OPINIÓN: La reforma energética que ya fue

Nota del editor: Miriam Grunstein es profesora e investigadora de la Universidad Panamericana. Es académica asociada al Centro México de Rice University, coordinadora del programa de Capacitación al Gobierno Federal en materia de Hidrocarburos que imparte la Universidad de Texas en Austin y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

(Expansión) - ¿Qué es más raro: seguir hablando de la reforma energética cuando ya sucedió hace más de cinco años o referirnos a ella cuando todo indica que ya no lo es? En el primer caso, es raro que se haga alusión a una reforma cuando el modelo ya es un hecho. Esta, como cualquier otra, dejó de ser un cambio para ser el statu quo de la industria.

En el segundo caso suena muy raro hablar de la reforma energética de Peña cuando ya estamos en vísperas de otra con un modelo más hermético a la inversión privada en los últimos casi 30 años, cuando inició la participación privada en electricidad y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) iniciaba su corta vida. Esa apertura gradual, timorata y mesurada que de repente dio un rugido en el sexenio de Peña está a punto de ser sacada a patadas por la trastienda.

¿Qué tendría que suceder en las leyes para rematar la reforma energética? Pues un cambio constitucional, para el cual hay cuórum de Morena, y el legal, que cuenta con votos de sobra. Pero el presidente no necesita 'manosear' el marco jurídico para acabar con la reforma, con decir y hacer ya ha logrado lo que ni los constituyentes, ni los legisladores podrán superar. Con solo tomar el micrófono en sus ‘mañaneras’ conseguirá que los inversores ‘pongan pies en polvorosa’ para no volver jamás.

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No es tanto lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, sino lo que dice, lo que ha cimbrado esta industria. Sus acciones más trascendentes han sido las cancelaciones de las licitaciones petroleras y las subastas eléctricas. Si de la gasolina hablamos, lo que causó el desabasto de inicios de 2019 no fue tanto el resultado de lo que dijo que hizo, sino lo que no supo hacer.

Existen suficientes elementos para pensar que no fue el combate contra el ‘huachicol’ lo que nos dejó sin combustible, más bien la incapacidad del nuevo gobierno de mover el producto en la temporada de mayor demanda. Un presidente que anuncia el cierre de ductos para detener a los ladrones es terrorífico para la inversión privada.

Ninguna empresa querrá que un día el presidente suspenda su negocio, por más que el fin suene heroico. Si López Obrador desea que Pemex recupere su monopolio gasolinero no es necesaria una reforma constitucional ni legal, con la amenaza del cierre los ductos basta para que la competencia huya despavorida.

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De tubos de gas también habló y con más enjundia lo hizo Manuel Bartlett, el ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ahí también se les fue el verbo cuando dijeron que los contratos de la dependencia con sus transportistas de gas eran ‘leoninos’; que las empresas que la ‘desangran’ están controladas por los artífices de las reformas que permitieron la participación de particulares en el transporte de gas y en la generación de electricidad; que seguramente estas reformas fueron urdidas con el afán de engordar el caldo de exfuncionarios rapaces a quienes debe perseguir la justicia “por conflicto de interés”.

De esa manera fueron balconeados Luis Téllez, Carlos Ruiz Sacristán, Joseph Marie Córdoba Montoya, junto con una estela de “infames” acusados de saltar de la función pública a la actividad privada con las garras hundidas en la carne de la nación. En pocas palabras, ellos usaron sus altos mandos públicos para sacar provecho a través de los contratistas sanguinarios de CFE.

Hubo advertencias de que, además de que estos exfuncionarios serían procurados y alcanzados por el largo brazo de la justicia, se renegociarían los contratos de transporte y generación de electricidad. Nadie quiere que los términos de sus transacciones sean arbitrariamente ‘ajustados’ y menos al tratarse de inversiones de millones de dólares; si López Obrador y Bartlett no quieren inversión privada en ductos no es necesario cambiar algo en el marco constitucional y legal, con las amenazas y señalamientos ya inhiben lo necesario para que nadie vuelva invertir un peso más en México.

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Pemex también ha resentido el peso del verbo del presidente, pues le cerraron los ductos y las llaves de financiamiento. Un ejemplo lo dan las palabras de sus emisarios, Octavio Romero y Carlos Urzúa, quienes dejaron fríos a los inversionistas al hacer la presentación del plan de negocios de la petrolera.

Las promesas sobre la refinería, el combate a la corrupción, reducciones impositivas magras y capitalizaciones han causado el desamor de los bancos y de las agencias calificadoras. Como si eso no fuera lo suficiente grave, la degradación en la calificación crediticia de Pemex arrastra consigo a la del país; si el presidente desea alejar al sector privado de la empresa no es necesaria una contrareforma, las señales recibidas dan suficiente razón para darse la vuelta y partir.

Son casi 100 días que parecen 100 años de un sector que se queda solo. Sin cambiarle una palabra ni a la constitución ni a las leyes, la reforma energética hasta aquí llegó.

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