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La inevitable transición hacia el uso de energías renovables

Nuestro país cuenta con un gran potencial de viento y radiación solar, lo que hace económicamente viable la instalación de parques solares o eólicos, apunta Roberto Ballinez.
sáb 19 diciembre 2020 12:00 AM

(Expansión) – La soberanía energética ha sido un asunto importante en la agenda del Presidente de la República, incluso antes de que tomara posesión. A nadie debe sorprender que la estrategia gubernamental para el sector energético siga, por el resto del sexenio, procurando la producción de hidrocarburos, la autonomía en el abasto de combustibles y la generación de energía vía la capacidad instalada de la CFE.

Del presupuesto del 2020, aproximadamente el 41% del gasto en inversión se ha destinado a estos fines y para 2021 sería ligeramente mayor.

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El 24 de octubre de 2020, durante su visita a la Central Termoeléctrica “José López Portillo” en Coahuila, el presidente señaló que no dará un paso atrás en el rescate de Pemex y CFE, sin importar que se siga usando carbón para generar energía. Incluso declaró que el beneficio por usar energías limpias es un sofisma.

Dos días después, el presidente comentó en su conferencia mañanera que uno de sus mandatos es proteger a las Empresas Productivas del Estado y convertirlas en palancas del crecimiento. Más aún, en defensa del interés público sobre el interés de los particulares, ha declarado que los reguladores, dentro de la normatividad, deberán cuidar y proteger los intereses de Pemex y CFE.

Concentrándonos en el sector eléctrico, recordemos que, en mayo la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la política de confiabilidad, seguridad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional, donde se privilegia la generación de electricidad por parte de la CFE. Este documento, junto con los cambios normativos en la Comisión Reguladora de Energía que modificaron los costos y el orden de prelación de acceso a la red, dificultan la operación de otro tipo de generadores.

Particularmente, estas nuevas normas argumentan el hecho de la intermitencia, la falta de confiabilidad y calidad de la energía generada por fuentes renovables. Todo esto, pese a que se sabe que las centrales eléctricas renovables generan electricidad a menores costos.

Los amparos interpuestos por los operadores y generadores privados han sido considerados por la SCJN para emitir un falló a su favor, alegando que dichas normas atentan contra la competencia y libre concurrencia establecidas en la Constitución mexicana. Sin embargo, el gobierno ha manifestado su intención de reformar la constitución para incluir su política energética en la que, según entendemos, privilegiaría la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles.

Esto, en mi opinión, nos obligaría a seguir operando instalaciones con enormes ineficiencias operativas, caras y altamente contaminantes.

México ha decidido actuar en sentido contrario a la tendencia global sobre el tema de energía, comprando toneladas de carbón y garantizando el abasto de combustóleo para la generación de electricidad y modernizando varias centrales termoeléctricas. Con la tecnología actual, la generación de un MWh en un parque eólico o solar cuesta en promedio alrededor de 20 dólares, mientras que en una termoeléctrica es aproximadamente 140 dólares.

Es posible que esta diferencia en costos sea transferida al precio que pagan los usuarios o en su defecto que sea absorbido por el subsidio que se aplica a las tarifas.

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Nuestro país cuenta con un gran potencial de viento y radiación solar, lo que hace económicamente viable la instalación de parques solares o eólicos en gran parte del territorio nacional. Asimismo, la generación de electricidad con fuentes renovables contribuye a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En México alrededor de 60% de las emisiones de CO2 (Dióxido de Carbono) proviene de la generación de energía eléctrica y del uso de vehículos de combustión interna. Excluir a las energías renovables de nuestra matriz energética desdibuja el camino hacia la transición a una economía descarbonizada.

La suspensión de las subastas que permitieron desde 2015 un crecimiento en la generación de energía solar y eólica, alcanzando aproximadamente 12% de la generación total nacional en 2019, nos alejan de las metas establecidas en leyes internas y en acuerdos internacionales.

Según la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París, 30% de la energía eléctrica en 2021 deberá ser generada por fuentes limpias, 35% en 2024 y 43% en 2030. Hoy sólo el 23% del total es generada en centrales consideradas limpias, según el último informe de la Agencia Internacional de Energía.

Incrementando la generación de energía renovable y retomando el camino de la transición energética, podremos disminuir la emisión de GEI y contribuir a mitigar el cambio climático; ofrecer al usuario doméstico, comercial e industrial energía más barata; e incrementar la competitividad nacional, lo que atraería más inversión en proyectos productivos que generarían, a su vez, más empleo.

Estos beneficios no se contraponen con el objetivo de salvaguardar el interés público ni con la soberanía energética, solo es necesario replantear sus premisas. Además, esto contribuiría al desarrollo económico, social y ambiental que nuestro país requiere.

Es de conocimiento público que hasta el día de hoy el gobierno mexicano ha encontrado una coincidencia con el gobierno de Estados Unidos con relación a su política energética, en particular a la producción y uso de hidrocarburos. El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2017 dejó de lado los esfuerzos para una transición energética.

No obstante, considerando el próximo relevo presidencial, nuestro país podría verse en la necesidad de replantear la estrategia y metas en este sector para mantener en buen estado la relación con nuestro socio comercial.

El virtual presidente Joe Biden ha dicho que entre sus primeras acciones ejecutivas está la reincorporación al Acuerdo de Paris y la promoción de inversiones por 2,000 millones de dólares para la transición, generación y uso de energías limpias. Incluso, sería posible que, en uso de sus facultades en términos comerciales, establezca impuestos verdes, aranceles a importaciones de productos no alineados con estándares sustentables y presione a sus socios comerciales para promover el consumo de energía renovables en sus procesos productivos.

Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo senior de Deuda Subnacional e infraestructura en HR Ratings. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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