Esto refleja la necesidad imperante de que la iniciativa privada conozca e implemente las normas y/o estándares en materia de privacidad y seguridad de la información, las cuales contribuyen a mantener y aumentar las fuentes de ingresos empresariales, al otorgarles la ventaja competitiva de mantener a salvo el activo más importante del negocio: los datos tanto internos como externos, incluyendo clientes y terceros involucrados en la cadena de suministro.
Por supuesto, la primera reglamentación a conocer por la iniciativa privada debe ser la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que desde 2012, pretende salvaguardar los denominados derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición, para que las personas tengamos el poder de controlar nuestros datos personales aún, cuando estos estén en posesión de cualquier persona física o empresa particular como aseguradoras, bancos, tiendas departamentales, telefónicas, hospitales, laboratorios, universidades, entre otras.
Y eso es solo un listado conocido de posibles poseedores de nuestra información, faltaría nombrar a los que de manera aparentemente legal obtienen nuestra geolocalización y los que de manera ilegal obtienen listas de credenciales ofertadas en la Dark Web.
Todo ello a pesar de que los Artículos 19 y 29 de la LFPDPPP reflejan, claramente, la obligatoriedad de las empresas de mantener medidas de seguridad técnica que permitan proteger los datos personales contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado y, en caso de ser omiso, las sanciones son explícitas en el capítulo X, a partir del Artículo 63.
Incluso, en el primer semestre de 2022, el INAI impuso multas por un monto total de 18 millones 107,000 pesos por el mal tratamiento de datos personales, pero el monto aún parece mínimo frente a las ganancias millonarias que obtienen los actores oportunistas al acecho de información que les abra la puerta a otros delitos.
Esto pasa en México, aún considerando que, según CISCO, en 2021 el empresariado mexicano invirtió, en promedio, 2.3 millones de dólares en proyectos orientados a la privacidad y la protección de datos personales. Ojalá este año, este número creciera al 100% poniendo en el centro de la transformación digital una estrategia de ciberseguridad, basada en la protección de información.
A nivel mundial existen otras normas aplicables dependiendo del desarrollo del negocio, el más conocido por su aplicación internacional es el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, en el cual, además, están basados muchos de los estándares de protección de datos como lo es el ISO 27001 o Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), un marco de políticas y procedimientos que incluye todos los controles legales, físicos y técnicos que forman parte de los procesos de gestión de riesgos de información de una empresa.
