Argentina por años permaneció ajeno a los problemas de inseguridad que golpean a otros países latinoamericanos. Sin embargo, en los últimos años la violencia criminal relacionada con el narcotráfico ha aumentado.
Los asesinatos de las dos jóvenes y la adolescente en la provincia de Buenos Aires demuestran que la violencia del narcotráfico es cada vez más intensa y desproporcionada.
Los cuerpos de las tres fueron hallados enterrados en el patio de una casa en un barrio en la periferia sur de Buenos Aires el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición.
Las tres fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, en lo que las autoridades argentinas creen que fue un castigo por un presunto robo de drogas.
La brutalidad del crimen generó indignación en Argentina y expuso tensiones de clase y de género latentes. El Ministerio de Mujeres y Diversidad de Buenos Aires calificó el hecho como “la expresión más extrema de violencia de género”, mientras que organizaciones de derechos humanos denunciaron los asesinatos como un caso de “narcofemicidio”.
Aunque los asesinatos transmitidos en vivo son inusuales en Argentina, los grupos de narcotráfico en otros países latinoamericanos, como Brasil, los han usado para infundir terror e imponer control.
“Estamos ante la presencia de nuevas cohortes de delincuentes, muy rústicos, que usan la violencia de manera desmesurada, es decir, una violencia que ya no guarda proporción con la finalidad que persiguen”, explicó Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y autor de un libro sobre criminalidad juvenil en Argentina.
“Lo vimos en Rosario hace unos años, y lo estamos viendo ahora en Buenos Aires”.
El presidente de Argentina, Javier Milei, logró reducir la inflación y el déficit fiscal a punta de recortes extremos al gasto público. La actividad económica y el bolsillo de los argentinos están pagando las consecuencias.
Gustavo Vera, director de la organización La Alameda, explicó a InSight Crime que los recortes presupuestarios crearon un vacío de gobernanza que permitió a grupos criminales expandir su poder en las periferias más pobres de Buenos Aires.
En estos territorios las redes de droga han formado “un microestado que hace que asfalten las calles, que compren los remedios de los vecinos, paguen algún velatorio inclusive… y obviamente su presa favorita son los jóvenes y, particularmente, las mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes, a las cuales capta para fines de prostitución y para fines de mula”.
En un barrio de San Martín, en el área metropolitana de Buenos Aires, la gente dijo al diario The Guardian que hay un aumento de la violencia armada, algunos de ellos relacionados con tiroteos entre bandas de narcotraficantes que luchan por el control territorial.
El 14 de septiembre, Sebastián Carrillo, de 27 años, que se ofreció como voluntario en un comedor de beneficencia local, murió cuando una bala perdida rompió a través de la ventana de la casa de su novia. La familia dice que llamaron a la policía, pero nunca llegó. Tampoco una ambulancia.
Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina, ha sido durante mucho tiempo un enclave para las industrias ilícitas de Argentina. Durante décadas, la cocaína y otras drogas han llegado a la ciudad desde el norte del país, o han sido transportadas por el río Paraná hasta el puerto de Rosario, antes de ser enviadas a Europa o África.
Sin embargo, mucha de la droga también se ha quedado en la ciudad, inundando el mercado del narcomenudeo. En gran parte, esto ha promovido el fortalecimiento de clanes familiares que, sumado a una corrupción endémica, han convertido a esta ciudad en un campo de guerra.
Dos de los grupos nacionales más poderosos son el Clan de Los Monos y el Clan Alvarado de la ciudad de Rosario. Con el rápido crecimiento y diversificación del mercado de drogas, que tuvo lugar a partir de 2010 en la ciudad, estos dos clanes lograron consolidarse en un contexto de creciente atomización criminal.
Algunas reformas implementadas por el gobierno de Milei son consideradas responsables de una importante caída en la tasa de homicidios, que en 2024 fue la más baja desde que se comenzaron a recopilar datos hace una década.
Sin embargo, expertos y políticos locales piden cautela, pues argumentan que las políticas no abordan las causas de la violencia y que una nueva escalada podría estar a la vuelta de la esquina.
Aunque en 2024 las rivalidades entre estos grupos se enfriaron al nivel más bajo en más de una década, los últimos meses del año advirtieron que podrían producirse más enfrentamientos, ya que miembros destacados del hampa de Rosario fueron asesinados.
El diputado José Luis Espert, quien era el principal candidato de Milei para las legislativas del 26 de octubre, negó primero y admitió después haber recibido 200,000 dólares de Federico "Fred" Machado, detenido e investigado por narcotráfico internacional.
Espert renunció a su candidatura por la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo, un golpe para Milei necesitado de ganar bancas en el Congreso, donde su partido La Libertad Avanza es minoría en ambas cámaras.
El presidente aceptó la renuncia y atribuyó los señalamientos de que Espert está vinculado al narcotráfico a "una operación siniestra" de la oposición. Machado, de 57 años, está bajo arresto domiciliario en el sur de Argentina tras ser detenido en 2021 por una orden de Interpol.
El presidente instruyó el 7 de octubre a su equipo a dar "los pasos administrativos y diplomáticos necesarios" para extraditarlo a Estados Unidos, indicó un comunicado de la Presidencia. También ese día, Machado admitió haber entregado a Espert dinero y apoyo logístico con aviones privados para su campaña política de 2019.
"Su error fue negarme", dijo a radio Rivadavia. "La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me decía: 'Te necesito, no somos muchos, somos pocos'", detalló Machado, al asegurar que la cifra acordada superaba los 200,000 dólares.
La Justicia estadounidense acusa a Machado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavado de dinero, fraude electrónico y violaciones de exportación, entre otros cargos.
Espert, de 63 años, reconoció a principios de mes que había realizado unos 35 viajes en aviones del empresario pero aseguró que desconocía sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
