Ahí mismo se declaró que siempre sí cumpliremos con la meta de que, para el 2024, el 35% de la energía que consumiremos será limpia. Sin embargo, en el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (Prodesen), publicado en mayo, que en teoría es el principal instrumento de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, con las estrategias y los objetivos de generación, transmisión y distribución, apunta a que eso no será posible.
De hecho, varias organizaciones ambientalistas han señalado que el Prodesen podría anclar a México a una infraestructura fósil contaminante por las próximas décadas y llevaría a incumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Como antecedente, destacan que, según informes de la propia CFE, en los últimos dos años, el combustóleo casi ha llegado a representar el 14% de la canasta de energéticos para generación eléctrica en México, con un 144% de incremento. Al contrario, como es de notar, desde 2019 se cancelaron las subastas de abasto a largo plazo, que venían añadiendo unos 2,500 megawatts anuales de capacidad de generación renovable con dinero privado.
El gobierno postula que la CFE construirá un parque fotovoltaico de 1,000 mw en Sonora, aunque aún no hay presupuesto asignado y existen dudas fundadas de su viabilidad, por limitaciones para sacar los excedentes de generación. Además que celebró diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses “para garantizar inversiones destinadas a generar 1,854 mw de energía solar y eólica”, y que, con ellas, explora construir granjas solares y redes de transmisión para exportar energía a California y otros estados.
Más allá de que es probable que esos “diálogos” más bien tienen que ver con negociaciones para evitar demandas por bloqueos a inversiones ya realizadas o avanzadas, llama la atención que no se incluya la medida más efectiva y asequible para tener resultados a corto plazo: desbloquear capacidad renovable ya instalada de más de 2,000 mw, frenada por el propio gobierno. Para que quedaran los 10 puntos, podría sustituir al de “Sembrando Vida”, que según ha reportado el World Resources Institute, lejos de demostrar ahorros en captura de carbono, podría estar dejando un saldo neto de deforestación y más emisiones con las quemas de bosques.
El problema es que entre “diálogos”, discursos y decálogos para conferencias, el tiempo pasa. Efectivamente, quizá no hay otro país con condiciones tan idóneas para impulsar la transición energética hacia fuentes y tecnologías limpias, y con ello, asegurar el abasto de su demanda futura e inversiones sin precedentes, con efectos sustantivos en el crecimiento y el empleo. Lamentablemente, todo eso está detenido por la política, con un incalculable costo de oportunidad generacional.
El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de Estados Unidos publicó recientemente un informe que concluye que, con los recursos solares y eólicos con que cuenta México, más la continua reducción del costo de la generación renovable y la posición geoestratégica, nuestro país tiene todo para ser una potencia internacional de energía limpia. Con ello, también podría consolidarse como eje industrial sostenible, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Según el NREL, un rápido crecimiento en el despliegue de energía renovable podría permitir al país alcanzar su meta de generación limpia del 35% del total en 2024: de no ser por los obstáculos actuales, podría atraer inversiones por 17,000 millones de dólares a corto plazo, y con ello, generar 72,000 empleos de tiempo completo. Un círculo virtuoso: crecimiento sostenible, mayor acceso a la energía para la población y las actividades económicas, reducción de costos para consumidores, empresas y gobierno, y mejorar la confiabilidad y la resiliencia del sistema eléctrico. Incluso podríamos empezar a exportar electricidad a Norte y Centroamérica.
