Las gubernaturas cortas tienen costos económicos

Por otra parte, mantener a un instituto electoral local es costoso. El presupuesto aprobado para el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para el año 2019 es de casi 470 millones de pesos. Además, las elecciones estatales conjugan la doble partida, del instituto local, más el presupuesto federal con que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE).

Más allá de la politiquería y de las versiones irrisorias del caso de Baja California como un experimento para extender el periodo presidencial actual, es importante investigar el asunto para no caer en la tentación de la desinformación o de las fake news.

Primero, hay que considerar lo que dicta la Constitución Política en su artículo 121, fracción I, en términos de la aplicación de leyes locales al orden federal, “Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él”.

En este tema que ya es tendencia nacional, algunos opositores y sus alfiles opinadores están desinformando a los ciudadanos con ficciones sobre la reelección presidencial, la antidemocracia y sus fobias personales contra el partido que les ganó, cuando fue el Congreso del Estado de Baja California del periodo 2013-2016, el que con un pobre sentido democrático decidió recortar el periodo de gobierno (2019-2021), a solo 2 años.

Es importante señalar que el Partido Acción Nacional (PAN) se volvió como un pequeño PRI en la entidad, gobernando al estado durante 30 años consecutivos, siendo este el primer Estado que el PAN gobernó en su historia.

Ante lo que vieron que sucedería electoralmente en el año 2018, los diputados locales de ese partido del periodo 2013-2016, posiblemente, resistiéndose a dejar el trono, decidieron que la próxima gubernatura duraría solamente 2 años. Así, el partido entronizado tendría la oportunidad de contender nuevamente por la gubernatura en el año 2021.

En la parte jurídica, el mismo Congreso del Estado del periodo 2013-2016 justificó su decisión con motivo de la reforma constitucional del año 2014 en materia electoral, que indica que las elecciones estatales deberán concurrir con una elección federal, tal y como hoy lo dicta el artículo 116 Constitucional, en su fracción IV.

La reciente nueva extensión del gobierno, de 2 hasta 5 años, que resolvió el Congreso del Estado del periodo 2016-2019, es constitucional. Ya que, el mismo artículo 116 de la Constitución establece en su fracción I, que, “Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años”. En este sentido, la extensión hasta 5 años sigue siendo concurrente con la próxima elección federal para presidente, en el año 2024.

A nadie le conviene, y menos a los bajacalifornianos, que un proyecto de gubernatura dure solo 2 años. Ningún estado ni sus votantes quisieran perder un par de años en proyectos públicos en donde los objetivos sean cortoplacistas y de bajo impacto. Más aún, en una entidad fronteriza que aporta aproximadamente 3.3% del PIB y que es el onceavo Estado económicamente más grande del país.

En caso de que procediera alguna acción de inconstitucionalidad en materia electoral u otro medio de control constitucional, y se volviera (por segunda ocasión) al periodo de 2 años, el costo para los votantes por una próxima elección en el Estado se duplicaría. Un verdadero acto de dispendio producido por una mala resolución política del Congreso Estatal del periodo 2013-2016.

En la coyuntura política de hoy, el estado requiere una gubernatura sólida con un periodo regular y legal para realizar sus proyectos. Reitero, el artículo 116 de la Carta Magna manda que ningún gobernador puede estar en el cargo por más de 6 años, y la extensión, es solo de 5 años.

Además, la impugnación de esta reforma es inentendible, dado que el gobernador electo arrasó con más del 50% de los votos en la pasada elección.

Es fundamental que los votantes y ciudadanos vean la historia con menos ficción y con mayor realidad, independientemente de su simpatía partidista. El regreso a un periodo de gobierno de duración regular es legítimo y, además, es económicamente la mejor decisión que podrán ejercer.

Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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