(Expansión) - En la búsqueda del crecimiento económico no hay fórmulas perfectas, pero sí algunas condiciones imprescindibles, como es la participación creciente del capital privado, tanto nacional como extranjero, en los sectores más dinámicos de la economía.
Existe la percepción entre diversos grupos de opinión, incluyendo a empresarios, académicos y políticos, de un deterioro de las condiciones para invertir en México, y en particular para atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
La incertidumbre respecto de las reglas del juego para la inversión, provocada por cambios en la regulación y atizada con frecuencia por declaraciones incendiarias a horas tempranas de la mañana, así como los cuestionamientos al Estado de Derecho por la violencia descontrolada que se registra cotidianamente en diferentes regiones del país, son los factores que se considera estarían afectando el clima de los negocios.
Pese a ello, y de acuerdo con un Informe sobre las Inversiones en el mundo, publicado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, México captó 32,000 millones de dólares el año pasado, lo que nos coloca en el décimo lugar dentro de las naciones que más recibieron IED a nivel mundial. Por su parte, la Secretaría de Economía reportó que en el primer semestre del año se atrajeron más de 27,000 millones de dólares de IED, cifra que representa un alza interanual del 49.2%.
Para los gobiernos, alcanzar cifras récord de inversión extranjera constituye un logro relevante asociado al éxito en la aplicación de ciertas políticas económicas: apreciación válida, considerando la férrea competencia global que existe para su captación y permanencia.
No obstante, en la batalla por constituirse en un destino prometedor para los inversionistas, es común que las administraciones públicas se centren en las metas cuantitativas y pierdan de vista aspectos cualitativos sustanciales, tales como: los sectores prioritarios locales que requieren de capital foráneo, las oportunidades de desarrollo tecnológico, o el potencial de las nuevas inversiones para acelerar la transición energética.
En este contexto, lo que puede convertirse en una mala estrategia para nuestro país es valorar la IED únicamente por el ingreso de divisas, y basar su crecimientos en factores inerciales, como la brecha salarial con nuestros principales socios comerciales, las ventajas de la actual red de tratados de libre comercio o la localización geográfica, aun cuando está de moda el término “nearshoring”, debido a la crisis en la cadena de suministros global, el cual se refiere a buscar proveedores y subcontratar empresas que se encuentren cerca de los mercados de destino.
Para ser estrictos, este término hace alusión a una condición privilegiada que siempre ha tendido México por su cercanía con Estados Unidos. Además, esta perspectiva nos deja supeditados a los planes de localización o relocalización del capital foráneo en función de su propia estrategia global.
Es en este punto donde cabe preguntarse, sin ser tildados de remilgosos, ¿por qué los gobiernos no tienen el derecho de plantear las condiciones y necesidades bajo las cuáles están interesados en promover la inversión extranjera? ¿Por qué puede resultar osado que un gobierno busque orientar la participación del capital extranjero en actividades económicas estratégicas? ¿Acaso no es válido privilegiar aquellas inversiones con triple impacto en lo económico, social y medioambiental?
Sin duda hay múltiples ejemplos exitosos en nuestro país que muestran la convergencia de intereses y metas con empresas extranjeras. Del otro lado de la moneda, existen casos desafortunados de inversiones foráneas que se han desplazado a nuestro país para trasladar procesos productivos obsoletos y contaminantes que ya no tienen cabida en su país de origen, y que en realidad no deberían tener cabida en ningún lugar del planeta.
En el peor de los casos, los gobiernos pueden ceder ante demandas de inversionistas que son incompatibles con los planes de desarrollo económico locales.
Frente a este escenario, lo que necesitamos es espabilarnos, salir de nuestra zona de confort para ver más allá de las ventajas que tradicionalmente nos ha dado la cercanía al mercado estadounidense, ser propositivos y creativos en el diseño de una política deliberada de atracción de inversión que nos dé acceso a una economía del conocimiento y la innovación, permita las alianzas con el capital local para la trasferencia y desarrollo de tecnología propia, y promueva la formación del capital humano.
En este desafío, le corresponde al sector público realizar los diagnósticos, la planeación y la implementación de políticas públicas para impulsar inversiones con impacto social, incentivar a los inversionistas para que participen en los sectores más innovadores, generar condiciones de certidumbre jurídica, estabilidad política y social y desarrollar la infraestructura necesaria, para que los proyectos productivos florezcan y se articulen a una visión de desarrollo que nos permita competir en las grandes ligas de la economía global.
Nota del editor: Celsa Guadalupe Sánchez Vélez es Directora del Colegio de Administración y Negocios del Sistema CETYS Universidad. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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