¿Qué hay detrás de las palabras de la Presidenta de la República? ¿Podemos esperar que, a raíz del nuevo diseño que tendrá la autoridad en materia de competencia económica, se empoderarán Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)?
Contexto:
La relación entre las leyes de competencia económica y las empresas públicas no ha sido la misma, a lo largo del tiempo.
Durante muchos años, el Artículo 28 Constitucional no permitía a la Cofece aplicar las leyes de su materia en las empresas públicas. En pocas palabras, la autoridad en competencia económica estaba impedida por la Constitución de aplicar las mismas reglas que ejecutaba en las empresas privadas. Así, los gobiernos en turno se sentían cómodos con el desarrollo que pudieran registrar las empresas públicas.
Fue hasta 2013 cuando el Poder Legislativo llevó a cabo una serie de ajustes constitucionales y, entre estos, se determinó que las empresas productivas del Estado tenían que operar bajo ciertas reglas no discriminatorias en relación con empresas privadas. Y, entonces, las animosidades alrededor de la autoridad en materia de competencia económica empezaron a alterarse.
De esta manera, por mandato de ley, la Cofece empezó a socializar sus opiniones sobre la operación de las empresas públicas en el entorno de competencia económica en el que se desenvolvían, lo que provocó inquietud en el poder político. Es decir, después de los ajustes que quedaron plasmados en el sistema jurídico mexicano, se redujo el margen de discrecionalidad del que gozaban las empresas públicas frente a los jugadores del sector privado y, lo que resultaba ser una buena noticia para el ambiente de negocios, generó incomodidad entre los políticos.
La discusión y las fricciones vinieron por añadidura. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre la Cofece y el gobierno se tensó, al tiempo que el partido en el poder logró desde los terrenos del Congreso modificar aquel ajuste de 2013 y establecer que las empresas del Estado no operaran bajo las reglas de entonces, dejando en absoluta libertad de operación a los monopolios estatales.
Con ello, a raíz de la imposición política, los monopolios estatales regresarían a un estatus en el cual se mantenían intocados y retomarían sus márgenes de discrecionalidad en su operación. No ha sido todo, ahora, ante los recientes cambios que dieron paso a la extinción de los órganos reguladores, la Cofece pasará a ser parte de la estructura de la Secretaría de Economía y en suspenso está el calibre que tendrán sus márgenes de operación.
Dicho esto, el discurso oficial no empata con el contexto. Las leyes de competencia económica, lejos de parar a las empresas públicas, solo se han encargado de aplicar la ley y llegar hasta donde ésta así se los ha permitido. Sus investigaciones se han concentrado en empresas privadas y en sectores en los que no necesariamente operan las empresas públicas, y los reportes en los que se ha involucrado a empresas públicas ocurren por mandato constitucional, no por capricho (desde la reforma de 2013, la Cofece no puede emitir opiniones relacionadas con la transmisión y distribución de la electricidad, monopolio de la CFE, pero sí en cuanto a generación y mecanismos de asignación y derechos de entrada a la red eléctrica).
“La comisión tiene la obligación de cumplir con la ley, que está hecha para proteger mercados eficientes, mismos que a su vez protegen a los consumidores y a muchas empresas”, afirma Eduardo Pérez Motta, ex comisionado presidente de la Cofece.
Así las cosas, resulta impreciso pensar que las leyes de competencia económica son una piedra en el zapato para el desarrollo de las empresas públicas. Todo lo contrario. En esencia, el espíritu de la competencia está en promover e incentivar que todos los jugadores de un mercado busquen ser mejores para ganarse la confianza de los consumidores. La competencia no daña a las empresas productivas del Estado, sino que las tendría que obligar a mejorar su desempeño y, con ello, ganamos todos.
Si bien toda ley es perfectible, tener una cancha pareja con reglas claras es benéfico para todos quienes juegan en ésta y, sobre todo, para los consumidores. Frente a eso, dinamitar las reglas y beneficiar a alguien en lo particular puede inhibir el clima de negocios, las inversiones y, al final, el crecimiento económico.
“Se tiene la idea de que las empresas del Estado deben tener una participación diferente y reglas de operación distintas en los mercados. Yo creo que los incentivos tienen que estar alineados y sobre todo en sectores que tienen un efecto sobre toda la plataforma de productividad de la economía, porque así también vas a obligar a que las empresas en México compitan con las del exterior, que tienen condiciones no discriminatorias en sus propios mercados y que les permitirían estar en mejores condiciones que las empresas mexicanas”, explica el socio fundador de la consultora Pérez Motta Estrada y Asociados.
Bajo esta lógica: si se quiere tener empresas competitivas que puedan exportar y participar en los mercados internacionales, se necesitan sí o sí de condiciones de competencia dentro del país; sin competencia con reglas claras, los acuerdos internacionales que México ha firmado estarán en riesgo; sin un ambiente parejo y claro, el crecimiento económico simplemente no llegará; independientemente de lo que pase con las empresas públicas, debilitar a la autoridad en materia de competencia económica sería darse un balazo en el pie.
