Integridad corporativa: de los accionistas a los stakeholders

Entre otras organizaciones influyentes del sector privado que se han expresado durante estos últimos meses sobre este tema, el más significativo ha sido el renovado “Manifiesto” del World Economic Forum presentado en enero pasado en Davos donde se hace hincapié en que las empresas deben entenderse más allá de meras unidades económicas que generan ganancias financieras.

Deben también entenderse como organizaciones que posibilitan el alcance de objetivos sociales, cuyo desempeño debe ser medido no sólo en términos de retornos financieros a sus accionistas sino también con respecto a sus retornos/impactos en temas medioambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa, alineados con los intereses de sus grupos de interés internos y externos.

Es decir, sus propios empleados, los consumidores y clientes a los que sirven, los múltiples actores de sus cadenas de valor, las comunidades locales, reguladores y otros actores del sector público y también, por supuesto, a sus accionistas.

Este mismo fue el eje de la declaración de la también influyente Business Roundtable de Estados Unidos: la organización estadounidense que reúne a los CEOs más importantes de dicho país presentó en agosto pasado el breve documento “Statement on the Purpose of a Corporation” , firmado por 181 de sus integrantes, donde establecen que si bien cada empresa tiene un propósito de negocios propio, este último debe estar siempre alineado con los intereses de distintos tipos de stakeholders.

En particular, los temas de transparencia e integridad corporativa atraviesan este llamado a una nueva lógica de desempeño empresarial donde la primacía de los accionistas cede el lugar a la centralidad de los distintos grupos de interés que forman parte de y son impactados por las actividades de las empresas.

En un sentido clave, la Agenda 2030 de los ODS podrá alcanzarse si también está apoyada en gran medida, a su vez, en una agenda de integridad corporativa. Una agenda de integridad en la cual los empleados sean tratados con dignidad y respeto, brindándoles canales para comunicar y denunciar hechos de corrupción, discriminación, etc., y ser escuchados con respecto a sus diferentes demandas sociales y medioambientales en su doble carácter de empleados y ciudadanos.

Se promuevan las cadenas de valor transparentes donde se respeten los derechos humanos; y los consumidores sientan que sus derechos de privacidad y protección de datos personales en el uso de productos y servicios - especialmente tecnológicos - están resguardados y que éstos últimos en ningún caso pongan en peligro las instituciones democráticas.

También se espera que el gobierno corporativo de las empresas incluya esquemas de compensación de sus altos ejecutivos que estén alineados con el alcance de estas metas sociales y medioambientales, y no solo a objetivos financieros de corto plazo, y que también se reporten de manera transparente y veraz de qué manera las empresas gestionan estos riesgos y oportunidades.

De más está decirlo, el camino a emprender por parte de las empresas que quieran seguir este derrotero, especialmente en nuestra región, no es fácil, ya que muchas veces las demandas de sus diferentes stakeholders son contradictorias, tienen plazos temporales más cortos o largos, representan visiones generacionales diferentes y poseen incentivos diversos que colisionan unos contra otros.

Pensemos en la puesta en marcha de un proyecto de explotación minera que es bien vista por los futuros empleados como una oportunidad de creación de nuevos puestos de trabajo, pero es resistida por las comunidades locales por su falta de transparencia o impacto medioambiental; o en una empresa que quiere llevar adelante un programa ambicioso pero oneroso de reducción de su huella de carbono pero que se enfrenta a las presiones por resultados financieros de corto plazo de parte de sus accionistas, etc.

Algunas empresas han empezado a tomar nota de algunos de estos cambios de manera reactiva y defensiva ante potenciales nuevas regulaciones que puedan avecinarse, los costos reputacionales involucrados o al creciente activismo de sus stakeholders.

Las más innovadoras, sin embargo, ya han tomado nota desde hace tiempo de este nuevo cambio de paradigma y ya están transitando este camino: saben que deben contar ya no solo con una licencia social para operar, sino de ahora en más con una “licencia de integridad” más amplia que les otorgan sus diversos stakeholders en tanto y cuenta cumplan en los hechos con lo que se comprometieron a hacer (el famoso “walk the talk”) en este amplio espectro de asuntos sociales y medioambientales y que determinará la futura sustentabilidad misma del negocio.

Saben que están siendo examinadas y juzgadas bajo estándares nuevos constantemente en evolución y la paciencia de dichos stakeholders es menor que en épocas pasadas (sólo pensemos en el ejemplo de Greta Thunberg), en un mundo en el cual las tecnologías y redes sociales permiten conectar a personas y crear movimientos sociales a velocidades antes impensadas. Están al tanto de que sus stakeholders están “conectando los puntos” y viendo los impactos negativos que la corrupción y las fallas de integridad tienen en asuntos medioambientales y sociales.

Saben al fin que deben transitar este camino de manera colectiva junto a sus stakeholders y no en oposición a ellos, buscando alianzas y colaboraciones colectivas hasta poco tiempo atrás impensadas.

Se requerirá entonces de un trabajo coordinado por parte de todos estos stakeholders, empresas incluidas, para llegar a acuerdos colectivos que permitan cumplir con estos desafíos de sustentabilidad atravesados por demandas de transparencia cada vez más crecientes. Una agenda de integridad en el centro mismo de la Agenda 2030 de los ODS.

Nota del editor: Gabriel Cecchini es consultor en Gobierno Corporativo, Integridad & ESG. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión