El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.
El instrumento representa un paso para "una Venezuela más democrática, más justa, más libre", según la propia presidenta encargada.
Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedaban 644 tras las rejas hasta la aprobación de la ley, según la organización Foro Penal.
Hasta la tarde del miércoles, 185 presos políticos habían salido de la cárcel en Venezuela a través de la amnistía, según la comisión parlamentaria que hace seguimiento a los casos. Entre los liberados hay por lo menos siete miembros del partido de María Corina Machado.
”Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República", señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.
La ley abarca en teoría los 27 años del chavismo, aunque el texto enumera 13 momentos específicos, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024.
La organización Foro Penal denunció que el tiempo que abarca la ley equivale realmente a 20 meses.
El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.
"Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fin del otorgamiento de la amnistía", reza el texto.
"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", indicó la presidenta Delcy Rodríguez en un discurso televisado el lunes.
Unos siete millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años a causa de la crisis política y económica, entre ellos muchos dirigentes opositores que viven en el exilio.
La ley de amnistía no es automática. Expertos en derechos humanos la califican de excluyente e insuficiente.
El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.
La legislación, por ejemplo, deja a las personas "que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover" acciones armadas contra el país, según un artículo que aprobó el Parlamento durante el debate.
"Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en la ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras", reza el texto.
Venezuela fue bombardeada por Estados Unidos hace menos de dos meses.
Dirigentes opositores como María Corina Machado o Leopoldo López han sido señalados por el chavismo de pedir invasiones a Venezuela, que fue bombardeada el 3 de enero por Estados Unidos.
Machado está en Estados Unidos, tras pasar más de un año en la clandestinidad en Venezuela. López lleva en el exilio en España desde 2020.
La ley también excluye casos relacionados con temas militares y “terrorismo”. Más de 200 presos políticos en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, se declararon en huelga de hambre el viernes.
Expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía "debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional”.
El Parlamento de Venezuela anunció la creación de una comisión especial que analizará casos de presos políticos, incluso los no amparados en la ley de amnistía recién promulgada. La conforman 23 diputados, 13 del oficialismo.
Se declaró desde este viernes en sesión permanente e iniciará reuniones inmediatas con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar dilaciones innecesarias.
Velará igualmente por que se cumpla el lapso de 15 días para responder a pedidos de amnistía.
"Vamos a ser vigilantes de que se cumpla estrictamente el plazo para lograr los beneficios que esta ley otorga", dijo su presidente, el diputado Jorge Arreaza, que reivindicó el "nuevo momento político" que pregona Rodríguez.
"No somos una instancia paralela a la justicia, sino un órgano de control político para que los procesos ocurran con celeridad", apuntó.
"Tenemos una buena data de estos casos que hemos recibido durante estas dos semanas", complementó la diputada opositora Nora Bracho. "Hicimos muchos encuentros con los familiares, con las personas afectadas y todos ellos nos han consignado sus casos, sus documentos".
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció después de casi una década en el cargo desde el cual defensores de derechos humanos le señalaban de impartir justicia de mano dura al servicio del derrocado Nicolás Maduro, informó el miércoles la Asamblea Nacional.
Saab estaba al frente de la fiscalía desde 2017. El abogado dice ser un paladín de los derechos humanos, aunque la oposición le reprocha hacerse la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.
De acuerdo con la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (FFM), Saab “lideró la acción del Estado que condujo a violaciones de los derechos humanos” tras las elecciones de 2024. Concluyó que Saab forma parte de “la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas...”.
La organización Human Rights Watch (HRW) señalaba en un comunicado publicado la semana que pasó que la continuación de Saab como fiscal general es “incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reforma que busque respetar los derechos humanos y promover el Estado de derecho”.
Saab apostaba a la "pacificación real" de Venezuela por medio de la ley de amnistía.
"Nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo", dijo el entonces fiscal en entrevista con la AFP a comienzos de febrero antes de su promulgación.
Saab estuvo al frente de la fiscalía cuando Maduro gobernaba con mano de hierro. Está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.
HRW indica que aunque la liberación de presos políticos sienta un buen precedente, es insuficiente para reparar los daños hechos durante el gobierno de Nicolás Maduro.
“La excarcelación de presos políticos es un alivio importante, pero el aparato represivo utilizado para detenerlos sigue en pie”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La organización señala que las autoridades venezolanas deben adoptar medidas inmediatas para la celebración de elecciones libres y justas, lo que incluye revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, un órgano que impidió el registro de candidatos de la oposición en las elecciones de 2024.
“Las autoridades venezolanas también deben adoptar medidas para restablecer la integridad e independencia del poder judicial”, indica HRW en un comunicado.
La Asamblea Nacional también debería modificar o derogar las leyes que han permitido las violaciones de derechos humanos como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de 2024, que otorga al gobierno amplios poderes para regular el funcionamiento y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y establece motivos vagos y ambiguos para disolverlas.
