Creo que cualquier ley es perfectible. Cambios estructurales dentro de las economías, así como el desarrollo propio de los mercados y de la tecnología, pueden evidenciar vicios o errores en el diseño de una ley, que ciertamente requieren ser modificados o adecuados a la realidad. Sin embargo, el falso dilema al que nos enfrentamos hoy es reformar todo el Sistema Eléctrico Nacional por la existencia de omisiones o actos de corrupción particulares que pudieran existir.
Seguramente, en las próximas semanas, veremos a la SCJN atrayendo la controversia de inconstitucionalidad presentada por la Cofece y amparos en contra de esta reforma promovidos por diversos sectores de la sociedad. Asimismo, es probable que se activen arbitrajes internacionales en el marco de los diferentes acuerdos comerciales que hemos firmado.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el pasado y dado que ya entró en vigor la reforma, aquellos afectados que ejerzan demandas en su contra podrían enfrentarse a procesos de litigio que duren más de un año. Esto porque se trata de una ley como tal y no de una regulación.
Desde el punto de vista económico, y sin restarle importancia alguna al tema técnico, social y ambiental, el impacto de las principales disposiciones de la reforma está sobre los principios constitucionales de no retroactividad de la ley y de libre competencia. Partiendo de la premisa de que en el pasado la inversión privada llegó a nuestro país considerando ciertas reglas, la reforma deteriorará inevitablemente la relación de aquellos y de nuevos inversionistas.
Por tal motivo, es fácil suponer que, frente a un ambiente de negocios con mayor incertidumbre jurídica, la inversión privada vaya a otros países y como resultado se observe una erosión en los fundamentales del crecimiento económico nacional a largo plazo.
Si bien ya se habían dejado de otorgar nuevos permisos de generación y se habían cancelado las subastas para el suministro básico, a partir de ahora podemos esperar que la CRE invalide los permisos de generación que fueron otorgados bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entre ellos el autoabasto y la cogeneración, así como los productores de energía independientes.
Frente a estas nuevas circunstancias, el desafío real al que se enfrentará por sí sola la CFE a la hora de implementar la reforma será cubrir una demanda de electricidad cada vez mayor, pero de una forma confiable, eficiente, limpia y barata. Demanda que no dejará de aumentar como consecuencia de la dinámica demográfica, la digitalización de la economía y por la electrificación de los procesos industriales.
Algunas personas piensan que la Empresa Productiva del Estado puede lograrlo. En cambio, yo soy de los que piensan que concentrar la generación en la CFE la someterá a una presión extra en el corto plazo, dado que algunas de sus subsidiarias hoy en día no son eficientes en términos de costos; no poseen la mejor tecnología ni tienen una matriz energética diversificada.
