En un fallo que podría redefinir el curso de los derechos de las personas trans en Europa, el Tribunal Supremo del Reino Unido sentenció que, de acuerdo con la Ley de Igualdad de 2010, la palabra “mujer” se refiere exclusivamente a alguien de sexo biológico femenino.
El dictamen —producto de una apelación interpuesta por la organización feminista “For Women Scotland” (FWS)— desestima la interpretación del gobierno escocés, que incluía a mujeres trans en sus políticas de cuotas de igualdad.
La resolución, unánime por parte de los jueces, especifica que aunque la legislación británica protege contra la discriminación por reasignación de género, esa protección no obliga a modificar las definiciones legales de sexo en contextos específicos como el deporte, los espacios diferenciados por género, o las políticas de equidad salarial y participación política.
“No puede decirse que alguien con un certificado de reconocimiento de género femenino sea una mujer a efectos de la Ley de Igualdad si no nació como tal”, sentenció la corte.
FWS —una organización que se autodefine como feminista pero que es señalada por discursos excluyentes hacia las personas trans— celebró el fallo como una “victoria histórica para la claridad legal y la protección de espacios exclusivamente femeninos”. El argumento central de FWS fue que la inclusión de mujeres trans “desdibuja los límites legales” y afecta los derechos ganados por mujeres cisgénero.
“Esta decisión restablece un equilibrio necesario. La ley debe reconocer que sexo y género no son lo mismo”, dijo Trina Budge, vocera del grupo, quien añadió que esta resolución es especialmente relevante para garantizar la seguridad en refugios, prisiones y deportes segregados por sexo.
La autora J.K. Rowling, crítica pública de las reformas trans, también respaldó el fallo, al considerarlo una garantía para los “derechos de las mujeres y niñas”. Rowling donó el año pasado cerca de 70,000 libras esterlinas para la organización transexcluyente.
La respuesta de organizaciones de derechos humanos fue inmediata. Stonewall, el principal grupo defensor de los derechos LGTB+ en Reino Unido, expresó su "profunda preocupación" por lo que describen como "una reinterpretación legal que pone en riesgo décadas de avances".
“Este fallo podría permitir que las mujeres trans sean excluidas de espacios y servicios esenciales, con consecuencias devastadoras para su bienestar físico y mental. No se trata solo de una disputa legal, sino de vidas reales”, afirmó Nancy Kelley, directora ejecutiva de Stonewall.
También advirtieron que este precedente llegue a ser utilizado por gobiernos con agendas conservadoras o autoritarias para legitimar leyes abiertamente transfóbicas, bajo el argumento de “claridad legal”.
La decisión contrasta con lo que parecía la tendencia jurídica el año pasado. En 2023, For Women Scotland perdió dos veces en tribunales escoceses. En 2022, la jueza Lady Haldane dictaminó que el término “sexo” en la Ley de Igualdad podía incluir a personas con un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC), lo que validaba el reconocimiento legal de mujeres trans en ciertos contextos.
La organización escaló el caso al Supremo en noviembre de 2024, cuestionando una política del gobierno escocés que requería una representación mínima de mujeres en juntas públicas, e incluía explícitamente a mujeres trans con GRC en ese conteo. For Women Scotland argumentó que eso era ilegal porque, en su interpretación, las mujeres trans no debían ser consideradas mujeres en ningún marco legal.
El abogado de la organización, Aidan O’Neill KC, defendió que extender la categoría de “mujer” a personas con GRC representaba una “negación de la realidad biológica”. Durante las audiencias, afirmó que esta interpretación “subordina los derechos de las mujeres cisgénero”.
La sentencia aclara que, para efectos legales, el sexo y el género no pueden usarse de forma intercambiable. De acuerdo el Tribunal, esto permitirá aplicar con mayor “certeza” las políticas públicas en espacios no mixtos como refugios, baños, prisiones o clubes deportivos.
El gobierno laborista, que intenta equilibrar distintas posturas, afirmó que los espacios para mujeres “están protegidos por la ley y siempre lo estarán bajo este gobierno”, sin referirse directamente al impacto sobre mujeres trans.
Aunque el fallo no modifica la Ley de Reconocimiento de Género de 2004, sí redefine el peso legal del GRC en la interpretación de otras leyes. Desde 2004, unas 8,500 personas obtuvieron este certificado en Reino Unido.
En Escocia, el Parlamento aprobó en 2022 una ley para permitir el cambio legal de género sin diagnóstico médico, pero fue bloqueada por el gobierno conservador de Londres, lo que provocó una crisis constitucional.
Reino Unido se suma a una tendencia más amplia de retrocesos legislativos contra personas trans. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump revivió propuestas para restringir el acceso a la atención médica para menores trans y limitar su participación en deportes.
En Hungría, Viktor Orbán promovió leyes que prohíben la promoción de la homosexualidad y el cambio de género entre menores. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni obstaculizó la inscripción legal de hijos de parejas del mismo sexo. Y en Polonia, el partido Ley y Justicia construyó toda una narrativa electoral en torno al “peligro ideológico” de la comunidad LGTB+.
La decisión plantea interrogantes sobre cómo equilibrar los derechos de distintos grupos protegidos por la ley, sin recurrir a narrativas reduccionistas ni excluir a comunidades ya vulnerables. Para algunos, se trata de una victoria por la claridad jurídica. Para otros, de un retroceso en la lucha por la inclusión.
