El pasado 30 de abril terminó la última etapa de transición de la reforma laboral aprobada en mayo de 2019, que otorgó cuatro años para que los sindicatos demostraran que los contratos colectivos de trabajo (CCT) que tenían firmados con las empresas eran reales, que el trabajador conocía su contenido y estaba de acuerdo en sus términos a través de una votación libre, directa y secreta. Es decir, democracia pura.
Hoy es posible concluir que la mayoría de los CCT vigentes hasta hace unos días carecía de representación sindical cierta y legal. El océano de contratos que quebrantaban los derechos laborales era enorme. La simulación sindical mediante los llamados ‘contratos de protección’ era espantosa, pero también -hay que decirlo- para muchas empresas significaba la única forma de protegerse ante el chantaje de supuestos líderes sindicales que las amenazaban con emplazamientos a huelga.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa sindical de México es de las más bajas del mundo. Para dimensionar nuestra cruda realidad: la tasa sindical más alta la tiene Islandia con 91.4%, pero para no pensar en el paraíso hay otros casos como Túnez, que tiene una tasa de 38.1; Botswana, 30.0; Zambia, 23.9; Costa Rica, 20.5. México, según cifras de 2020, registra una tasa de 13.2%.
“Durante este gobierno han ocurrido una gran cantidad de reformas con la bandera de la justicia social. Podría pensarse que eso fue producto de una gran alianza de los sindicatos con el gobierno. Para nada. Los cambios laborales responden a un compromiso de élites y a la presión de Estados Unidos en el Capítulo 23 del T-MEC”, afirma Luis Ardura, socio del despacho González de la Fuente y Ardura Abogados.
Por lo tanto, la reforma de 2019 que presumía romper con los viejos vicios en materia laboral y dar paso a la libertad de negociación, la justicia laboral y la democracia laboral, no está ocurriendo del todo y, por el contrario, está teniendo efectos contraproducentes.
Como parte de la reforma de 2019, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA) están siendo desmanteladas, para dar paso a los Centros de Conciliación y a los Tribunales Laborales, con los que supuestamente se aceleraría el fin de los pleitos entre patrones y trabajadores. Recientemente, todos los presidentes de las JLCA fueron despedidos, al tiempo que todas aquellas demandas presentadas desde el año 2000 (aún hay muchas abiertas) y hasta el 30 de septiembre de 2022 corren el riesgo de quedar atrapadas en el limbo. Se dice que el número de expedientes en espera de solución es de 135,000.
“Bienvenidos los cambios para optimizar recursos y profesionalizar la impartición de justicia. El problema es que estos no se ven con esas miras y los equiparo a lo que ha ocurrido en otros momentos durante este gobierno: cortar, sin una revisión de por medio. El mensaje es muy claro: ‘a mí ya no me importan las JLCA, me importan los Tribunales y Centros de Conciliación que están en la reforma que yo promulgué en mayo de 2019’”, sostiene Diego González de la Fuente, también socio del despacho González de la Fuente y Ardura Abogados.
El ‘Día Cero’ ya ocurrió. Terminada la última fase de la reforma laboral, se declara el fin de los ‘contratos de protección’. ¿Qué va a pasar al interior de las empresas con todos esos contratos que ya no existen? Escenarios con final feliz y otros que provocan mal sabor de boca.
Uno, se puede abrir una gran ventana para la creación de nuevas representaciones sindicales, legítimas. Dos, es posible que algunas empresas no sean un ente susceptible a sindicalizar y puedan crear comités internos laborales, dignificar el trabajo interno con un buen liderazgo, cumplir cabalmente con los derechos laborales. Tres, podría ocurrir una lucha encarnizada entre líderes actuales para pelearse lo que para sus ojos podría ser un suculento ‘botín de contratos’.
En este momento hay un vacío de poder sindical. Y también se abre un espacio para hacer las cosas distintas. Pueden surgir líderes dentro de las mismas empresas, éstas también podrían operar sin sindicatos con una comunicación del tú por tú con sus colaboradores.
