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El oscurantismo energético en México

¿Cuánto deberíamos pagar por electricidad en el país si no existiera un estímulo del gobierno para cada usuario?, plantea Ramses Pech.
mié 13 abril 2022 05:00 AM

(Expansión) - Un bien de un ser humano no significa concederlo por el simple razonamiento de existir, debe ser parte integral de su conocimiento de vida, en poder comprender y entender para qué y cómo fue obtenido para su utilización.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es el problema. Es una empresa que ha sido utilizada para tratar de dar un bien común a la población, pero en la realidad ha sido usada en las últimas décadas como un intercambio de mitigación social en los costos de generación, transporte y suministros a todos los usuarios finales. Toma como una bandera de apología el hecho de mantener los costos de la electricidad, que puedan ser accesibles a la población y, al mismo tiempo, que puedan mantener una inflación controlada.

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Hoy el precio de la electricidad en el sector doméstico está fluctuando entre los 2.50 a 2.80 pesos por KWh en México. Pero a esto debemos recordar que en ciertos periodos del año existe lo que se llama ayuda gubernamental, y que podemos observar en nuestros recibos de luz. Este dinero adicional que aporta el gobierno retorna a la empresa productiva del Estado por medio de un subsidio directo en los ingresos de la empresa dentro de su balance financiero.

¿Cuánto deberíamos pagar si no existiera este estímulo a cada usuario? En Estados Unidos, el costo de la electricidad se ha mantenido entre 2.80 a 2.90 pesos en el mismo sector, pero recordemos que, en este mercado, el gobierno no subsidia de forma directa al usuario final.

Nuestro vecino al día consume alrededor de 28 MMMpcd de gas natural para generar electricidad; en México, 1.8 MMMpcd. El costo del gas natural en enero del 2021 fue de alrededor de tres dólares por MMbtu, y en 2022, en el mismo mes, arriba de los cinco dólares (en abril se ha mantenido por arriba de los seis).

Este incremento en la materia prima, de casi el 100%, debería ser el motivo de discusión en México: cómo y no quién.

Muchos dicen que al T-MEC es un simple tratado sin afectación por las decisiones en los cambios estructurales de las regulaciones. La realidad económica, por definición del acuerdo, es definida como del tipo comercial, y cuenta con términos y condiciones a cumplir desde el 2020. En el tratado actual se contempla la energía; en el anterior acuerdo no existía ningún capítulo al respecto.

Hoy debemos comprender que el futuro no depende de las circunstancias actuales de la administración, sino de la próxima, la cual tendrá que visualizar cómo ratificar en 2026 la relación comercial, siempre y cuando no existan en el corto plazo mesas de trabajo, controversias o demandas en instancias internacionales por afectaciones que se puedan originar por los cambios actuales.

Mi pregunta sería ¿un proyecto energético es para gastar en litigios con un gobierno? Si la CFE toma la batuta de las inversiones no estaremos regresando al oscurantismo de las licitaciones, y todos de nuevo dependeremos de las decisiones de la burocracia, de que exista legalidad o no. ¿No será mejor que los privados asuman los riesgos legales, técnicos, financieros y operativos?

El mundo financiero no busca lugares que en cualquier momento pasen un mayor tiempo litigando y aumentando costos y tiempos para poner en marcha un proyecto para el bien común de una población, que se supone deben asegurar un desarrollo para un crecimiento económico.

Ahora debemos comprender que debemos adicionar una tercera pregunta: ¿cuánto? No existe un plan de largo plazo que involucre a estas tres preguntas. Esto mismo lo estamos observando en el oscurantismo sobre la utilización de combustibles fósiles para el empleo de motores de combustión.

 

Decimos que estamos dando estímulos adicionales y dejamos de cobrar el IEPS, teniendo un posible acumulado para el 22 de abril de alrededor de 50,000 millones de pesos. Lo único que estamos haciendo en el presente es cubrir la demanda, pero no el cómo dejar de contaminar.

En México requerimos mejorar los combustibles actuales que salen de las refinerías de nuestro país. Debemos tener acceso a biocombustibles, oxigenantes y alternativas que puedan, en forma paralela, hacer el cambio de transición a carros eléctricos, todo con el fin de mejorar la calidad del aire como un bien común de largo plazo.

Un acuerdo comercial no es firmado bajo una ideología, es un conjunto de planteamientos de común acuerdo para ayudar a integrar y mejorar las condiciones de una región ante los cambios abruptos del entorno mundial bajo geopolíticas mutantes.

Nota del editor: Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

 
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