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Lo prometido sigue siendo deuda con la infancia

Es necesario el incremento de las inversiones en temas de salud, educación y protección para cumplir las promesas que desde hace 30 años realizamos a niñas, niños y adolescentes, dice Silvia Novoa.
sáb 07 diciembre 2019 07:30 AM
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Durante décadas hemos normalizado la violencia hacia la niñez en todas sus formas, tanto física, como psicológica y estructural, dice Silvia Novoa.

(Expansión) - El 20 de noviembre a nivel global conmemoramos el Día Universal del Niño, fecha en que la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959. Treinta años más tarde, se creó la Convención de los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado en la historia aunque lamentablemente no en el sentido estricto de su cumplimiento.

La mayoría de los derechos de niñas y niños pueden ser agrupados en tres categorías: vida y desarrollo, protección y participación.

La vida no logra ser un derecho garantizado en el mundo, pues aunque desde el año 2000 las muertes infantiles se han reducido a la mitad, según datos de la OMS, cada 11 segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido.

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Las probabilidades de muerte de un niño son mayores en zonas rurales y remotas donde la desigualdad se hace presente y la carencia de servicios de salud o la mala calidad de éstos anuncia su sentencia incluso antes de nacer.

Donde existe pobreza, no hay desarrollo. Pero ¿La pobreza preserva la desigualdad o viceversa?

Ciertamente la pobreza es un factor importante en el desarrollo de un niño, pues no solo se trata de una carencia económica sino que impide el acceso a derechos fundamentales como la salud, educación, alimentación, entre otros.

Según el CONEVAL, en ocho años, el porcentaje de pobreza en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años disminuyó únicamente de 53.3 a 52.1% en 2016, aunque el índice para las zonas rurales aumentó

México es una sociedad con alta desigualdad, tanto distributiva, como de oportunidades. Las investigaciones sobre desigualdad en resultados educativos en México muestran que las características educativas de los padres son el principal factor que propicia la desigualdad en los resultados educativos de los hijos.

La deserción escolar en comunidades indígenas es sumamente alta en nivel primaria y secundaria debido a la falta de planteles escolares, trabajo desde temprana edad, matrimonio o embarazo adolescente, entre otros. En el caso de niñez migrante, el acceso a la educación es más restringido debido a factores culturales como la falta de diversidad bilingüista de los docentes, es decir; hablantes de español y de la lengua indígena materna.

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Se necesita a todo el mundo

Durante décadas hemos normalizado la violencia hacia la niñez en todas sus formas; tanto física, psicológica y estructural incluidas la explotación laboral, el abuso sexual y matrimonio infantil. Somos producto de un ciclo que se comenzó a gestar en el hogar y con el que es necesario romper, pues al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años han experimentado castigo corporal, y 1 de cada 2 sufrieron agresiones psicológicas.

Los contenidos, la información y el contexto social en que se desarrollan son cada vez más violentos, lo que influye significativamente a continuar con el ciclo.

Ante la desesperanza que representan los datos, es necesario que trabajemos como sociedad con un sentido de urgencia desde todas las trincheras. Es necesario el incremento de las inversiones en temas de salud, educación y protección para cumplir las promesas que desde hace 30 años realizamos a niñas, niños y adolescentes.

En la Revista Internacional de Estadística y Geografía, se presentó en diciembre del 2018 una investigación que evalúa los avances, rezagos y el impacto de las políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes. Un aspecto para destacar es que en la década pasada hubo numerosos movimientos promovidos desde la Academia, sociedad civil y organismos internacionales que buscaron poner la agenda de los derechos de la niñez en el centro del debate de las políticas públicas en países de Latinoamérica como nunca se había visto.

Ante esto, es plausible la coordinación que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ha tenido con organizaciones de la sociedad civil en diversas entidades del país para avanzar en la garantía de los derechos de 40 millones de niños. Un ejemplo es la colaboración que se ha tenido con la organización internacional World Vision para el fortalecimiento de las capacidades de funcionarios públicos que brinden herramientas y estrategias que ayuden a prevenir y erradicar todas las formas de violencia que afectan a la niñez.

Necesitamos a todo el mundo, necesitamos de todos los sectores de la sociedad para promover un desarrollo holístico de niñas, niños y adolescentes.

La transformación y el desarrollo social y económico de un país no es posible si la niñez no está al centro de cualquier plan nacional, de cualquier debate e interés político y más aún, si no existe una conciencia colectiva de protección de sus derechos.

Nota del editor: Silvia Novoa es directora general para México World Vision, organización humanitaria. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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