La disputa comercial que Estados Unidos ha mantenido con China desde finales de la década pasada ha contribuido - junto a la pandemia del Covid más recientemente - a que las cadenas globales de suministro actualmente experimenten un proceso de reconfiguración geográfica, al cual nos referimos en México como nearshoring.
A lo largo y ancho del espectro político de nuestro país, el nearshoring es visto como una oportunidad valiosa que puede acelerar la inversión y el crecimiento económico.
Sin embargo, hay una coyuntura que va de la mano de dicho fenómeno y al que los equipos de campaña de Álvarez Máynez, Gálvez Ruiz y Sheinbaum Pardo también deberían estar poniendo atención. Me refiero a lo que ocurre en Estados Unidos en torno al conjunto de leyes – principalmente la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) – que la administración Biden-Harris ha instigado para, entre otros objetivos, acelerar la transición energética, lo que incluye el desarrollo del mercado de los vehículos eléctricos.
A mediados del 2021, un reporte del gobierno estadunidense confirmaba que China mantiene una influencia importante en las cadenas de baterías de alta capacidad y materiales y minerales críticos, es decir, en actividades que son centrales en la fabricación de vehículos eléctricos.
En el caso de la fabricación de materiales para baterías y celdas, dicho reporte señala que la participación global de China ronda el 75%, mientras que la de Estados Unidos es menor al 10%. Además, China controla el 60% y 80% de la capacidad de refinación de litio y cobalto, respectivamente, minerales críticos en la manufactura de baterías (autos eléctricos, almacenamiento).
Como respuesta a lo anterior, y ante la necesidad de contar con cadenas de suministro resilientes y menos dependientes de China, estimular el desarrollo tecnológico y la transición energética, la administración Biden-Harris promulgó la Ley para la Reducción de la Inflación el 16 de agosto del 2022.
La IRA contempla incentivos por alrededor de 369,000 millones de dolares (mdd) para enfrentar el cambio climático y fortalecer la seguridad energética, aunque de manera más específica busca impulsar de manera importante el mercado de los autos eléctricos (así como otras tecnologías y fuentes de energía limpias).
Desde la promulgación de la ley, se calcula que hasta ahora los anuncios de inversiones para la manufactura de autos eléctricos y baterías se acercan a los 157,000 millones de dólares.
Para estimular la demanda, la IRA también otorga incentivos para que los consumidores estadounidenses adquieran vehículos eléctricos : 3,750 dólares si el porcentaje aplicable (40% a partir del 2023 y 80% en el 2027) del valor de los minerales críticos contenidos en la batería se han extraído en Estados Unidos o en un país con el cual se tenga un tratado de libre comercio, más otros 3,750 dólares si el porcentaje aplicable (50% en el 2023 y 100% en el 2029) de los componentes de la batería se han manufacturado en América del Norte, lo que incluye a México.
Hay que señalar que, además de la IRA, la administración Biden-Harris promulgó el 15 de noviembre del 2021 la Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL, por sus siglas en inglés), mediante la cual se propone invertir 7,500 mdd para desarrollar una red de 500 mil cargadores para autos eléctricos en Estados Unidos.
Con ello, la meta es que el 50% de las ventas de automóviles en Estados Unidos en el 2030 sean eléctricos, lo cual, de alcanzarse, significaría un aumento significativo en la demanda tanto de baterías como de minerales críticos.
A simple vista, medidas como las anteriores podrían tener un impacto en México.
Dada su vocación manufacturera, el país está ante la oportunidad de capturar parte de la manufactura de baterías y autos eléctricos que el consumidor en Estados Unidos demandará como resultado de los incentivos provistos por dichas leyes.
Aunque, por otro lado, hay que reconocer que existe el enorme reto de generar las condiciones para que dicha oportunidad se traduzca en inversiones, por ejemplo, contar con energía limpia y asequible que alimente la producción de baterías y autos eléctricos. Sin una mayor capacidad de generación de energía renovable, México arriesga convertirse en un espectador del enorme dinamismo que se anticipa en el mercado de la electromovilidad en Estados Unidos.
Otro aspecto a considerar tiene que ver con la refinación del litio. La gran influencia de China se percibe como una amenaza a la competitividad – y viabilidad – de la industria de los autos eléctricos en Estados Unidos, por lo que la IRA también pretende reconfigurar la geografía de dicha actividad, lo que supone una ventana de oportunidad para aquellos países con los cuales Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio, incluido México.
Dada la magnitud de los recursos comprometidos a través de la IRA y las condiciones asociadas, el impacto de dicha legislación no se circunscribe a Estados Unidos. México, como el socio comercial más importante de Estados Unidos, debe considerar seriamente los retos y oportunidades que esta ley implica.
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Nota del editor: Adrián Duhalt es Investigador del Centro de Política Energética Global (CGEP) en la Universidad de Columbia. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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