OPINIÓN: México sigue de pie a pesar de los sismos
Nota del editor: Jorge Sánchez Tello es director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros-FUNDEF A.C., centro de Investigación independiente con sede en el ITAM. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.
(Expansión) - Los fenómenos naturales, como los terremotos, los maremotos o los huracanes, entre otros, afectan cada vez más a un número mayor de personas, provocando la pérdida de vidas y recursos materiales. Estos fenómenos naturales, además de dañar la infraestructura física y social provocan un deterioro general del hábitat y de sus elementos constitutivos.
En los últimos 20 años no hubo un solo país de América Latina que estuviera libre de este tipo de desastres naturales, los cuales provocaron pérdidas humanas y de bienes materiales. Además, estos lugares no estuvieron exentos de sus efectos negativos, tales como la descomposición social y la reducción del ingreso de las personas afectadas.
Sin embargo, el nombre de "desastres naturales" tiene la desventaja de desviar la atención de los problemas que constituyen la esencia de este fenómeno. Más que por el trabajo de la naturaleza, los desastres se deben a la improvisación en la elección del establecimiento de las comunidades humanas y a la marginalidad en la que viven grandes núcleos poblaciones. Estas, debido a sus condiciones de pobreza, se instalan en lugares inestables y se hacen vulnerables al advenimiento de un fenómeno catastrófico.
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Por ello los desastres se deben a la mala gestión humana y a los fenómenos provocados por la “naturaleza hostil”. En particular, son la mala gestión del desarrollo territorial y económico de un país, y la dinámica del mercado los que acentúan el efecto del desastre natural sobre la sociedad.
Según Koffi Annan “no es el fruto del azar si el 90% de las víctimas de catástrofes en el mundo vive en países en vías de desarrollo." Las presiones de la pobreza y la población están obligando a un número creciente de personas de bajos ingresos a vivir en entornos arriesgados, es decir, en territorios que se pueden inundar, en terrenos inestables y en zonas de alto riesgo sísmico.
A raíz de los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en México, así como de los eventos subsecuentes, se despertó el interés y se produjo un extraordinario movimiento de solidaridad de la sociedad para apoyar a la numerosa población afectada.
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Hay que reconocer que nuestro país ha avanzado en prevención y en el tipo de construcciones que permitieron evitar una gran catástrofe. Pero falta mucho por hacer, en especial para que el boom inmobiliario de la Ciudad de México pueda permitir tener mejores construcciones.
Según la Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 2017 publicado por el Inegi, del total de establecimientos, 83.9% declaró no haber sufrido daños en su infraestructura productiva ni afectaciones en los servicios que brinda, en tanto que 16.1% sufrió alguna afectación derivada de los sismos.
La economía de México en general no tuvo grandes afectaciones a diferencia del terremoto de 1985, la caída de la inversión (privada y pública), la caída de los salarios, el aumento del desempleo, la caída del PIB y la fuga de capitales.
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En este contexto macroeconómico el terremoto de 1985 acentuó la fragilidad económico-social de la sociedad mexicana e hizo más vulnerable a una parte importante de la población del país. La crisis de 1982, marcó el inicio de la llamada “década perdida”, caracterizada por tasas de crecimiento negativas y alta inflación.
Más allá del susto, hay que dimensionar lo ocurrido en septiembre de 2017, ya que a diferencia del de 1985 no fue una gran tragedia. El terremoto de aquella época ha sido el desastre geológico más catastrófico de México.
Debemos recordar con respeto a las víctimas de los sismos. Tarde o temprano volverá a temblar de igual o mayor magnitud y debemos estar preparados, ya que al final todos compartimos está gran casa que se llama México.
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