De acuerdo con la legislación de la Unión Europea, las grandes tecnológicas deben configurar sus productos para que los usuarios opten por no recibir contenido personalizado, el cual generalmente se basa en los datos que comparte con la aplicación para crear un perfil de su actividad dentro de la aplicación.
En el caso de TikTok, la compañía ha sido bastante criticada por los datos que recopila de los usuarios. Este hecho ha sido criticado en territorios como Estados Unidos, donde legisladores han solicitado su prohibición, bajo el argumento de que pone en riesgo la seguridad nacional.
Según un informe que la organización de ciberseguridad, Internet 2.0, publicó en 2022, entre algunos de los datos que la plataforma recopila del usuario se encuentran datos sobre otras apps instaladas, contactos del teléfono, ubicación GPS e incluso historial de transacciones hechas con el dispositivo, entre otras.
Para Thomas Perkins, ingeniero y jefe de seguridad de Internet 2.0, todos estos permisos no son necesarios para que la aplicación de videos cortos funcione correctamente, pues incluso declaró que se puede ejecutar sin recolectar ninguno de esos datos.
Por otra parte, la aplicación europea de TikTok tampoco permitirá que los usuarios de entre 13 y 17 años reciban anuncios personalizados durante su navegación de forma automática, como parte de los cuidados que se están imponiendo.
Hasta el momento la empresa no ha hecho una declaración respecto a cuándo se verán reflejados los cambios en la plataforma, pero de acuerdo con las reglas del bloque, la fecha límite para cumplir con ellas es el 28 de agosto.
Además de TikTok, otras grandes empresas de tecnología, como Meta, YouTube o la red social antes conocida como X, también deberán cumplir con las regulaciones de la Ley de Servicios Digitales, por lo que se pueden esperar cambios en sus plataformas.
Otra de las disposiciones de esta ley respecto a los algoritmos de las empresas es que deben explicar a los usuarios e investigadores cómo funcionan sus algoritmos y tomar medidas más duras contra la difusión de información errónea. En caso de no cumplir con ello, podrían sufrir multas de hasta el 6% de su facturación anual.
