Sin embargo, eso no exime de la necesidad de actuar ante los desafíos reales, que no van a desaparecer sólo con narrativa y rollos.
Estos apagones deberían verse como señales de alarma de las consecuencias de pelearse contra la realidad y la lógica.
Como en todo el mundo, tendríamos que seguir una ecuación simple: mayor demanda energética / mayor restricción climática = más inversión. Es decir, generar más energía, con menor huella de carbono.
Es la fórmula de la transición energética, donde el gas natural es fundamental: mucho menos sucio que el combustóleo o el carbón, y con la tecnología de ciclo combinado, más competitivo en costo y puente ideal hacia una matriz neutra en carbono, barata, renovable y sustentable. Para todo eso hay ríos de dinero en el mundo, prestos para invertir, además de tasas de interés ultra bajas.
La iniciativa presidencial preferente de contrarreforma eléctrica lleva la fórmula inversa: mayor restricción a la generación / mayor indulgencia para la contaminación = desinversión.
Inevitablemente: costos al alza, que la ciudadanía pagará en las tarifas o con cargo al erario para mantener los subsidios. Además, obsolescencia acelerada de la infraestructura y mayor presión a su capacidad y resiliencia (más apagones).
Sin olvidar la factura para nuestros pulmones y contra el planeta por el incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. ¿Vale la pena todo esto por una obsesión político-ideológica?
1. Adiós al Mercado Eléctrico Mayorista, donde el principio es que la energía más barata entre primero a la red: ahora, por decreto llevaría mano la CFE, incluso con el veneno del combustóleo antes que la generación solar y eólica, que cuesta cinco veces menos.
2. Adiós a las subastas para cubrir el aumento de la demanda con la oferta más competitiva.
3. Adiós al incentivo para el desarrollo renovable por las dos razones anteriores y el desfondamiento de los Certificados de Energía Limpia.
4. Adiós a inversiones vigentes y potenciales –no sólo en el sector energético, sino en general– tanto por mayores costos de producción como por el mensaje contra la certidumbre jurídica, de violación a nuestros tratados internacionales y a principios legales tan básicos como la no retroactividad.
