Según las autoridades, la ausencia de contagios en gran parte del país permitirá suspender las medidas sanitarias a nivel local mediante la publicación de un semáforo que definirá la capacidad de municipios y entidades para relajar medidas de contingencia.
El plan de reapertura tiene dos problemas enormes. Primero, parece que nuestras autoridades federales no toman en cuenta que el mecanismo de monitoreo y seguimiento de casos de COVID-19 que usamos en este país, el famoso Modelo Centinela, tiene serias limitaciones. La Secretaría de Salud depende de la recopilación de datos únicamente de casos graves en un número limitado de instituciones de salud que sirven como sitios de vigilancia. Esto restringe su capacidad para identificar patrones de contagio y números reales de casos activos a nivel local.
Segundo, realmente no sabemos en qué etapa de la pandemia nos encontramos. El bajo número de pruebas para monitorear el nivel y evolución de casos de COVID-19 hace que por el momento no podamos determinar el número real de casos en el país, su distribución geográfica o si la curva de contagios está llegando a su pico.
La tendencia de los datos parece indicar que no hemos frenado la propagación del virus y, por el contrario, es posible que el punto máximo de nuevos casos confirmados se alcance en las siguientes semanas, justo cuando se plantea desde el Gobierno reabrir la economía y levantar restricciones.
En la carrera por retomar el dinamismo económico y social, el Gobierno federal necesita obtener datos a través de pruebas masivas y aleatorias a población con síntomas graves, leves y asintomáticos. Además de rastrear personas que hayan estado expuestas al virus. Sin muchas más pruebas será difícil estar listos para reabrir la economía de manera segura. Hoy México realiza 1,270 pruebas por cada millón de habitantes, mientras que Brasil hace 3,500 o Perú casi 20,000.
