El proceso sería más o menos así:
Viene el despido, el trabajador tiene que agotar un proceso conciliatorio de 45 días para llegar a un acuerdo con la empresa. Si no se llega a éste, el trabajador tiene todo el derecho de demandar en un Tribunal Laboral, que -después de recibir posturas y contrarréplicas- cita a las partes para poner sobre la mesa los puntos de controversia y programa una nueva audiencia para desahogar las pruebas y ahí emitir sentencia. Según la ley, este proceso debe durar seis meses, máximo.
Pero, la teoría está lejos de la práctica. Abogados consultados para enriquecer esta historia acusan de casos que se han alargado mucho más tiempo que el pactado. De acuerdo con expedientes que ya se han sujetado al nuevo sistema de justicia laboral, específicamente en el Estado de México (entidad con la que arrancó la primera fase de la reforma laboral), ya se tiene registro de denuncias aún sin sentencia.
El motivo: falta de presupuesto y de personal experimentado.
“El número de jueces para sacar la carga de trabajo no da. Esto no va a dar resultado mientras no haya presupuesto”, afirma Diego González de la Fuente, socio director de González de la Fuente Abogados.
La apuesta entonces es la conciliación. Pero hay algunos elementos que podrían impedir llegar a ella. Al margen de las largas filas para ingresar a los Centros de Conciliación Laboral (dependientes del Poder Ejecutivo), el trabajador no puede ingresar con su abogado, cuando tiene derecho a que alguien de su confianza lo acompañe.
“No parece que haya grandes victorias. Se habla de un avance en la conciliación, pero también de presiones indebidas por parte de los centros de conciliación a los trabajadores. Esto lo hicieron las Juntas de Conciliación toda la vida, de presionar al trabajador y decirle que puede perder el juicio. Eso no me parece correcto”, acusa Carlos de Buen Unna, director general de Bufete de Buen.
Además, se cuestiona la experiencia de los conciliadores. Hubo un desmantelamiento de la experiencia acumulada con los años y ahora se está apostando por talento nuevo. Con ello, los beneficios que trae consigo la experiencia, en un punto tan delicado como la justicia social de un trabajador, corren el riesgo de no manifestarse.
“A los funcionarios les falta experiencia, es gente nueva que está aprendiendo y que acumulará experiencia con el tiempo”, dice Ignacio Márquez, socio director de Márquez y Beteta Abogados. “Se está dejando a un lado la experiencia y se apuesta por el talento joven”.