pero él no siempre ha tenido estas convicciones", explicó un amigo del que luego se distanció, el articulista Antoni Puigverd, del diario barcelonés La Vanguardia.
En 2011 fue elegido alcalde de Girona por el partido nacionalista Convergència i Unió, y era prácticamente un desconocido en España cuando, en enero de 2016, una serie de carambolas lo propulsaron inesperadamente al frente del gobierno catalán.
"Aceptó, por responsabilidad y por independentista, más que por gusto o por ambición", explicó uno de los miembros de su gobierno, Santi Vila, en su libro de memorias.
Desde su posición, Puigdemont protagonizó uno de los momentos más trascendentales de la España contemporánea, cuando proclamó, en octubre de 2017 una independencia de Cataluña que nunca se materializó.
"No hay un botón que pulsándolo te salga una república", lamentó ante la AFP en aquella entrevista de 2018. "Esto no va así", sentenció.
Carles Puigdemont "es culpable, no una víctima, los jueces en este país han aplicado las leyes", criticó el viernes el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
En un ataque directo al presidente del gobierno, este barón socialista consideró que el "ansia" por gobernar no debería llevar a un acuerdo con una persona que pretende "acabar con la Constitución y con la unidad del país”.
Más allá de la actual escalada de tensiones, la gran incógnita que se abre ahora para Sánchez es sobre la fiabilidad de Puigdemont, muy crítico con su gobierno en los últimos años.
"Ahora empieza el baile", valoró el politólogo Oriol Bartomeus, que consideró que "la gobernabilidad de España le importa poquísimo" al partido de Puigdemont, cuya prioridad es mostrarse ante su base de simpatizantes en Cataluña como más independentista y duro en la negociación que la otra gran formación separatista, ERC.
"Es un riesgo, pero "a Pedro Sánchez, le gusta eso, el riesgo", agregó.
El texto podrá contar con el apoyo de una mayoría absoluta de 178 diputados procedentes de las filas del Partido Socialista, de la extrema izquierda y de los partidos nacionalistas o independentistas vascos, catalanes y gallegos. Los votos se reparten de la siguiente manera
En un contexto de fuerte movilización de la derecha en la calle, las formaciones firmantes del texto quieren que se adopte a través de un proceso de "urgencia". Pero el Partido Popular (PP, derecha), que ostenta la mayoría en el Senado, pretende modificar el reglamento de la cámara alta para ralentizar su examen.
Acusan a Pedro Sánchez de atentar contra el Estado de Derecho, con el único objetivo de mantenerse en el poder. El PP y la formación de extrema derecha Vox ya anunciaron que interpondrán todos los recursos posibles.
Una parte de la magistratura también expresó su más firme oposición. El Tribunal Supremo, la más alta jurisdicción penal del país, quiso recordar el lunes que "el Estado de derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes".
El partido catalán de centroizquierda Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que también busca la independencia de la región, quiere que Madrid condone hasta 15,000 millones de euros (16,080 millones de dólares) de la deuda de Cataluña. Otra demanda clave es la transferencia del servicio de trenes de cercanías, Rodalies, al gobierno regional de Cataluña.
El partido de izquierdas Sumar, liderado por la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, parece que seguirá siendo el socio menor en una coalición con el PSOE. Su principal reivindicación es la reducción de la jornada laboral a 37.5 horas semanales desde las 40 actuales, sin cambios en el salario de los trabajadores.
Los partidos que dirigen el gobierno provisional de España también acordaron ampliar un impuesto extraordinario para los bancos y las grandes empresas energéticas, mientras que todas las empresas tributarían a un tipo efectivo del 15% sobre sus beneficios contables.
Otras medidas incluyen la supresión progresiva de algunos vuelos nacionales cortos siempre que existan alternativas ferroviarias, la subida del salario mínimo, el fomento de la vivienda asequible y la educación preescolar universal para niños menores de tres años.
El Bloque Nacionalista Gallego ha pedido ampliar los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas desde las 16 actuales.
Con información de AFP y Reuters
