OPINIÓN: La indisciplina económica que AMLO debe evitar

Nota del editor: Alfredo Coutiño es director para América Latina en Moody’s Analytics. Las opiniones en esta columna son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deben ser atribuidas a la institución para la cual trabaja.

(Expansión) - El próximo 1 de diciembre, el país enfrentará el tradicional cambio de administración política y el arribo de un gobierno de izquierda por primera vez en la historia democrática de la nación, factor que ha despertado inquietudes, pero también esperanzas.

A pesar de que México no está al borde de una crisis, los retos y desafíos son grandes para un gobierno y un partido que son netamente nuevos en la conducción del destino de un gran país. Aun con el cúmulo de reformas puestas en marcha en los últimos seis años continúa pendiente el pobre e insuficiente crecimiento económico que, junto con la falta de políticas públicas de alto impacto, limitan el avance del bienestar social.

El crecimiento de la economía es una condición necesaria, pero no suficiente para generar progreso social, para ello se necesita de políticas que mejoren la distribución del ingreso y eleven el bienestar. Precisamente este es el gran reto económico de la nueva administración.

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A lo anterior hay que agregarle el desafío que representan los crecientes índices de inseguridad, situación que atenta contra el bienestar de las familias y encarece algunos costos para el sector empresarial. Además de la razón económica -que orilla a muchos ciudadanos a ser presa fácil de la corrupción y de actividades ilícitas- también está la debilidad de las instituciones y la pobre aplicación de la ley.

En materia económica, un gobierno no puede darle a la sociedad lo que no es capaz de generar con sus propios medios, ya que tarde o temprano los excesos provocan ajustes donde las pérdidas tienden a ser mayores que los beneficios. Esto lleva a la gran premisa de que “para mejorar a la sociedad se tiene que generar crecimiento económico suficiente”; sin embargo, si se quiere que la mejora en el bienestar social sea duradera el crecimiento debe ser saludable, es decir, generado a través de sus fuentes fundamentales y no a través del abuso de políticas expansivas.

El verdadero crecimiento sostenible solo se logra con el fortalecimiento de su fuente fundamental, que es la acumulación de capital a través de la aceleración de la inversión física y humana, pero además requiere ser acompañado de una disciplina macroeconómica que preserve la estabilidad general de la economía.

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El nuevo gobierno debe entender que la política económica solo sirve para moderar las alzas y las bajas del ciclo económico, pero no para generar crecimiento. La indisciplina es fuente de incertidumbre y desconfianza, lo cual termina con arruinar los buenos deseos de un gobierno.

El primer desafío del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es mantener una economía creciente y elevar la capacidad productiva, de tal forma que se pueda crecer a tasas mayores para empezar a devolverle a la sociedad parte del bienestar perdido. Para ello es necesario acelerar la inversión productiva a tasas superiores al mediocre 22% del PIB que han reportado los últimos tres gobiernos. El crecimiento con base en el consumo no es la receta correcta, ya que este reduce el ahorro y no genera una acumulación de capacidad productiva como sí lo hace la inversión.

Dado que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para financiar la inversión es necesario convocar a la iniciativa privada. Es necesario generar un ambiente de certidumbre y un clima amigable en los negocios, con reglas claras, compromiso con las instituciones y respeto a la propiedad privada. La evidencia internacional ha demostrado que los costos para una sociedad son mayores cuando sus gobiernos tienen en contra al sector empresarial. Un ambiente de concordia y entendimiento siempre reditúa mejor.

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El segundo desafío tiene que ver con la promoción y preservación de la estabilidad económica a través de un manejo prudente y disciplinado de la política económica. Para poder cumplir con el compromiso de no endeudar más al país, el presidente tendrá que gastar conforme su habilidad para recaudar se lo permite. De lo contrario, financiar los programas sociales prometidos en campaña a través de endeudamiento no solo lo llevará a generar crecimiento transitorio sino que producirá un ciclo de endeudamiento creciente.

La indisciplina en el gasto lleva a un mayor desequilibrio fiscal y atenta contra la estabilidad de precios. Mayor inflación puede forzar al banco central a poner en marcha una restricción monetaria más agresiva, la cual al final del día limita las posibilidades de crecimiento económico.

Menor crecimiento lleva a menor recaudación tributaria, mayor descuadre del gasto ante mayor pago de intereses de la deuda y un desequilibrio fiscal superior. Lo anterior provocará que la situación se haga insostenible y obligará a un ajuste brusco y costoso del gasto, que puede llevar a la economía a una recesión con crisis financiera.

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Ese es el escenario con el que el presidente no debería terminar en el 2024, por lo que la clave está en no olvidarse de la importancia de la disciplina fiscal y de mantener a la economía cerca de su equilibrio. Se debe entender que el bienestar social no se da por decreto, se construye a través del tiempo sobre bases firmes y duraderas. Los mexicanos “de a pie” no merecen otro descalabro económico que les haga perder más de lo que pueden ganar con políticas transitorias.

El tercer desafío tiene que ver con la estrategia de políticas públicas que lleven a un mejoramiento permanente del progreso social. Sería muy fácil empezar a repartir dinero a los pobres y los desocupados, pero eso puede caer en un incentivo perverso para vivir de esos recursos y no buscar alternativas para mejoramiento y superación personal.

Es necesario que dichos programas tengan un impacto social estructural. Resulta sencillo reducir la pobreza en estadísticas porque basta con elevar el nivel de ingreso a través de transferencias monetarias para poner a las familias por encima del límite, pero cuando esas transferencias desaparecen con el cambio de gobierno dichas personas vuelven a ser pobres. El verdadero combate se da a través de mejor educación y de empleos permanentes.

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El cuarto desafío es reducir la desigualdad del ingreso o mejorar su distribución. Esto requiere del mejoramiento de las condiciones económicas, de empleo e ingreso, así como del papel del Estado para asegurar condiciones de igualdad, justicia y acceso a las oportunidades. Esto ciertamente incluye la eliminación de privilegios en la asignación de contratos públicos, procesos transparentes y combate a la corrupción.

Los gobiernos también contribuyen a empeorar la desigualdad del ingreso cuando otorgan privilegios y favoritismos, ya que eliminan la posibilidad de acceso para otros competidores. Esto alimenta la concentración del ingreso en unos cuantos y el empobrecimiento de otros. Falta de transparencia, abuso de poder, otorgamiento de privilegios y obstáculos a una competencia más libre y justa son las razones que han perpetuado y agravado la inequidad en la distribución de la riqueza en el país.

Es necesario dejar bien claro que la redistribución del ingreso no debe ser entendida como la expropiación de la riqueza de los que más tienen, más bien es la creación de un sistema fuerte que asegure la aplicación de reglas justas a todos por igual, que promueva la igualdad de oportunidades y garantice el acceso a la justicia para todos y sin privilegios.

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