Una de las explicaciones que aporta la firma de ciberseguridad Eset es que la mayoría de las normativas relativas a la protección de datos personales, en muchos de los países de Latinoamérica, data de hace más de 10 o 20 años y resultan insuficientes frente al actual estado de la tecnología.
En el caso de la regulación mexicana, Eset menciona que su eje central es la garantía a los particulares de los derechos ARCO (aceptación, rectificación, cancelación y oposición). No obstante, la misma legislación cuenta con más de 10 años de antigüedad y no abarca cuestiones actuales de internet o la Inteligencia Artificial, entre otros aspectos.
Por otra parte, Cantú destaca que a pesar de las críticas, también puede haber usos positivos de esta tecnología como establecer mecanismos para encontrar a personas desaparecidas, aunque acepta que primero es necesario cumplir con regulaciones y marcos éticos.
“Necesitamos que se legisle desde la parte del gobierno, pero también por parte de la industria privada deben tener esos candados para proteger la privacidad, aunque lamentablemente no lo podemos forzar y lo único que podemos hacer es recomendar y predicar con el ejemplo”, menciona el especialista.
Destaca el papel de la UE, la cual cuenta con el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), el cual es fundamental para la protección de la privacidad en el bloque y se ha convertido en uno de los principales ejemplos para otras zonas del mundo en cuanto
Asimismo, agrega que en 2024 las ciudades tendrán un compromiso creciente para generar más confianza en el público y fortalecer los esfuerzos de privacidad, por medio de diversas estrategias, como elegir soluciones desarrolladas con privacidad por diseño para tener el control completo sobre los datos que recopilan, manejan y comparten.
Otro de los elementos importantes durante este año será la asociación entre proveedores de tecnología confiables para garantizar que todas las líneas de defensa estén optimizadas, ser más transparentes sobre las medidas adoptadas para proteger la información y compartir métricas de cómo las inversiones en tecnología mejoran la seguridad de la comunidad, así como crear programas de asociación que permitan a los ciudadanos informar incidentes, ofrecer comentarios y participar en esfuerzos de vigilancia comunitaria.