Para contrarrestar esta tendencia, además de fortalecer la estrategia de seguridad, es necesario que el Gobierno defina reglas claras y dé certidumbre para incentivar a más inversionistas a entrar a proyectos productivos. Esto, entre otras cosas, implica abrir al diálogo las reformas alrededor de la subcontratación (outsourcing) y evitar cambios repentinos en las reglas como lo que hizo la Secretaría de Energía hace unos meses con los certificados de energía limpia.
Desafío 3. Transferencias monetarias para reducir desigualdad
Otra de las prioridades de este Gobierno son los programas sociales a fin de brindar atención a las desigualdades económicas, sociales y regionales, según la carta del presidente del proyecto de presupuesto de 2020.
La mayoría de los programas sociales están diseñados para otorgar transferencias monetarias directas. Esto conlleva dos riesgos. El primero es que las transferencias no sustituyen los servicios públicos necesarios para combatir las diferentes dimensiones de la desigualdad. Segundo, en un contexto de finanzas públicas restringidas, dichos programas compiten por el presupuesto con las demás funciones de gasto público. Por ejemplo, mientras que la Secretaría de Bienestar tendrá un presupuesto 17% mayor que en 2019, la Secretaría de Salud solo tendrá un aumento de casi 1.4%.
Estos desafíos están interconectados y delinean un panorama complicado para el siguiente año. Sin caer en pesimismo, es importante identificar los riesgos para diseñar acciones para superarlos. Por ello, si este Gobierno realmente quiere transformar al país para hacerlo más equitativo y próspero, es necesario que tome decisiones estratégicas para atender cada uno de estos retos.
Nota del editor: Fátima Masse es coordinadora de proyectos del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse
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