OPINIÓN: ¿AMLO tiene una buena estrategia anticorrupción?
Nota del editor: Liliana Alvarado, César Gaona e Isaak Pacheco son especialistas en anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.
(Expansión) - El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrentará diversos retos durante su próxima administración, los cuales corresponden a pendientes no resueltos dentro de la agenda pública y a promesas de campaña, como el combate a la corrupción.
Un enfoque más recomendable implicaría orientar los esfuerzos al diseño de políticas públicas que impulsen la modificación de las estructuras y condiciones dentro del sector público que conducen a los actos de corrupción
El presidente ha hecho énfasis en su deseo de lograr un cambio de régimen en donde se elimine la corrupción e impunidad. Las intenciones en esta materia han sido aplaudidas por la mayoría de la sociedad, porque quién podría estar en desacuerdo con la idea de vivir en un país en donde predomine la honestidad y el imperio de la ley.
Durante el periodo de transición la nueva administración ha mostrado un esbozo del tipo de medidas que implementará para cumplir este fin, por lo que resulta apropiado evaluar la pertinencia de las mismas.
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En más de una ocasión AMLO ha reiterado que para combatir la corrupción, un elemento fundamental es que el presidente sea honesto. La lógica es que si la cabeza de la estructura gubernamental se conduce bajo valores éticos el resto de los funcionarios también lo hará.
Sin duda el fortalecimiento de la ética dentro del servicio público es un elemento relevante, pero no es suficiente para acabar con la corrupción. Al basarse en sus propios valores -e incluso apelando a los de su equipo- el presidente subestima cuáles son las verdaderas causas de la corrupción. Se hace a un lado la forma en que las estructuras institucionales, reglas y una serie de condiciones propician una conducta deshonesta.
Lo que nos han demostrado investigaciones como La Estafa Maestra es que la corrupción opera dentro de redes amplias y complejas constituidas por actores provenientes no sólo del sector público, sino también del privado.
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No se trata de estrategias diseñadas y coordinadas por una persona, sino que son gestionadas, perpetradas y encubiertas por una serie de individuos que se aprovechan de ciertos resquicios legales, procesos y estructuras vigentes. Por ello, predicar con el ejemplo, o con la sustitución de servidores públicos, son medidas que resultan ineficientes para atacar el fenómeno de la corrupción de raíz.
Asimismo, llama la atención la forma en que el presidente entrelaza el combate a la corrupción con su política de austeridad. Esta acción -como cualquier otra política pública- requiere de un financiamiento adecuado por parte del Estado; sin embargo, hasta el momento no se sabe qué tan dispuesto está el presidente en invertir recursos públicos en la materia.
Basta con decir que el propio Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) necesita de recursos para capacitar a miles de servidores públicos a efecto para que conozcan cómo funciona este sistema, sepan el alcance de sus nuevas atribuciones y comiencen a ejercerlas. Las señales que ha mostrado la nueva administración es que los aumentos presupuestarios no irán en este sentido.
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Desafortunadamente, la falta de recursos podría impactar significativamente la implementación del SNA. Ya quedó claro que una de las prioridades en el proyecto de AMLO es la reducción de los sueldos y prestaciones de los servidores públicos, principalmente adscritos a la Administración Pública Federal (APF).
Sin embargo, desde un enfoque de combate a la corrupción, esta medida no necesariamente es la más adecuada, pues va en contra de lo que implica un servicio profesional de carrera, el cual ha sido señalado como un pilar fundamental dentro de la Política Nacional Anticorrupción.
Los casos anteriores son un claro ejemplo de cómo varias de las medidas propuestas no se apegan a los lineamientos comúnmente utilizados para el combate a la corrupción. Incluso, es posible que el conjunto de acciones resulte contraproducente al fin que persiguen.
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Un enfoque más recomendable implicaría orientar los esfuerzos al diseño de políticas públicas que impulsen la modificación de las estructuras y condiciones dentro del sector público que conducen a los actos de corrupción, así como los puntos de contacto entre gobierno, sector privado y sociedad que implican áreas de riesgo.
Si aunado a ello se cambian los incentivos que propician la corrupción y se fortalece la impartición de justicia, sería más factible alcanzar soluciones reales y de largo plazo para controlar un fenómeno tan amplio y complejo como es la corrupción en México.
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