Las inadecuadas decisiones en la materia, adoptadas por López de Santa Anna, fueron trágicamente cosechadas por sus sucesores, quienes encabezaron gobiernos que difícilmente podrían afrontar, con esa carga, los reclamos sociales, ya no se diga establecer el orden o propiciar condiciones de estabilidad. La inefable herencia puso a Juárez en severos apuros, los que impidieron estructurara políticas públicas que pusieran a la república en la ruta del crecimiento.
Sin adentrarnos más en la crónica nacional, debemos simplemente decir que la historia del país se puede contar, narrando la evolución del endeudamiento público. En el último tercio del siglo pasado, la palabra crisis ocupó un lugar estelar en la vida de los mexicanos, y todo se originó en la inadecuada toma de decisiones de financiamiento público, problema que se agravó tras la nacionalización bancaria.
El rescate bancario, se piense lo que se piense, encuentra su origen en el abusivo manejo político de la banca nacionalizada, dado que, por una década, sirvió de irresponsable chequera para financiar todo tipo de aventuras políticas. Los maquillados, pero desfondados bancos, fueron privatizados en condiciones ruinosas, volviendo a gravitar negativamente sobre el erario, cuando los engañados compradores amenazaron con pedir de vuelta lo pagado. Al ser revisados profesionalmente los balances, simplemente no pasaron la prueba de la risa.
Hoy recorremos nuevamente el temerario y frívolo camino de endeudarnos irresponsablemente, haciendo a un lado la Constitución, la cual, tras duras lecciones que pusieron al país al borde de la moratoria, hoy exige que la contratación de deuda se haga identificando la fuente de pago, con excepción de las operaciones de regulación monetaria y las de refinanciamiento. El gobierno federal, ante la incondicional sumisión parlamentaria, y la falta de profesionalismo de la Auditoría Superior de la Federación, ha incurrido en incrementar el pasivo sin acatar el mandato del constituyente. El resultado, otra vez, será demoledor.
Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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