A nivel nacional, el 43.9% de las personas privadas de la libertad señalaron que el motivo de su reclusión es por haber sido acusadas falsamente de la comisión de un delito. Es decir, que casi la mitad de las personas que se encuentran en prisión no cometieron el delito del que se les acusó y eso podría pasarle a cualquiera de nosotras y nosotros. Así que esto habla de un sistema de procuración de justicia que no funciona. Y no solo es grave para la persona que perdió su libertad, dado que la cárcel no solo la destruye a ella, también a su familia y, en última instancia, a nuestra sociedad.
Es importante mencionar que el 67.8% de la población de mujeres privadas de la libertad manifestó que sí tenían hijos menores de edad, de ellas el 53.4% señalaron tener de dos a tres infantes. Entonces son hijas e hijos que crecerán sin su madre o lo harán dentro del centro penitenciario. Niñas y niños que tendrán problemas socioemocionales al crecer e insisto, pensemos en esta dolorosa realidad cuando son inocentes casi la mitad de estas madres en la cárcel.
Por otro lado, en el reporte del INEGI se registró que el 57.5% del total de delitos fueron por un tipo de robo, siendo uno de los delitos más comunes en nuestro país y no necesariamente se exige la privación de la libertad. Hay otras formas más efectivas de prevenir la reincidencia que marcar de por vida a una persona con el daño que genera la privación, sin contar el estigma con el que cargarán el resto de su vida por una mala elección.
Pero si eso no es suficiente, hablemos también sobre que el 64.5% de la población privada de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por las autoridades, desde la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público. Y señalemos que el 45.8% afirmó haber sido incomunicada o aislada después de la detención, mientras que el 39.2% manifestó haber sido amenazada con levantarle cargos falsos.
Todas estas acciones son violaciones flagrantes a sus derechos humanos, entonces ¿dónde están los protocolos de la policía? Nadie está exento de que le pueda suceder esto, todas y todos deberíamos alzar la voz, si no es por solidaridad y justicia, por interés propio.
Inclusive, en el caso de las mujeres recluidas, el 15.5% sufrió agresiones sexuales por parte de los mismos vigilantes de justicia que las detuvieron. Aquí ya no se habla solo de la violación de derechos humanos, se suma la comisión de un delito por parte de la autoridad que debería resguardar la seguridad de las personas. ¿Cómo se puede confiar así en la policía que abusa de esa forma?
En fin, posterior a la detención cuando se está dentro del centro penitenciario, las cifras no son mejores. La autoridad sigue siendo uno de los mayores agresores de las personas privadas de la libertad a nivel nacional. Es así como el 88.9% del total de pagos ilegales para obtener un servicio o un bien en el interior del centro fue entregado a las y los custodios.
Entonces, la realidad es que nadie busca dedicarse a cometer delitos. Por lo general, son las circunstancias y la falta de oportunidades lo que detona el acto, siendo un problema multifactorial y así es como debería atenderse. Además, en la mayoría de estos casos son personas que vivieron en entornos violentos, donde su integridad física y emocional fue agredida.
En contexto, se trata de personas que han sufrido en su hogar y en su propia comunidad. Quienes han sido invisibilizadas por la sociedad, el gobierno, y en muchos casos por sus familias. Ellas y ellos han tenido que enfrentar carencias emocionales, económicas, educativas y hasta laborales. En pocas palabras, han sido víctimas antes de ser victimarios.
Y aunque tampoco estoy afirmando que esto es una justificación para la conducta cometida, sí nos hace mirar de forma distinta la situación y poder ofrecer una respuesta diferente para brindar mejores soluciones a largo plazo. De esta manera se puede lograr justicia y prevención del delito.
