El homicidio de dos ciudadanos estadounidenses a manos de ICE en protestas contra las redadas de indocumentados ha generado una conmoción y cuestionamientos sobre la actuación de esta agencia.
Minneapolis ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good —una madre de tres hijos, de 37 años— en su coche el 7 de enero.
El sábado, agentes del ICE abatieron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, al que acusan de llevar un arma cargada y oculta a las protestas, con la que supuestamente quería agredirlos.
Además de estas dos muertes, por lo menos seis personas han fallecido bajo custodia del ICE solo desde enero de este año. Una de esas muertes es investigada como un homicidio después de los resultados de la autopsia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a "millones" de personas indocumentadas, defendió a los agentes que mataron a Good y Pretti y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos.
Evitó, sin embargo, decir si el oficial que disparó a Pretti había actuado de forma apropiada.
El mandatario cambió el tono el lunes y anunció una llamada con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz.
"El gobernador Tim Walz me llamó para solicitarme que trabajáramos conjuntamente", aseguró Trump en su plataforma Truth Social. "Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda", añadió.
Varios senadores del Partido Republicano —el mismo de Trump— han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.
Por su parte, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton llamaron a los estadounidenses a que se levanten y defiendan sus valores tras la muerte de Pretti, un hecho que Trump atribuyó al "caos" demócrata.
El ICE se formó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, una respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con ICE como una de sus agencias subsidiarias.
Es el resultado de la fusión de los elementos investigativos y de control migratorio interior del antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos y el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y lleva a cabo investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También juega un papel en la eliminación de inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión desde que regresó a la Casa Blanca.
De acuerdo con el sitio web de la agencia, contaba con un 20,000 agentes, pero se han duplicado desde el regreso de Trump en el poder, con la llegada de 22,000 personas a su plantilla.
El ICE pasó de tener un presupuesto anual de 8,000 millones de dólares en 2024 a cerca de 30,000 millones de dólares, con lo que se ha convertido en la agencia de mayor crecimiento durante el segundo mandato de Donald Trump. Este aumento se refleja en un programa acelerado de contratación u formación de agentes de migración.
La administración Trump ha dicho que priorizaría la deportación de los "peores de los peores extranjeros ilegales criminales".
Históricamente, ICE detuvo a inmigrantes que habían cometido delitos a través de arrestos "de custodia", recogiendo a personas que ya habían sido arrestadas por otras agencias de aplicación de la ley de cárceles y prisiones.
Si bien los arrestos en custodia todavía constituyen la mitad de todos los arrestos por inmigración, ICE ha ido cada vez más tras cualquier persona que pueda estar en el país ilegalmente, ya sea que tenga antecedentes penales o no.
De acuerdo con un reportaje del diario The New York Times, la mayoría de los arrestos del ICE en cárceles y prisiones se realizan en estados de mayoría republicana, como Florida, Georgia y Texas.
Sin embargo, la mayoría de las redadas migratorias se han concentrado en ciudades gobernadas por demócratas.
Las ciudades que concentran el mayor número de arrestos por parte de agentes del ICE son Houston (5,200), Miami (4,500), Los Ángeles (3,400) Nueva York (2,300), Atlanta (2,300), Chicago (1,700) y Minneapolis (1,100).
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus poderes son diferentes a los de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes pueden detener, detener y arrestar a las personas que sospechan que entraron a Estados Unidos ilegalmente. Sin embargo, el permiso legal para entrar en una casa u otro espacio privado requiere una orden judicial firmada.
Los agentes pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas, por ejemplo, si una persona interfiere con un arresto, agrede a un oficial o sospecha que la persona está en los Estados Unidos ilegalmente.
A pesar de esto, de acuerdo con la organización de noticias ProPublica, hubo más de 170 incidentes durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump en los que los agentes federales detuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluyeron a estadounidenses que habían sospechado que eran inmigrantes indocumentados.
El uso de acciones de fuerza por parte de ICE se rige por una combinación de la Constitución de Estados Unidos, la ley de Estados Unidos y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
De acuerdo con la constitución de los Estados Unidos, las fuerzas del orden "solo pueden usar la fuerza mortal si la persona representa un grave peligro para ellos o para otras personas, o si la persona ha cometido un delito violento", dijo Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos ha otorgado históricamente una amplia indulgencia a los oficiales que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los oficiales federales "pueden usar fuerza mortal solo cuando sea necesario" cuando tienen "una creencia razonable de que el sujeto de dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves" para ellos mismos o para otra persona.
La ley en Minnessota, el estado donde ocurrieron los asesinatos de Good y Pretti, es similar.
Los agentes federales generalmente son inmunes al enjuiciamiento estatal por las acciones tomadas como parte de sus deberes oficiales. La inmunidad solo se aplica cuando las acciones de un oficial fueron autorizadas por la ley federal y fueron necesarias y apropiadas.
Si Minnesota acusa a los agentes, podrían tratar de trasladar el caso a la corte federal y argumentar que son inmunes al enjuiciamiento. Para prevalecer, el estado tendría que demostrar que sus acciones estaban fuera de sus deberes oficiales o eran objetivamente irrazonables o claramente ilegales.
Si un juez dictamina que un oficial era inmune, el caso sería desestimado y el estado no podría acusarlo de nuevo.
Los fiscales federales pueden acusar a los agentes de la ley por tiroteos fatales, pero la barra es muy alta y los cargos son raros.
Los fiscales tendrían que demostrar a un oficial que sabía que su conducta era ilegal o que actuó con imprudente desprecio por los límites constitucionales de su autoridad, lo cual es difícil de probar en los tribunales.
La administración Trump ha defendido hasta ahora las acciones de los oficiales.
Un tribunal federal de Minesota celebrará audiencias este lunes sobre dos demandas clave, mientras crece la presión para que se realice una investigación independiente sobre los homicidios.
En uno de los casos, el fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.
La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales supuestamente destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.
Los oficiales federales son inmunes a las demandas civiles a menos que su conducta haya violado claramente un derecho constitucional claramente establecido.
Esta norma legal, conocida como inmunidad calificada, se ha convertido en una herramienta altamente efectiva para proteger a los agentes de policía acusados de usar fuerza excesiva, de acuerdo con un reportaje de la agencia Reuters.
