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Certidumbre jurídica, clave ante la nueva Ley de Industria Eléctrica

Es fácil suponer que, frente a un ambiente de negocios con mayor incertidumbre jurídica, la inversión privada vaya a otros países, considera Roberto Ballinez.
sáb 20 marzo 2021 12:07 AM

(Expansión) - Los acuerdos y actos regulatorios promovidos por la Secretaría de Energía en materia de electricidad, durante mayo de 2020, fueron invalidados y suspendidos por tribunales federales a principios de febrero de 2021. Sin embargo, aquellos cambios que proponía dicha política de confiabilidad parecen ser muy similares a los que presenta el texto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Su espíritu sigue siendo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la prioridad para despachar energía eléctrica, argumentando que el sistema actual privilegia y subsidia a los privados y, en el peor de los casos, existen contratos obtenidos mediante “fraude a la ley”. Personalmente, estoy de acuerdo con la intención, pero no con los argumentos.

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Creo que cualquier ley es perfectible. Cambios estructurales dentro de las economías, así como el desarrollo propio de los mercados y de la tecnología, pueden evidenciar vicios o errores en el diseño de una ley, que ciertamente requieren ser modificados o adecuados a la realidad. Sin embargo, el falso dilema al que nos enfrentamos hoy es reformar todo el Sistema Eléctrico Nacional por la existencia de omisiones o actos de corrupción particulares que pudieran existir.

Seguramente, en las próximas semanas, veremos a la SCJN atrayendo la controversia de inconstitucionalidad presentada por la Cofece y amparos en contra de esta reforma promovidos por diversos sectores de la sociedad. Asimismo, es probable que se activen arbitrajes internacionales en el marco de los diferentes acuerdos comerciales que hemos firmado.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el pasado y dado que ya entró en vigor la reforma, aquellos afectados que ejerzan demandas en su contra podrían enfrentarse a procesos de litigio que duren más de un año. Esto porque se trata de una ley como tal y no de una regulación.

Desde el punto de vista económico, y sin restarle importancia alguna al tema técnico, social y ambiental, el impacto de las principales disposiciones de la reforma está sobre los principios constitucionales de no retroactividad de la ley y de libre competencia. Partiendo de la premisa de que en el pasado la inversión privada llegó a nuestro país considerando ciertas reglas, la reforma deteriorará inevitablemente la relación de aquellos y de nuevos inversionistas.

Por tal motivo, es fácil suponer que, frente a un ambiente de negocios con mayor incertidumbre jurídica, la inversión privada vaya a otros países y como resultado se observe una erosión en los fundamentales del crecimiento económico nacional a largo plazo.

Si bien ya se habían dejado de otorgar nuevos permisos de generación y se habían cancelado las subastas para el suministro básico, a partir de ahora podemos esperar que la CRE invalide los permisos de generación que fueron otorgados bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entre ellos el autoabasto y la cogeneración, así como los productores de energía independientes.

Frente a estas nuevas circunstancias, el desafío real al que se enfrentará por sí sola la CFE a la hora de implementar la reforma será cubrir una demanda de electricidad cada vez mayor, pero de una forma confiable, eficiente, limpia y barata. Demanda que no dejará de aumentar como consecuencia de la dinámica demográfica, la digitalización de la economía y por la electrificación de los procesos industriales.

Algunas personas piensan que la Empresa Productiva del Estado puede lograrlo. En cambio, yo soy de los que piensan que concentrar la generación en la CFE la someterá a una presión extra en el corto plazo, dado que algunas de sus subsidiarias hoy en día no son eficientes en términos de costos; no poseen la mejor tecnología ni tienen una matriz energética diversificada.

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Considerando esto, y junto con la eliminación del despacho económico por un nuevo orden de prelación, podríamos esperar en el mediano plazo un aumento en las tarifas de consumo o por el contrario un aumento en los subsidios que serían cubiertos por la hacienda pública.

Por el contrario, si lo que se busca es fortalecer a la CFE, hagámoslo en las áreas en donde hoy es eficiente: transmisión, distribución y suministro básico.

A mi juicio el mayor reto que tiene el gobierno federal de cara al futuro es regenerar un ambiente de confianza y seguridad jurídica para atraer inversión productiva de largo plazo (nacional y/o extranjera).

Esto serviría de base para recuperar el empleo, reactivar el mercado interno a través del consumo y con ello impulsar el crecimiento de la economía tras la contracción registrada en 2020. De acuerdo con el INEGI, la inversión fija bruta descendió 9.0% en 2019 y un 18.3% en 2020.

Si bien los programas de reactivación económica en los Estados Unidos ayudarán indirectamente a la economía mexicana a crecer en 2021, en caso de que el país no genere una oferta de energía confiable, eficiente, limpia y barata se podría comprometer nuestra competitividad frente a otros países y en consecuencia nuestro ritmo de crecimiento económico y nuestro desarrollo sustentable en el futuro.

Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo senior de Deuda Subnacional e infraestructura en HR Ratings. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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