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El gobierno de AMLO se deshace de la tecnología y aumenta la brecha digital

La actual administración ha reducido el presupuesto enfocado a tecnología y eliminado programas dedicados a la inclusión digital. Esto acrecentará la brecha que existe en el país.
mar 21 julio 2020 06:00 AM
Error de conexión.
La actual administración ha cancelado ya varios contratos marco alrededor de insumos tecnológicos. (iStock)

La política de austeridad de la actual administración dicta la reducción de 75% del gasto lo cual derivó en el retiro de equipos de cómputo en diversas dependencias, cancelación de fideicomisos como el del programa de conectividad eMéxico así como del cese a la renovación de varios contratos marco referentes a tecnologías de la información.

Analistas ven que dichas reducciones contradicen a la propuesta de la misma administración de ayudar a conectar al país y harán más ancha la brecha digital, lo cual no solo tendrá un alto impacto en las personas que pueden perder acceso a conectividad si no que reducirán el acceso de la población a servicios digitales como trámites, salud, educación en línea e incluso la posibilidad de trabajar desde casa.

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Además, “desconectar” a la población va en contra del artículo sexto constitucional que califica el acceso a internet en México como un derecho.

“Estas medidas van a tener mucho impacto y además es contradictorio con lo que planteó esta administración en un inicio y que es un derecho que todos tengan internet. Tal vez puedes decir que eMéxico era un programa con problemas pero era dinero destinado a la conectividad y mucha gente depende de estas conexiones públicas y si los retiras les estás cerrando la puerta a la conectividad y estás haciendo mucho más ancha la brecha digital, más aún en pandemia, que ha demostrado las grandes brechas que hay no solo en conexión si no en la utilización de servicios digitales”, dijo Gonzalo Rojón, analista de Competitive Intelligence Unit en entrevista.

#QuéPasóCon...la reducción de aguinaldos y salarios en las dependencias públicas

Estos son algunos de los casos documentados en torno a la reducción de presupuestos de tecnología y cancelación de contratos marco referentes a licencias de software.

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1. De acuerdo con información de Compranet, se han cancelado varios contratos en materia de tecnología desde 2018; un ejemplo es la cancelación del Contrato Marco en Materia de Software 2019 y la cancelación del Contrato Marco para la Contratación de Servicios y Adquisición de Productos de Licenciamiento de Microsoft en esquema de suscripción, actualización y soporte o nuevas licencias para Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, anunciado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2020.

2. En abril la actual administración anunció la cancelación del fideicomiso e-México, un programa que proveía de conectividad a al menos 12 millones de personas desde 2002.

3. El 16 de julio, Animal Político publicó que la Secretaría del Trabajo regresaría a sus labores pero con el retiro de computadoras para algunos de sus funcionarios en aras de cumplir con las medidas de austeridad anunciadas el 28 de mayo por la Dirección General de Tecnologías de Información.

4. El 9 de julio, María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) anunció que el organismo se quedaría sin equipo de cómputo por la política de austeridad del actual gobierno.

5. A mediados de julio la doctora Julia Tagüeña, renunció a la dirección del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por falta de recursos. El foro operaba como órgano autónomo de expresión científica desde 2002.

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Uno de los efectos a largo plazo de desconectar programas como eMéxico es limitar el acceso a la conectividad al segmento conocido como “prepago soft”, un sector cuyo gasto en tecnología mensualmente (ARPU) es menor a 100 pesos. Este tipo de usuario que corresponde a 43.5 millones de personas aún depende mucho de las conexiones públicas que se verán reducidas al cancelar fideicomisos como eMéxico.

“El prepago soft lo encuentras mucho en niveles socioeconómicos bajos y en zonas rurales donde hay cobertura y son los más afectados de estas medidas y que hace que la brecha se incremente”, dijo.

En el país solo 22.5 millones de personas son las que cuentan con un plan de acceso a banda ancha móvil, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Aunado a los efectos de desconexión, el no renovar licencias de software y reducir el presupuesto de tecnología abre la puerta a vulneraciones de ciberseguridad y a un laxo manejo de datos sensibles en distintas dependencias de gobierno.

En semanas pasadas diferentes dependencias como Banxico, la Condusef y el SAT fueron víctimas de ciberataques.

“Esto es también una muestra de la vulnerabilidad de los sistemas y si le recortas presupuesto el problema se puede poner mucho peor”, dijo.

De acuerdo con Rojón en el país prevalece la necesidad de una estrategia digital y políticas públicas, basadas en alianzas público privadas, para generar mejor acceso a servicios digitales que incentiven nuevas aristas económicas.

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