Un escándalo de corrupción y crecientes acusaciones de que la presidencia ucraniana usa el poder judicial para intimidar a los críticos han puesto al presidente Volodimir Zelenski contra las cuerdas, casi cuatro años después de la invasión rusa de Ucrania.
La ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grynchuk, y el de Justicia, German Galushchenko, anunciaron este miércoles su dimisión, poco después de que el presidente pidiera su renuncia.
Galushchenko, que fue ministro de Energía hasta que asumió como titular de Justicia este año, ya estaba suspendido de sus funciones por sospechas de corrupción. El político rechaza las acusaciones, derivadas de una investigación de una supuesta trama de cobro de comisiones por 100 millones de dólares en la empresa de energía nacional.
El escándalo, que afectó a un aliado cercano de Zelenski, Timur Mindich, desencadenó una ola de indignación en el país, en un momento en que la infraestructura energética es bombardeada a diario por Rusia.
Mindich es copropietario de la productora audiovisual fundada por el presidente y el escándalo también llega en un periodo crítico para él, ya que las fuerzas rusas han logrado avances en el este del país.
El mandatario goza de una gran popularidad desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Pero otros casos lo han puesto en la diana y le han valido a su equipo acusaciones de usar el sistema judicial para silenciar a críticos.
En el origen de esta acusación está el arresto en octubre de Volodimir Kudritski, quien dirigió la empresa energética nacional Ukrenergo hasta 2024, acusado de malversación de fondos.
El sospechoso, que se considera un chivo expiatorio, niega los cargos y afirma que se trata de una represalia por criticar la estrategia de Ucrania para defender la red energética de los bombardeos rusos.
"Es puramente político. No podría haber sucedido sin la participación de la oficina presidencial", acusó Kudritski, actualmente en libertad bajo fianza, a la AFP.
Las autoridades quieren "demostrar lo que sucederá si se comenten asuntos delicados", añadió, señalando sus tensas relaciones con los dirigentes del país.
Kudritski, desde entonces, ha conseguido apoyos de alto nivel.
El defensor del pueblo para asuntos empresariales, Roman Waschuk, afirmó que las pruebas "parecen bastante endebles" y advirtió contra "perseguir a personas por el simple hecho de desempeñar sus funciones corporativas normales".
La diputada de la oposición Inna Sovsun declaró a su vez a AFP que se trataba de una estrategia para silenciar a las personas mediante investigaciones penales. "Sabes que hay un caso en tu contra y que intentarán utilizarlo si haces algo que no les guste", dijo.
Cuando la AFP le preguntó sobre el caso la semana pasada, Zelenski respondió que era una cuestión que debía resolver el poder judicial, pero que Kudritski "era el jefe de un gran sistema, y ese sistema tenía que garantizar nuestro suministro energético. Tenía que hacerlo".
La red eléctrica ha sido objeto de numerosos ataques rusos y las acusaciones de que Kiev podría haber hecho más para protegerla son un tema delicado.
Además de estos casos judiciales, la revelación esta semana del escándalo de corrupción en el que está involucrado Timur Mindich han avivado las preocupaciones sobre la centralización del poder.
En julio, Zelenski presentó una ley ante el Parlamento que buscaba cercenar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) y la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU).
Tras recibir un aluvión de críticas y producirse las primeras manifestaciones en los casi cuatro años de guerra, retiró la iniciativa.
Los últimos casos suponen un reto para Bruselas, que apoya la candidatura de Ucrania para unirse a la Unión Europea (UE), pero presiona a Kiev para que impulse reformas democráticas clave.
Desde el colapso de la Unión Soviética, Ucrania se ha visto afectada por varios escándalos de corrupción, que suponen el principal flanco débil para la candidatura de Kiev a la UE.
Los activistas también han señalado otros casos. El predecesor y rival político de Zelenski, Petro Poroshenko, fue acusado de corrupción a principios de este año, una medida que denunció como motivada políticamente.
El alcalde de Odesa, Gennadiy Trukhanov, se vio también despojado de su ciudadanía ucraniana tras ser acusado de tener un pasaporte ruso. El edil de esta región gobernada por la oposición rechazó estas acusaciones.
Un detective de la NABU, Ruslan Magamedrasulov, fue asimismo detenido, acusado de ayudar a un Estado agresor por supuestamente hacer negocios con Rusia.
Sus partidarios afirman que el caso es un montaje, una represalia por su labor de investigación del escándalo que salió esta semana a la luz.
Daria Kaleniuk, directora del Centro de Acción Anticorrupción, revela que existe preocupación sobre cómo Zelenski reaccionará. ¿Decidirá "proteger a su círculo más cercano y atacar"?, se preguntó.
