Ningún país está condenado al estancamiento económico y el subdesarrollo eternos, sino que son las políticas públicas y estrategias de gobierno, en conjunto con el sector empresarial y la fuerza ciudadana, las responsables del éxito o fracaso de una nación.
Entre académicos suele decirse con un toque de ironía que existen solo cuatro tipos de economías en el mundo: las desarrolladas, las emergentes o en vías de desarrollo, Japón y Argentina. La alusión a estos últimos dos países se basa en el impresionante ascenso como potencia económica del primero, y las crisis constantes de inflación y devaluación de la moneda que afectan al segundo.
En realidad sabemos que Japón es un país que ha centrado su excepcional crecimiento económico en un plan estructurado de políticas acertadas, mientras que Argentina padece desde hace décadas el ir y venir de gobiernos populistas que apuestan por el asistencialismo desmedido sin disciplina financiera ni controles fiables contra la corrupción.
Desde luego, cada nación tiene sus particularidades y características propias, pero es factible observar y analizar aquello que funciona en otras economías para tomar nota y adaptar buenas prácticas a nuestro caso concreto. Este ejercicio, además, permite darnos cuenta de que no es requisito descubrir el hilo negro ni el agua tibia para comenzar a avanzar en la dirección correcta.
La resignación, claramente, no es opción. Como afirma el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus: “la pobreza y la desigualdad no son condiciones naturales de la sociedad, sino producto de un sistema extremadamente injusto y la falta de visión humanista”.
Más aún, es peligroso el discurso que sostiene la necesidad de que existan la pobreza y la desigualdad para que un país prospere. Tal postura asume que dichos males sociales no solo son inevitables, sino también deseables. Por supuesto, las consecuencias de este mito son potencialmente destructivas como comprueba la Historia.
Así, la desigualdad creciente y el abandono de grupos poblacionales que viven en la miseria, en algunos países, tienen una carga ideológica.
Por un lado tenemos al híper-capitalismo salvaje que busca la ganancia máxima a cualquier costo, pasando por encima los valores humanos y la ética social. A su vez, el comunismo marxista, con su incompetencia y fanatismo, ha fracasado rotundamente una y otra vez, porque no es capaz de producir riqueza ni un modelo económico viable.
En cambio, naciones como Noruega, Singapur, Israel, Canadá o Australia, disponen de economías de libre mercado, con sectores industriales competitivos, mientras el gobierno ofrece servicios públicos de calidad y ayuda social a quienes verdaderamente lo necesitan.
Sueldos dignos para los trabajadores, bajos niveles de inseguridad, estado de Derecho, educación de elevado nivel, sistema de salud robusto, e infraestructura funcional, son algunos de los beneficios que estos países brindan a sus ciudadanos.
¿Cómo iniciar la senda de desarrollo en un país que enfrenta retos significativos? Sin crecimiento económico no hay prosperidad, por lo que hacen falta los incentivos correctos para detonar la inversión y el consumo.
La certeza jurídica, la seguridad y la estabilidad política son fundamentales, aunque no suficientes. El salario mínimo en México sigue siendo hasta 10 veces más bajo del que perciben trabajadores de economías desarrolladas como Estados Unidos.
El gobierno nacional debe crear estímulos agresivos para que las empresas puedan pagar mejores salarios a sus colaboradores. Si en su momento se instrumentó el Fobaproa para rescatar a la banca privada, y en los últimos años se ha recurrido a deuda multimillonaria para financiar megaobras del gobierno, ¿Por qué no pensar en una fuerte inyección de recursos públicos para subsidiar durante un breve período los sueldos a trabajadores en el país?
La propuesta es aventurada, pero para obtener resultados distintos hace falta audacia y creatividad. Mayores ingresos para la clase trabajadora implicarían mayor poder adquisitivo para fomentar el consumo y activar la economía. Además, una medida de este tipo contribuirá a disminuir de manera sustancial la informalidad laboral, que actualmente ronda el cincuenta por ciento de la fuerza productiva nacional.
La política fiscal que se ha implementado hasta el momento solo hace cada vez más pesada la carga impositiva para los empleados de ingresos medios, y desincentiva a las empresas a contratar un mayor número de gente y ofrecerles sueldos competitivos.
Los programas sociales son favorables, pero están lejos de ser una solución definitiva ante la pobreza y la desigualdad. La economía de paliativos incluso perpetúa la situación de precariedad de la población. Lo que se requiere es transitar hacia una economía de auténtico desarrollo, donde toda persona pueda acceder a oportunidades de prosperidad y servicios públicos de calidad.
Estimular el crecimiento económico exige que el gobierno trabaje para establecer condiciones mínimas para la inversión, además de diseñar un plan estratégico que nos lleve a la proliferación de nuevas empresas, de la mano de la industria y la innovación.
Negar que es indispensable cambiar el paradigma actual es seguir con rumbo incierto en detrimento del desarrollo. Un mejor futuro es posible siempre y cuando seamos capaces de construirlo con ingenio y valentía.
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Nota del editor: José Guillermo Fournier Ramos es docente en la Universidad Anáhuac Mayab. Vicepresidente de Masters A.C., asociación civil promotora de la comunicación efectiva y el liderazgo social. También es asesor en comunicación e imagen, analista y doctorando en Gobierno. Síguelo en X como @FournierG y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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