OPINIÓN: Un cuento de fantasmas para Donald Trump… y para todos

Nota del editor: Joseph J. Ellis es historiador estadounidense; ganó el premio Pulitzer por su libro Founding Brothers. También escribió American Dialogue: The Founding Fathers and Us. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN) — Desde que Donald Trump sorprendió a todos al resultar electo a la presidencia de Estados Unidos, en 2016, nos hemos estado dirigiendo a una crisis constitucional. Para Trump, es psicológicamente imposible reconocer cualquier límite a su autoridad ejecutiva porque su mente no puede procesar información que no esté alineada con sus intereses.

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Por lo tanto, cualquier intento de entablar una conversación seria con Trump sobre los poderes de la presidencia es una pérdida de tiempo y de energía. Nunca ha leído la Constitución; de hecho, es cognitivamente incapaz de hacerlo. Para Trump, la ignorancia no solo es una bendición, sino la justificación de su creencia de que las pruebas en sí son irrelevantes.

Así, mientras Trump evalúa declarar una crisis de seguridad nacional para construir su muro en la frontera con México, enviar soldados a Venezuela sin autorización del Congreso u ordenarle al nuevo secretario de Justicia que aniquile el reporte de Mueller, yo recomendaría que sus asesores en la Casa Blanca, o tal vez su hija y su yerno, le lean la siguiente historia, tal vez a la hora de dormir o antes de su siesta de media tarde. Procuré que fuera corta y sencilla. Díganle que es un cuento de fantasmas.

Dos fantasmas se cernían sobre los 55 delegados de la Convención Constituyente del verano de 1787. Uno de los fantasmas, la esclavitud, era demasiado amenazador como para decir su nombre en voz alta. (Se necesitaban términos como "esa especie de propiedad" para evadir el término más temido). El otro fantasma, la monarquía, no solo estaba presente en las mentes de todos, sino en sus labios. Cada vez que surgía el tema del poder ejecutivo, no podían dejar de manifestar sus inquietudes sobre la monarquía.

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Era el gran peligro que había que evitar a toda costa, esa luz roja parpadeante en el camino de la república, el máximo ejemplo de todo lo que la Revolución Americana había rechazado abiertamente. El 18 de junio, Alexander Hamilton cruzó el límite en un discurso de seis horas que, de acuerdo con su biógrafo más capaz, Ron Chernow , fue "brillante, valiente y, en retrospectiva, completamente bobo". Hamilton recomendaba que el presidente fuera un rey electo que sirviera de por vida. Durante el resto de su vida, tildaron a Hamilton de monárquico, mancha de la que nunca pudo deshacerse.

Los delegados no tardaron en descubrir que no estaban de acuerdo en las cuestiones más básicas sobre la presidencia: ¿debería ser una persona o una trinidad que representara a tres regiones del país? ¿Quién debería elegir a esta persona: el Congreso, las legislaturas estatales o la población en general? ¿Podría haber reelección? ¿Cuánto debería durar el mandato: tres, cuatro, siete años? ¿El presidente sería un personaje principalmente simbólico, que simplemente preside, o poseería poderes definidos en política interna y externa? Si así fuera ¿cuáles serían esos poderes definidos?

A lo largo de estos arduos debates, el apoyo a cualquier expresión firme de poder ejecutivo se enfrentaba a una falange sólida de críticos que acusaban a sus defensores de crear lo que Edmund Randolph, de Virginia, describió como "el feto de una monarquía". Rogó a los demás delegados que se "resistieran a usar el gobierno británico como prototipo". Hugh Williamson, de Carolina del Norte, fue aún más lejos al predecir que cualquier ejecutivo único probablemente evolucionaría y se volvería un rey y que su labor debía ser "posponer ese acontecimiento lo más posible".

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Acusaron a delegados como James Madison, Alexander Hamilton, James Wilson y el gobernador Morris —quienes argumentaban que las deficiencias de los Artículos de la Confederación solo podrían suplirse con una constitución que articulara un poder ejecutivo con más poder— de sembrar las semillas de la tiranía, abandonar la fe republicana y mancillar el "espíritu del 76". Toda proyección explícita de poder de parte de un presidente estadounidense quedó permanentemente a la defensiva a lo largo de la convención.

A final de cuentas se resolvieron las cuestiones preocupantes (o cuando menos se afinaron diestramente) gracias a compromisos que no dejaron satisfecho a nadie (eso ocurrió particularmente con el artilugio extraño llamado Colegio Electoral). Pero el delegado que tuvo el mayor impacto en el Artículo II, Sección 2 de la Constitución, en el que se delinearon las facultades del poder ejecutivo, no dijo ni pío.

No tenía que hacerlo. Todos sabían que George Washington estaba destinado a ser el primer presidente. Todos sabían también que podían confiarle el poder porque había demostrado que tenía una elegancia prodigiosa para cederlo. Todos coincidían en que nunca traicionaría "el espíritu del 76" porque lo encarnaba más que cualquier otro hombre vivo.

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Los poderes que se otorgaron al presidente en la Constitución, que en su mayoría se centraban en la política exterior, se redactaron pensando en Washington. Él serviría como "comandante en jefe del Ejército y la Armada", papel que ya había jugado en la revolución. No obstante, la facultad de declarar la guerra correspondía al Congreso. El presidente podía "hacer tratados", pero solo si "dos terceras partes de los senadores presentes estaban de acuerdo". Todos sus poderes de designación estaban sujetos "al consejo y al consentimiento del Senado". El presidente podía hacer más que presidir, claro está, pero era más bien un primer ministro, no un rey.

Se puede proponer el argumento convincente de que más que las palabras de la Constitución, fue la misma presidencia de Washington la que definió los alcances y los límites del poder ejecutivo porque sirvió para que el significado auténtico de esas palabras fuera palpable. En particular, los actos de Washington al final, no sus palabras, dejaron un mensaje republicano incompatible con cualquier vestigio de realeza.

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Washington siempre fue un aficionado de las salidas y su renuncia voluntaria al cargo, en 1796, hizo más que sentar el precedente de los dos mandatos, más tarde consagrado en la 22ª Enmienda. También nos demostró que todos los presidentes son prescindibles, sin importar qué tan necesarios sean. Iban y venían. A diferencia de los monarcas, sus días estaban contados. La fuente primordial de la soberanía en la república no era el presidente, sino "el pueblo".

No podemos encontrarlo escrito en ninguna parte de la Constitución, pero Washington se volvió la encarnación de esa verdad evidente que, por definición, no necesita prueba: que en una república, a diferencia de una monarquía, nadie puede afirmar que su omnisciencia es de inspiración divina ni que está por encima de la ley. Cualquiera que lo afirmara, por lo tanto, anunciaba que no era apto para servir.

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