Para comprender la situación de México, también es necesario entender el rol que juega la economía informal en el país, ya que lo que vemos en la calle es sólo una parte del problema. Cuando buscamos la definición de comercio informal en la web lo primero que aparece es: “personas que laboran por su cuenta en micronegocios comerciales que operan en la vía pública y de manera irregular, ya que no tienen los permisos o procesos fiscales requeridos por las autoridades para ejercer su actividad”.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 32.2 millones de mexicanos tienen un empleo informal, lo que representa el 55.1% de la población ocupada. Asimismo, estas personas tienen un ingreso no protegido y no cuentan con seguridad social, además de que sus condiciones de trabajo son precarias y tienen mayor dificultad para acceder a créditos y servicios financieros formales, lo cual resulta en una mayor desigualdad social.
Y, aunque ciertamente la economía informal representa un problema para el país, pues reduce los ingresos del gobierno, los cuales se podrían utilizar para proyectos de desarrollo e infraestructura, afecta directamente a que la economía sea más productiva. Estos trabajadores informales representan para la iniciativa privada una gran área de oportunidad, sobre todo para los participantes del sector financiero como los bancos y las aseguradoras, pues son un mercado que aún no se ha trabajado, ni se ha encontrado formas de atenderlos positivamente.
Según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada en 2021, alrededor de la mitad de la población en México reporta tener una cuenta bancaria, mientras que sólo uno de cada 5 personas tiene algún tipo de seguros. Pero, ¿qué pueden hacer bancos y aseguradoras para ayudar a combatir la informalidad?
Para empezar, los productos actuales que ofrecen este tipo de empresas suelen requerir muchos documentos que los trabajadores informales no suelen tener, entonces el reto está en ofrecer productos como microcréditos (créditos con tasas de interés bajo y condiciones de pago flexibles), así como microseguros (seguros simples, de límites y primas bajas), que suelen tener requerimientos más laxos. Esto permitiría que esta población pudiera también participar de los beneficios que el sector financiero ofrece.