Las últimas semanas han puesto de manifiesto el momento que atraviesa el sistema internacional. En Davos, líderes políticos y empresariales coincidieron en que la economía global opera hoy bajo un nivel de incertidumbre inédito en décadas. Al mismo tiempo, fuera de los foros multilaterales, se multiplicaban episodios que confirmaban esa percepción: amenazas arancelarias, advertencias públicas entre aliados y el uso explícito del comercio como instrumento de presión geopolítica.
El caso de Canadá resulta particularmente ilustrativo. Mientras Ottawa exploraba un mayor acercamiento comercial con China, Estados Unidos respondió con una advertencia directa: cualquier acuerdo de ese tipo podría traducirse en aranceles del 100 % o más sobre productos canadienses. Episodios similares se observaron en la relación de Washington con la Unión Europea, específicamente en las tensiones vinculadas a Groenlandia y las amenazas en materia comercial y tecnológica por parte de los Estados Unidos.
Este ir y venir de sanciones, amenazas y represalias refleja un cambio profundo en la forma en que funciona el orden internacional. El país que durante décadas fue el principal impulsor y garante del sistema multilateral no solo ha dejado de actuar como ancla de estabilidad, sino que hoy contribuye activamente a desestabilizar el entramado institucional que ayudó a construir.
El sistema que emergió tras la Segunda Guerra Mundial se edificó sobre expectativas ambiciosas. Instituciones como las Naciones Unidas, el sistema de Bretton Woods y diversas organizaciones regionales fueron diseñadas para establecer normas compartidas, gestionar crisis, prevenir escaladas entre grandes potencias y canalizar la competencia geopolítica hacia marcos previsibles. Ese entramado institucional no solo cumplió una función política, sino también económica: al generar reglas comunes, procedimientos estables y mecanismos de resolución de disputas, redujo de manera significativa los costos de interacción entre Estados, empresas y mercados.
Ahora, esta reconfiguración ocurre en un mundo de profunda interdependencia. Las cadenas de suministro globales siguen siendo esenciales incluso cuando se habla de “desacoplamiento” o “reducción de riesgos”. La industria de los semiconductores lo ilustra con claridad: diseño concentrado en Estados Unidos, fabricación en Taiwán y Corea del Sur, maquinaria crítica en Europa y materias primas provenientes de múltiples regiones. Romper esta red implicaría costos económicos significativos.
Algo similar sucede en el ámbito financiero. Las decisiones de política monetaria en Estados Unidos impactan casi de inmediato en los mercados emergentes; los regímenes de sanciones dependen de redes bancarias globales; y la volatilidad en una región se transmite rápidamente a otras. La infraestructura digital —datos, cables submarinos, servicios en la nube— es, por definición, transnacional. Ni siquiera los Estados más poderosos pueden aislarse de estas dinámicas sin pagar un precio elevado.
En este contexto, la fragmentación institucional actúa como un impuesto invisible sobre la economía global. No se recauda en aduanas ni aparece en los presupuestos públicos, pero se paga en forma de mayor incertidumbre, primas de riesgo más altas, costos regulatorios adicionales y decisiones de inversión postergadas. Operar en un mundo donde las reglas cambian según el foro, el bloque o la alianza implica mayores costos de cumplimiento.
Esta preocupación fue evidente en Davos. Más allá de los discursos oficiales, se repitió una idea común: el problema ya no es la falta de cooperación, sino su fragmentación. Un entorno con múltiples estándares, cadenas de suministro politizadas y amenazas constantes eleva los costos de hacer negocios y dificulta la planificación de largo plazo.
En Europa, esta lectura se ha traducido en un énfasis creciente en la llamada autonomía estratégica, entendida no como aislamiento, sino como reducción de vulnerabilidades. Francia ofrece un caso particularmente ilustrativo. Desde hace años, su Ministerio de las Fuerzas Armadas decidió desvincularse del uso de plataformas tecnológicas extranjeras como Microsoft 365 para funciones críticas, ante el temor de que datos sensibles quedaran sujetos a legislaciones extraterritoriales estadounidenses. Más recientemente, el gobierno francés anunció la sustitución progresiva de herramientas como Zoom y Microsoft Teams en la administración pública por una plataforma propia, Visio.
Esta lógica se extiende también al ámbito financiero. En la Comisión Europea y entre los ministros de finanzas de la Unión existe desde hace años un debate sobre la dependencia de infraestructuras de pago dominadas por empresas estadounidenses, como Visa y Mastercard, un debate que ha ganado nuevo impulso en un contexto internacional cada vez más incierto. En ese marco se inscribe el avance del proyecto de un euro digital, impulsado por el Banco Central Europeo, cuyo objetivo es dotar a la Unión de un medio de pago que no dependa de proveedores externos y refuerce su soberanía financiera. De manera paralela, iniciativas como la European Payments Initiative, concebida desde antes de la actual coyuntura, han comenzado a adquirir mayor relevancia operativa con el despliegue progresivo de soluciones como Wero, lo que refleja una tendencia de fondo más que una reacción inmediata. Estas discusiones parten de una conclusión compartida: en un mundo más fragmentado y menos predecible, la dependencia excesiva de infraestructuras financieras críticas externas se convierte en una vulnerabilidad económica y política. No se trata de cerrar las economías, sino de reducir la exposición a decisiones unilaterales en un sistema donde las reglas ya no son estables ni universales.
Para México, este escenario no es abstracto ni lejano. La fragmentación del orden internacional reduce los amortiguadores multilaterales, aumenta la exposición a presiones unilaterales y eleva el costo de depender excesivamente de un solo socio o de infraestructuras externas sobre las que no se tiene control. En un entorno donde el comercio, la tecnología, los pagos y las cadenas de suministro se utilizan cada vez más como instrumentos de poder, la vulnerabilidad deja de ser solo diplomática y se vuelve económica.
Al mismo tiempo, este contexto abre una ventana de oportunidad. Un mundo más fragmentado obliga a mirar hacia adentro no como repliegue, sino como estrategia de resiliencia: fortalecer capacidades productivas, tecnológicas y financieras propias; diversificar proveedores y mercados; e impulsar soluciones nacionales o regionales en sectores críticos. En México, esto podría traducirse en mayor inversión en infraestructura de pagos y fintech, desarrollo de software y servicios digitales para empresas y gobierno, fortalecimiento de la manufactura avanzada vinculada al nearshoring, y en sectores como energía, agroindustria y tecnología industrial, donde reducir dependencias externas no solo disminuye riesgos, sino que genera valor económico. En un entorno donde la estabilidad ya no es un supuesto, la capacidad interna se convierte en un activo estratégico.
El orden internacional no está desapareciendo. Se está volviendo más delgado, más condicional, más impredecible y más caro de sostener. No se trata de un abandono de la cooperación internacional, sino de una lógica de reducción de riesgos en un sistema cada vez menos predecible. La fragmentación no elimina la cooperación, pero eleva su precio. Para México, la diferencia entre vulnerabilidad y oportunidad dependerá de si entiende este momento como una amenaza externa inevitable o como una invitación a construir una estrategia más sólida, menos dependiente y mejor preparada para un mundo donde las reglas ya no son estables ni universales.
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Nota del editor: Fernanda Vidal es profesora investigadora de la Universidad Panamericana, Campus México. Doctora en Ciencia Política por el Departamento de Politics de la University of Sheffield. Maestra en Metodologías de Investigación Científica por ese mismo Departamento. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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