La paradoja de Joe Biden: el cambio en su discurso migratorio

Biden ha tenido una agenda muy ocupada en este tema. A lo largo de sus primeros tres años de gobierno, ha implementado 535 acciones de inmigración. Con esto supera ya las 472 acciones ejecutivas implementadas bajo el gobierno de Trump, de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute (MPI).

“El ritmo acelerado de las acciones ejecutivas tomadas por la actual y última administración es, en parte, una respuesta a la continua inacción en el Congreso, que no ha pasado una revisión importante de la inmigración en casi tres décadas”, indica el MPI.

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Internacional

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En algunos casos, la inmigración legal logró regresar a niveles prepandémicos, incluida la admisión de refugiados, que alcanzo su nivel más alto desde la década de 1990.

Otra medida fue la implementación de un nuevo sistema de procesamiento fronterizo para disuadir la inmigración irregular, que obligó a miles de migrantes a hacer sus solicitudes de asilo antes de su llegada a Estados Unidos a través de una aplicación.

También extendió los estatus de protección especial (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de migrantes provenientes de Nicaragua, Honduras y El Salvador.

La crisis migratoria frena a Biden

Sin embargo, Biden ha abandonado sus promesas ante un incremento de la llegada de inmigrantes a través de la frontera sur, muchos de ellos provenientes de América Latina, pero también de África y Asia, lo que ha aumentado la presión previo a las elecciones de noviembre.

El número de personas que cruzan a Estados Unidos ha alcanzado niveles récord, más del doble que en los años de Trump, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). El sistema de asilo, en tanto, sigue sin darse abasto ante la cantidad de solicitudes.

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Economía

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Al menos 6.3 millones de encuentros de migrantes han ocurrido en la frontera desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, según datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, de los cuales 2.4 millones lograron permanecer en el país.

Los republicanos acusan a Biden de llevar a cabo una política de "fronteras abiertas", con unos 10,000 migrantes interceptados a diario en diciembre. Los más radicales del partido hablan de una "invasión".

Los demócratas, por otra parte, lo desmienten alegando que han deportado aproximadamente a 460,000 personas en poco más de siete meses hasta finales de diciembre, porque las personas solicitantes incumplían las condiciones para entrar.

Pero sus explicaciones caen en saco roto entre los conservadores.

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México

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Los republicanos en la Cámara de Representantes han promovido un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de inacción ante la crisis migratoria.

Trump, favorito para la nominación del Partido Republicano de cara a las presidenciales de noviembre, presenta en cada mitin la misma idea: Biden es débil y ha abierto la frontera.

El magnate promete "la deportación interna más grande de la historia de Estados Unidos" si regresa a la Casa Blanca, porque los migrantes "envenenan la sangre del país".

El pacto migratorio más duro

Ante este panorama, Biden ha dado su visto bueno a un pacto migratorio y de seguridad fronteriza bipartidista en el Senado de Estados Unidos que permite, entre otras cosas, el cierre de la frontera con México cuando esta colapse. El acuerdo es considerado uno de los más duros en décadas.

De ser adoptado, las autoridades podrán restringir los cruces fronterizos si la media diaria de migrantes alcanza 4,000 en una semana, pero estarán obligadas a prohibirlos si sobrepasan un promedio de 5,000 al día —en un periodo de siete consecutivos— u 8,500 en una sola jornada, se lee en el texto del acuerdo bipartidista.

El gobierno estará limitado para usar la nueva medida a 270 días durante el primer año, 225 días el segundo y 180 el tercero, añade.

Durante el tiempo de activación, las autoridades deberán tramitar por lo menos 1,400 solicitudes de asilo en los puertos de entrada "de forma segura y ordenada”.

Las nuevas restricciones recuerdan la política del Título 42, una norma sanitaria implementada durante la pandemia y que permitía bloquear prácticamente a todos los migrantes en la frontera.

A largo plazo es probable que se fomente "más crimen y violencia en la frontera en lugar de mejorar el orden y la seguridad debido a que los solicitantes de asilo seguirán llegando y esperarán allí", explica Greg Chen, directivo de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA), en entrevista con la agencia AFP.

"Tampoco está claro que vaya a ser un elemento disuasorio eficaz", porque no dejarán de querer venir y muchos lo harán sin saber si está abierta o cerrada.

El acuerdo endurece el estándar de las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que se evalúa si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país, quedarían descartados aquellos que tengan antecedentes penales y los funcionarios de asilo podrán conceder la solicitud cuando evalúen a la persona si consideran que el caso es claro.

El proyecto de ley reduce el proceso de solicitud de los 5 a 7 años actuales a seis meses, aunque para Chen el tiempo previsto no es uno muy realista.

Los solicitantes de asilo estarán autorizados a trabajar en cuanto superen la evaluación de protección, para así reducir la presión sobre las ciudades que los acogen.

En la actualidad tienen que esperar 180 días a partir del momento en el que presentan la solicitud de asilo.

Aumentar los visados de inmigración

Por primera vez en más de tres décadas, aumenta el límite del número de visas de inmigrante disponibles anualmente al añadir 250,000 visados durante 5 años (50,000 por año).

De ellas 160.000 serán familiares para priorizar la reunificación y las otras, de empleo.

Para apoyar la unidad familiar, el proyecto de ley permite que algunos extranjeros puedan viajar a Estados Unidos con una visa de visitante temporal para reunirse con sus parientes.

Además autoriza trabajar a aproximadamente 25,000 titulares de visas de no inmigrante (prometido o cónyuge e hijos de ciudadanos estadounidenses) por año, y unas 100,000 para parejas e hijos con visas de algunos trabajadores calificados.

Agiliza asimismo el proceso para el estatus permanente de los aproximadamente 76,000 afganos que entraron al país bajo la Operación Bienvenidos Aliados y sus familias.

"Este es el enfoque equivocado. Pero es un comienzo y es importante", afirmó en el debate Andrea R. Flores, vicepresidenta de políticas y campañas migratorias de la organización FWD.us.

Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración, echa en falta "invertir en las causas fundamentales" de la migración, destinar más dinero a las ciudades que albergan a los migrantes y otorgar más permisos de trabajo porque los adicionales "no son suficientes" para cubrir las necesidades de la economía, indica la agencia AFP.

Para Chen también es fundamental proteger a los soñadores o "dreamers", como se conoce a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños. En este punto "es donde estas conversaciones deben continuar”.

Con información de AFP