(Expansión) - Este lunes, cerca de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresan a clases con la esperanza de que sea un año más parecido a la normalidad prepandemia.
Sin embargo, los últimos dos años y medio no pasaron en vano. Miles de niños llegarán con lagunas en aprendizajes básicos y afectaciones socioemocionales que amenazan su desempeño escolar. Dos cuestiones que parecieran ser ignoradas por el gobierno federal.
A pesar de que las alertas de organizaciones nacionales e internacionales apuntan a pérdidas de conocimientos equivalentes -en promedio- a dos años de escuela, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con un plan articulado de evaluación y recuperación de aprendizajes. Al contrario, ahora esa misión la tienen principalmente las comunidades escolares, a quienes la SEP ha dejado con acompañamiento mínimo y recursos insuficientes para enfrentar estos grandes desafíos.
Peor aún, hace unos días nos enteramos de que en este ciclo comenzará la prueba piloto para implementar un nuevo plan de estudio de educación básica. Un plan que carece de un diagnóstico oficial y de evidencia de que los cambios propuestos serán la disrupción educativa que México tanto necesita . Y, por si fuera poco, es un documento en el que se descalifica la importancia de las evaluaciones estandarizadas que son tan necesarias para dimensionar las carencias de conocimientos y habilidades con las que llegan las y los niños, así como para monitorear mejoras conforme avanza el ciclo escolar.
Ante este panorama, los estados pueden hacer una diferencia para evitar que se pierda el tiempo en la educación de las y los estudiantes.
Un análisis reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que, en marzo de 2021 cuando se abrieron las escuelas para clases presenciales, 12 entidades implementaron acciones tanto para reducir la pérdida de aprendizajes como para ofrecer apoyo socioemocional.
Acciones factibles como, por ejemplo, la Ciudad de México que aprovechó los Puntos de Innovación Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) para dar asesorías y tutorías de matemáticas, lenguaje y ciencia, así como talleres socioemocionales. En Baja California se hizo una alianza con personal de la salud para otorgar atención psicológica gratuita a estudiantes de educación básica.
Aunque se detectaron buenas prácticas, aún hay 20 entidades que no implementaron acciones en ambas áreas y que se complementan. Un estudiante con afectaciones en salud mental difícilmente aprenderá lo que se le enseña.
Esto es una oportunidad para que los estados aprovechen sus facultades y adopten un rol más activo en la educación de las niñas y niños que viven en su territorio. Un primer paso es apoyar a sus comunidades educativas para que se puedan hacer las evaluaciones diagnósticas, así como concentrar y transparentar las acciones que realicen para apoyar en este ciclo escolar.
Invertir en la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es invertir en las habilidades y capacidades que les permitirá acceder a un mejor empleo cuando concluyan su educación. Cada día que se pierde por inacción, es un día que contribuye a ampliar la profunda desigualdad que aqueja a este país y que se pone en riesgo el futuro profesional de las nuevas generaciones.
Si el Gobierno Federal no lo considera prioritario, entonces que otro nivel de gobierno marque una diferencia.
Nota del editor: Fátima Masse es Directora de Sociedad incluyente del IMCO. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
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