Uber o Airbnb, con el potencial de valer 335 MMD para 2025 a nivel global

GUADALAJARA, JALISCO (Expansión).- Las empresas que se guían a través de un modelo de economía colaborativa y de servicios están cambiando en el país y se están regulando. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), este modelo se trata de la masificación de transacciones de servicios entre pares, actividad que se ha vuelto popular gracias a la aplicación de tecnología.

Aplicaciones como Uber o Airbnb se centran en este concepto en la oferta de sus servicios, “las empresas de economía colaborativa son muy buenas en el análisis y el uso de datos, lo que puede generar confianza hacia los usuarios, pero también abrir debates sobre quiénes son los dueños de estos datos”, afirma Manuel J. Molano, director general adjunto de IMCO.

Sin embargo, los beneficios que tienen este tipo de aplicaciones podría ser un motor de crecimiento para el país, pues acorde con el estudio Una mirada a los beneficios y oportunidades de la Economía Colaborativa elaborado por IMCO, el crecimiento de este tipo de plataformas podría generar un ahorro de hasta 3% del capital gastado en el país, lo que se traduciría en un posible crecimiento del Producto Interno Bruto de hasta 2.5%, más del doble que existe actualmente. Esto para el año 2025.

“Además el crecimiento de este tipo de empresas ha venido desde 2013 y en la actualidad es mayor al de las arrendadoras tradicionales lo que se traduce en un crecimiento de 335,000 millones de dólares hacia 2025 en el mundo y podría representar en México una quinta parte de la economía de PIB”, precisa Molano.

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Algunos de los beneficios de la economía colaborativa, que se enfocan en el usuario son menores precios, calidad garantizada mediante sistemas de calificación, mayor seguridad y mayor variedad de opciones para el mismo servicio.

Además, quienes ofrecen los servicios pueden tener flexibilidad de horario, así como el uso de recursos ociosos, este último concepto es el uso de bienes que usualmente no se ocupan como un activo y que generan ganancia, como un departamento que no es habitado usualmente y que se puede rentar por medio de Airbnb.

Sin embargo, también tienen algunos contras como la pérdida de seguridad social de los proveedores de servicios, un posible deterioro en los estándares laborales y en una primera reacción, la base gravable de diversos impuestos para este tipo de servicios de economía colaborativa.

Por ello, Molano precisa que uno de los puntos en los que se debe de trabajar para fomentar un ecosistema donde las economías colaborativas crezcan es la regulación.

“Lo primero que tenemos que hacer es desregular, pues se tienen que analizar las regulaciones existentes y colaborar con este tipo de plataformas para generar nuevas medidas”, dice el representante del IMCO.

Casos como el sucedido en Colima, donde ahora podrá ser posible el cobro con efectivo por parte de plataformas de transporte compartido, como Uber o Cabify es uno de los logros que destacó el representante de IMCO.

Sin embargo, el organismo propone diversas medidas acorde a cada uno de los actores que participan en la regulación.

En el caso de las autoridades, lo primero que se deberá hacer es desregular, definir y priorizar las normas que contemplen este tipo de modelos, además se tendrán que pensar de forma federal para que las empresas y los usuarios no encuentren trabas a l momento de querer aplicarlas.

“Uno de los puntos más importantes es que se debe alinear la regulación local acorde a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos para permitir a las empresas de economía colaborativa diversificar sus métodos de pago”, precisa Molano en entrevista con Expansión.

En el caso de las empresas que se basen en este modelo tendrán que estar dispuestas a compartir información y ser transparentes en sus términos y condiciones, además de que tendrán que buscar mecanismos para evitar conductas fraudulentas en su plataforma.

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Molano además destaca el papel de los usuarios quienes tienen el poder de calificar y usar las herramientas y mecanismos para resolver controversias generadas en este intercambio de servicios.

“Estamos en una era donde el usuario es escuchado y donde es posible cambiar de plataforma en caso de que la que estamos usando no nos está funcionando. Esto propicia que las empresas trabajen realmente en la oferta de servicios, además de que favorece la diversidad de plataformas. También este tipo de acciones marca una evidencia para las autoridades reguladoras, a quienes también se les pueden demandar acciones sobre puntos de seguridad o legislaciones acorde a las necesidades que la mayoría tiene”, puntualiza Molano.