Los ataques contra tres lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que supuestamente llevaban droga a bordo, con un saldo de al menos 57 muertos, provocan un creciente debate dentro y fuera de Estados Unidos, un país que ha recurrido en el pasado a medidas similares en otras regiones.
Donald Trump justifica esos ataques por el daño a la salud pública y el peligro para la seguridad nacional que implica el narcotráfico en su país.
"No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... y el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos", justificó el secretario de Estado, Marco Rubio, a mediados de septiembre.
Estados Unidos anunció este viernes del despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para "contrarrestar el narcoterrorismo" en Latinoamérica, decisión que aumenta la tensión en la región y con la que Washington, según el presidente Nicolás Maduro, está "inventando una guerra" con Venezuela.
Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.
Hasta el momento, Estados Unidos ha atacado a 13 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental.
Las muertes por sobredosis son un problema de salud pública muy grave en Estados Unidos, a pesar de que estas comenzaron a disminuir dramáticamente desde finales de 2023.
Las acciones del gobierno de Trump en respuesta a las muertes de personas por sobredosis, principalmente de fentanilo, se centran en el uso de fuerza letal contra personas sospechosas de transportar drogas en el extranjero.
"Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato (...) Los cazaremos y los eliminaremos", prometió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, este lunes, al informar de nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico.
Pero Washington aún no proporcionó pruebas de que sus objetivos estuvieran traficando drogas, y los expertos dicen que los ataques son ilegales incluso si apuntan contra traficantes conocidos.
“Si bien los informes indican que la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia emitió un dictamen legal que justifica los ataques, dicho análisis no se ha compartido con el público. Esta falta de transparencia constituye un problema grave”, indicaron Sarah Harrison, analista senior del programa para Estados Unidos del International Crisis Group, y Mark P. Nevitt, comandante en retiro, en un artículo para Just Security.
La ONU también rechazó estas medidas del gobierno estadounidense, ya que considera que este problema puede abordarse de manera distinta.
"Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", indicaron tres expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Trump "parece estar reclamando una licencia para matar fuera de la ley, porque no han demostrado que esto sea legal, y ni siquiera han intentado seriamente presentar un argumento en ese sentido", dijo Brian Finucane, especialista en contraterrorismo y consejero del International Crisis Group.
Estos ataques han provocado tensiones entre Estados Unidos y los gobiernos de Venezuela, Colombia y México, aunque en niveles muy distintos.
El presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, considera el operativo como un pretexto para derrocarlo y "robar" el petróleo y otras riquezas naturales.
Venezuela posee las mayores reservas petroleras del mundo. Enfrenta las dificultades del embargo que Donald Trump impuso en 2019, durante su primer gobierno, aunque encontró sortearlo a través de triangulaciones en el mercado negro con descuentos.
El despliegue estadounidense ha llevado a la elaboración de diversos escenarios: desde una invasión terrestre para derrocar a Maduro hasta una retirada negociada sin grandes consecuencias para él.
El enfrentamiento con Washington también provoca fricciones entre Venezuela y su vecino, Trinidad y Tobago.
El Parlamento de Venezuela declaró el martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago después que un buque estadounidense atracó en Puerto España el domingo para ejercicios militares conjuntos a unos pocos kilómetros de la costa venezolana.
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar es aliada de Estados Unidos. Ya expresó en el pasado su apoyo a las maniobras en la región.
La relación con Venezuela ya venía golpeada desde su regreso al poder, pero la presencia del USS Gravely terminó de fracturar el vínculo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrenta desde hace semanas a Trump en una guerra de palabras que ha ido escalando. Trump tilda a Petro de "jefe del narcotráfico" y lo acusa de no hacer esfuerzos suficientes para detener a las mafias que llevan narcóticos a su país.
Trump retiró la certificación de Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas, revocó la visa de Petro e impuso sanciones financieras contra el presidente, su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Este martes desde Arabia Saudita, primera escala de una gira en Asia, Petro aseguró que los ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico son un "crimen de guerra”.
"No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz", dijo.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes los ataques contra las lanchas y pidió a integrantes de su gabinete sostener un encuentro con el embajador Ronald Johnson para abordar ese tema.
“Nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que, en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación”, explicó la presidenta en su conferencia de prensa matutina.
