Las oligarquías tecnológicas han acaparado el espacio digital de tal manera que dependemos de un puñado de empresas para navegar por internet, hacer compras en línea y hasta proteger nuestra información personal. La innovación tecnológica es deseable para el desarrollo económico, pero la acumulación de recursos debe tener un límite que beneficie a la competencia interna, y de paso, que no interfiera con las reglas democráticas en países con instituciones débiles.
La coyuntura política actual, llena de contradicciones, dispone de un panorama denso y espasmódico de información. El seguimiento errático de la agenda internacional se coloca por encima de muchas condicionantes, que dirigen el flujo informativo a conveniencia de las redes sociales que necesitan la permanencia de los usuarios. Pero nunca nos cuestionamos que estos algoritmos fueron diseñados para fines corporativos, que no necesariamente cumplen con la regulación de los países donde tienen mayor presencia.
Hasta hace unos siete años, la innovación tecnológica y digital se concentraba en menos de 10 empresas (Microsoft, Apple, Meta, Intel, Google, Amazon, etcétera). Estas compañías estaban localizadas en una región, Silicon Valley, y se enfocaban en desarrollar sus propias estrategias de crecimiento industrial. En función de competencia, la regulación de los corporativos tecnológicos siempre se mantiene al margen de los beneficios de dichos monopolios, que imposibilitan la aparición de nuevos actores que promuevan agendas de innovación distintas a los planes de la oligarquía tecnológica.
Las mismas firmas que generan valor agregado a la innovación tecnológica interna no le hacen un favor al desarrollo económico interno y esto ya era un problema desde inicios de la década de los 2020. La complejidad del conflicto se agudizó con los efectos de la pandemia: el crecimiento exponencial del comercio digital y la entrada de la inteligencia artificial transformaron de manera radical al panorama tecnológico. Silicon Valley no pudo frenar el fortalecimiento de las políticas enfocadas a la innovación tecnológica en Asia, tanto que la innovación digital enfocada en redes sociales e inteligencia artificial se descentralizó de los Estados Unidos.
China impulsó el uso masificado de la red social TikTok a nivel global, y desarrolladores de inteligencia artificial como DeepSeek, así como comercializadoras como Shein y Temu son ahora los líderes internacionales de sus propias industrias. Esto no sería potencialmente un problema si no se repitiera el patrón de la opacidad de los términos de regulación sobre la competencia entre empresas tecnológicas, ahora no solo interno, también entre países con menos desarrollo tecnológico que absorben el uso de dichas plataformas digitales.
Una herramienta de inteligencia artificial puede inadvertidamente copiar patrones de canciones de algún autor para crear música que pretenda ser inédita, y que estas piezas se vuelvan virales en redes sociales. Pero el artista tiene registrado su material musical ante la institución regulatoria de propiedad intelectual de su país de origen, y tiene las facultades legales para exigir créditos sobre las canciones hechas por la IA y de cobrar regalías si es el caso. Sin embargo, el país no tiene regulaciones específicas para frenar el uso de la IA en asuntos de plagio creativo y artístico; por lo tanto, cada vez que el artista reclame por el uso indebido de sus piezas para la generación de canciones por inteligencia artificial, siempre será un paliativo que no resuelve el problema de origen.
Este círculo vicioso es actualmente señalado por sindicatos de músicos de varias regiones del mundo, en específico América Latina, que aluden a TikTok por usar efectos de voz y fragmentos de canciones que no le pertenecen intelectualmente a la red social y que tampoco paga regalías por la explotación del material artístico. Sin políticas regulatorias para defender el trabajo de los autores, el señalamiento solo es una simple reclamación sin precedentes legales.
En esta columna hemos hablado sobre los riesgos que representa el uso de datos personales de los usuarios en TikTok, y cómo pueden ser instrumentalizados en algortimos que alteren información relevante para eventos electores. La manipulación política por medio de redes sociales es un problema que no encuentra la suficiente atención en los Congresos locales. No vemos el alcance de los vacíos regulatorios de las plataformas digitales hasta que tenemos consecuencias de gran magnitud, como los efectos en Shein y Temu dentro del comercio interno en México.
La urgencia de marcos regulatorios para la inserción al comercio local de estas plataformas de e-commerce no se proyectó hasta la guerra fría arancelaria entre México y Estados Unidos. Todavía son necesarios otros ajustes como el uso de la información bancaria para la retención de impuestos, la defensoría de los derechos del consumidor ante estas plataformas y las notificaciones “push” de las aplicaciones digitales que abarcan demasiado espacio de los dispositivos electrónicos de los usuarios.
La región no escarmienta sobre la inserción de las criptomonedas en las economías locales. Después del fracaso que El Salvador experimentó con el uso de las criptomonedas como medio de cambio oficial, los bancos centrales en América Latina han tratado de ajustar políticas monetarias para mitigar los riesgos especulativos de las monedas digitales. La fragilidad de las criptomonedas es inherente a factores de la esfera digital, que son absolutamente impredecibles; también las criptomonedas están vinculadas a organizaciones criminales dedicadas a las estafas bancarias y la industria de las apuestas en línea.
Sin regulación en materia de política monetaria, las criptomonedas son un riesgo latente para los inversionistas menos experimentados. Argentina es un ejemplo de libro para entender lo que no se debe hacer con medios especulativos de cambio: la promoción de una criptomoneda, sin ningún tipo de base en valor monetario real que sirva como respaldo o garantía, solo conduce al abuso de los participantes en los mercados financieros. Dentro de las esferas de las criptomonedas, el blockchain también está sujeto a los usuarios que pueden pagar para bloquear información relevante de las transacciones pasadas, y así promover pérdidas entre los próximos compradores la moneda digital. Hay mucho trabajo por hacer en la región para regular las plataformas digitales y que no interfieran en las políticas públicas locales, reconocer los riesgos latentes es el primer paso.
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Nota del editor: Alejandra G. Marmolejo es profesora de ciencias sociales en el Tecnológico de Monterrey y miembro del Observatorio de Medios Digitales . Síguela en Threads como @alegmarmo. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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