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OPINIÓN: El secreto peor guardado de Washington

A la mayoría de los legisladores les encantan las asignaciones directas porque les permite dirigir recursos federales a proyectos en sus distritos, comenta Douglas Farrar.

Nota del editor: Douglas Farrar fue asesor de dos congresistas de Estados Unidos, entre ellos un miembro de alto rango de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Ahora es director de Relaciones Públicas en el Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN) - Ocho años después de que los líderes del Congreso estadounidense prohibieron las asignaciones directas en un esfuerzo por reducir el gasto y aumentar la confianza en el gobierno, el nuevo líder de la mayoría en la Cámara de Representantes señaló que el nuevo Congreso probablemente retome esa vieja costumbre.

Los electores y los legisladores pueden -y deben- debatir si vale la pena destinar recursos a un proyecto determinado, pero gastar dinero a través de asignación directa no es algo inherentemente corrupto
Douglas Farrar

En Washington no es ningún secreto que a la mayoría de los legisladores les encantan las asignaciones directas porque les permite dirigir recursos federales a proyectos en sus distritos de origen. El 11 de diciembre, Steny Hoyer, nuevo líder de la mayoría, dijo que se retomará alguna forma de asignación directa y que esperaba el apoyo de ambos partidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Es un cambio largamente postergado.

La asignación directa de recursos es un incentivo vital para animar a los legisladores a respaldar propuestas de ley. La dirigencia del partido y de las comisiones puede decirles a los legisladores que dudan de respaldar un proyecto: "¿qué prioridad tienes en tu distrito con la que pueda ayudarte para que respaldes mi propuesta?". Son la zanahoria en un Congreso que desde hace ocho años ha tratado de trabajar solo a palos. Es aún más crítica en este momento de intensos desacuerdos partidistas.

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La mayoría de los legisladores no solo cree que la asignación directa de recursos es buena idea porque les encanta que sus distritos reciban dinero, sino porque entienden que la Constitución faculta al Congreso para gastar el dinero. ¿Quién sabe mejor que el representante electo de un distrito qué proyectos son importantes? También se debe a que entienden que sin estos recursos, el sistema simplemente no funciona.

Los pasados ocho años ofrecen pruebas suficientes. La asignación directa de recursos funciona como dinero en el Congreso. Puedes intercambiarla, puedes negociar con ella y puedes usarla para que la gente colabore.

Desde hace mucho no ha habido asignación directa de recursos y muchos de los legisladores actuales nunca la han solicitado. Por eso, es útil recordar qué es en realidad. Una asignación directa de recursos es una disposición en una ley, incluida a solicitud de un legislador, con la que se dirige una cantidad específica de dinero a una entidad, estado, localidad o distrito específico. Por ejemplo, un legislador de Kentucky incluye en una ley una disposición para instruirle a una dependencia federal que destine 1.3 millones de dólares a reparar el techo de una escuela en Louisville.

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Cuando John Boehner y Mitch McConnell prohibieron la asignación directa de recursos en 2011, pensaron que serviría para reducir el gasto y aumentar la confianza en el gobierno. Para empezar, la idea de que prohibir la asignación directa de recursos reduciría el gasto a un grado significativo fue errónea. Históricamente, las asignaciones directas han representado menos de 20 mil millones de dólares al año, alrededor del 2% del gasto discrecional del año fiscal pasado, según The Concord Coalition, un grupo de activismo fiscal bipartidista.

Si se incluye el gasto no discrecional, representan menos de un punto porcentual del gasto gubernamental total. En los años que han pasado desde que se prohibió, los déficits federales se han disparado, al igual que la deuda en general.

La confianza en el gobierno tampoco ha mejorado. Los principales detractores de la asignación directa de recursos solían criticar que era un desperdicio y símbolo de un Washington lleno de despilfarradores irresponsables del dinero de los contribuyentes. Pero quitar la asignación directa de recursos del sistema no ha servido para que los estadounidenses confíen más en el Congreso. El 46% de los estadounidenses dijeron, según una encuesta reciente de Gallup, que tenían muy poca confianza en el Congreso, a diferencia del 44% que pensaba así cuando se prohibió la asignación directa de recursos.

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Entonces, si prohibir la asignación directa no redujo el gasto ni aumentó la confianza en el Congreso como institución, ¿qué resultado tuvo? Estancamiento e inacción total. El Congreso no ha sido precisamente un motor bien afinado últimamente. Tanto en los gobiernos divididos como en las legislaturas republicanas unificadas, los legisladores apenas han podido aprobar los proyectos legislativos más básicos, ya sea el incremento del techo de deuda o los proyectos de presupuesto de egresos de cada año.

Para los republicanos, incluso resultó imposible aprobar una propuesta de reforma a la ley de servicios médicos pese a que tenían el control total del Congreso y de la Casa Blanca, y de los años de promesas de campaña.

Ahora que regresen las asignaciones directas, es posible que el presidente Trump y los demócratas del Congreso tracen una ley de infraestructura que tenga buenas probabilidades de que se apruebe, que genere empleos y aumente la seguridad y la velocidad de los traslados de millones de estadounidenses.

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La asignación directa de recursos siempre tiene obstáculos. Algunos legisladores y plataformas conservadoras de medios siempre las odiarán y muchas de las publicaciones nacionales darán una cobertura negativa por principio al proceso de asignación directa de recursos.

El ejemplo más prominente de la oposición a la asignación directa de recursos fue el proyecto de acceso a la isla Gravina en Alaska, mejor conocida como "el puente a ninguna parte". Este proyecto cobró fama negativa debido a los 223 millones de dólares que el diputado Don Young aseguró para el proyecto de conectar una ciudad de 8,000 habitantes, en Alaska, al aeropuerto internacional de la región, situado en la isla Gravina (población: 50 personas).

Los opositores a la asignación directa de recursos usaron esto como ejemplo de los problemas que conlleva esta práctica afirmando que el puente se construiría para las cincuenta personas que viven en la isla Gravina. A algunos contribuyentes les irrita que el gobierno gaste millones de dólares en beneficio de cincuenta personas, ¿pero qué hay de 8,050? El diputado Young consideró que esto era bueno para su distrito. Los electores y los legisladores pueden —y deben— debatir si vale la pena destinar recursos a un proyecto determinado, pero gastar dinero a través de asignación directa no es algo inherentemente corrupto.

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Ha habido asignaciones directas auténticamente corruptas, pero son muy inusuales y consecuencia de actividades ilegales. Un buen ejemplo es el caso del diputado Duke Cunningham, quien aceptó sobornos en efectivo por otorgar unos contratos federales, a través de asignación directa, a contratistas militares. Se debe procesar a los legisladores que acepten sobornos y la asignación directa de recursos debe eliminarse de la ley en cuestión, que fue justamente lo que pasó con el diputado Cunningham.

Hoyer, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, y los demócratas, pueden mitigar tanto la percepción de corrupción (y los casos auténticos de corrupción) en las asignaciones directas con la creación de un sistema transparente y justo que rinda cuentas a los contribuyentes de todas las asignaciones directas y que permita un proceso justo de selección que elimine cualquier cosa que no sobreviva al escrutinio.

Asignación directa es una forma fea de definir una acción buena. Representa una porción insignificante del gasto federal, lubrica el proceso legislativo en el Congreso, proporciona recursos para muchos proyectos importantes y es parte de una de las funciones constitucionalmente importantes del Congreso. Hoy más que nunca, los legisladores necesitan incentivos para trabajar juntos. Nuestra política ha perdido el rumbo y hay pocos incentivos para la colaboración; sin embargo, seguimos teniendo muchos problemas que exigen soluciones políticas. Denles a los legisladores las herramientas para legislar. Traigan de vuelta la asignación directa de recursos.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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