No dejo de pensar en la similitud que tiene este ejemplo con uno de los problemas que aqueja a las finanzas públicas del país desde hace muchos años. En México y el mundo se utiliza el concepto de renuncias recaudatorias —antes conocidas como gastos fiscales— para identificar el monto de recursos que deja de recaudar el erario federal por el uso de tratamientos preferenciales que se aplican a los impuestos.
A diferencia de la cocina, en donde se puede ver e interactuar con las personas para determinar si pueden acceder o no al beneficio, en las renuncias recaudatorias no es claro quién se beneficia de los distintos tratamientos preferenciales.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto agregado de renuncias recaudatorias aumentó este año en comparación con 2021, lo cual estuvo asociado, principalmente, al estímulo fiscal del IEPS que se aplicó a los combustibles, así como a la tasa cero de IVA a alimentos, medicinas y suministro de agua potable.
Siguiendo la analogía de la cocina, este incremento sería equivalente a otorgar descuentos, subsidios, créditos y comidas gratis de manera generalizada. Aunque en ambos casos se deja de percibir un ingreso, la pérdida resulta ser más costosa cuando no se garantiza y vigila la efectividad de los apoyos, como en el caso del erario.
Más renuncias recaudatorias es sinónimo de menores ingresos. Por ello, es importante realizar una evaluación profunda para identificar cuáles tendrían que ser eliminadas en el corto, mediano y largo plazo. La idea es evitar el uso discrecional de los tratamientos preferenciales, así como garantizar la existencia de evaluaciones de incidencia y efectividad que sustenten, en su defecto, su permanencia. Un ejemplo útil para ilustrar la importancia de este tema es el estímulo fiscal a combustibles.
Todos los estímulos fiscales tienen su origen en la Ley de Ingresos de la Federación, en Decretos Presidenciales o bien, en la Ley del Impuestos Sobre la Renta. En el caso particular del estímulo fiscal del IEPS a combustibles, este se establece mediante Decretos Presidenciales, por lo que no necesita justificación alguna para implementarse.
El objetivo del estímulo es evitar el incremento de precios en el consumo final de gasolinas en nuestro país, producto de los elevados costos de los hidrocarburos a nivel global. Las cifras oficiales señalan que el estímulo actual asciende a 328.3 mil millones de pesos y pasó de representar el 0.3% del PIB en 2021 a 1.1% en 2022.
