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Nuestras Historias

Preguntas del medio ambiente para empezar a responder en 2020

Al igual que con los políticos, la sociedad es cada vez más consciente de la responsabilidad de los mercados y reclama a las empresas soluciones de consumo, opina Juan Pablo Mayorga.
dom 05 enero 2020 07:00 AM

(Expansión) – Durante 2019, la política ambiental en México fue sólo un telón de fondo en el avance de las políticas estratégicas de la llamada cuarta transformación: desproteger áreas de conservación con megaproyectos hechos al vapor (Tren Maya y Corredor Transístmico), deforestar 300 hectáreas de manglar como paso para una refinería (Dos Bocas), omitir las normas de contaminación del diésel para facilitar la competitividad de Pemex, trastocar la evolución de las energías renovables alterando las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CELs) a la medida de las plantas de CFE.

Pero también en los temas que normalmente no señalan sus críticos entusiastas del desarrollo: la ambigüedad en la cancelación de transgénicos, mientras que los transgenes siguen contaminando variedades nativas de plantas estratégicas como maíz, algodón y frijol. La esquizofrénica adjudicación de presupuesto de Pemex para fuentes no convencionales de energía, que contrasta con la retórica antifracking de López Obrador, en un año en el que Gran Bretaña detuvo esta técnica privilegiando el principio de precaución.

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Digamos que la retórica triunfalista de la campaña de AMLO se ha estrellado contra una realidad configurada por los mismos intereses que han llevado al mundo a socavar los complejos sistemas naturales y a ponernos, por primera vez en la historia de la humanidad, bajo una amenaza civilizatoria global. Al igual que cualquiera de las administraciones previas, las instituciones del medio ambiente de este gobierno (Semarnat, Profepa, INEEC, Conanp, Conabio, Conafor) han estado supeditadas a las de economía, hacienda, energía, agricultura u obras y transportes, y casi cualquier otra.

No obstante la gravedad de esto, se trata del status quo no sólo de México, sino del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento económico bajo la administración Trump (casi 2% del PIB) no podría entenderse sin el ambiente de permisividad fomentado por la desregulación de industrias contaminantes (la generación de electricidad con carbón, por ejemplo) o el desmantelamiento de instituciones como la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Incluso en naciones con una reputación ambientalista como Alemania, durante buena parte de la era Merkel se ha aumentado el uso de carbón de la peor calidad (lignito) en busca de disminuir la dependencia energética del gas ruso. Es decir, los intereses soberanistas y geopolíticos siempre por encima de las necesidades ambientales.

La diferencia en 2019 es que tanto los científicos como la sociedad civil, reflejada en los millones de jóvenes de todo el mundo que salieron a marchar por su futuro, han dejado claro que ya no hablamos de necesidades, sino de emergencias ambientales. Hemos alcanzado una masa crítica.

El costo político se ha elevado dramáticamente y hoy hasta un proyecto de infraestructura (un tren, por ejemplo), que anteriormente hubiera justificado la total destrucción de territorios y pueblos en nombre del progreso, debe ahora aprobar exámenes ambientales minuciosos no sólo en los términos de la ley, sino también de la aprobación social que le dará o no legitimidad.

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Ante un contexto tan atípico y volátil en México y el mundo, anticipar sucesos no puede dejar de ser especulación. Lo único posible es partir de lo que ya sabemos y plantearnos preguntas que nos permitan entender mejor este Antropoceno que vivimos. Las mías son:

¿El trazo del Tren Maya impactará zonas sensibles como la reserva de la biósfera de Calakmul? Si sí, ¿qué tanto?, ¿cuáles serán las medidas de mitigación?, ¿los dueños legítimos de la tierra lo permitirán?, ¿qué tanto les beneficiará este proyecto?, ¿cómo reaccionarán los opositores y los hasta ahora aliados?, ¿podemos esperar reacciones similares con el Corredor Transístmico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía?

En la política energética, ¿qué tanto crecerá la contaminación derivada de la permisividad a Pemex y CFE?, ¿qué tanto estará dispuesta a soportarlo la ciudadanía afectada?, ¿qué tanto se traducirá esto en viabilidad para esas paraestatales que muchos mexicanos perciben como suyas?, ¿será conveniente para la ciudadanía el precio final de la electricidad y los combustibles?, ¿qué tanto el cambio climático le permitirá esta vía a la llamada cuarta transformación y México, si ya padecemos efectos astringentes de esta emergencia?

En lo agrario, ¿funcionarán los precios de garantía como incentivos para ampliar la frontera agrícola hacia áreas de conservación?, ¿garantizarán un ingreso digno para la población campesina históricamente marginada?, ¿le permitirán a México una producción capaz de reducir la importaciones de granos de baja calidad de Estados Unidos?, ¿logrará la Sader aterrizar los programas de agroecología para reducir el uso de herbicidas y fertilizantes tóxicos?, ¿logrará el programa de reforestación Sembrando Vida consolidarse como ese ganar-ganar socioambiental que pretende ser?

En desarrollo urbano, ¿logrará la Sedatu frenar la inercia de décadas de desarrollo rapaz y desordenado que ha depredado tierras tanto de cultivo como de conservación?, ¿qué tanto se impondrán las constructoras, los especuladores y el cartel inmobiliario a una regulación efectiva?

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Si bien estas preguntas tomarán no años, sino décadas para tener respuestas medianamente completas, en el 2020 se sentarán muchas de las bases para responder. Así parecen indicarlo dos factores que comprobamos en 2019: la velocidad de la llamada cuarta transformación y la ambición de las políticas y proyectos que se ha planteado. Previsiblemente, estos elementos colisionarán este año y debemos de estar atentos a las consecuencias.

Sin embargo, también hay que decirlo, la agenda ambiental ya no depende de ningún gobierno y creerlo así significaría no haber aprendido nada del 2019. Cada marcha, manifestación y persona protestando ante las crisis ambientales reclama poder de decisión para sí y sus pares. No podemos seguir mirando hacia arriba en busca de soluciones. Con una voz como la de Greta Thunberg pidiendo votar en las próximas elecciones como la protesta ambiental más significativa, no es difícil creer que las soluciones desde abajo van en camino a destronar mecanismos políticos que conocemos.

OPINIÓN: La apoteosis de Greta y el ultimátum de los jóvenes

Por el otro lado, las empresas seguirán siendo un actor fundamental. Mientras algunas sorprenden con innovación y políticas internas agresivas en la dirección adecuada, existen otras que se empeñan en ser un lastre para los cambios necesarios. Esto aplica desde el sector energético hasta el alimentario, pasando por todas las áreas de la economía.

Al igual que con los políticos, la sociedad es cada vez más consciente de la responsabilidad de los mercados y reclama a las empresas soluciones de consumo. Aquellas que no lo entiendan, pronto se exhibirán del lado incorrecto de la historia.

Nota del editor: Juan Mayorga es periodista especializado en asuntos ambientales, principalmente cambio climático, transición energética y desarrollo urbano sustentable. Es maestro en Public Management y GeoGovernance por la Universidad de Potsdam, Alemania, colaborador de medios nacionales e internacionales. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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