Aguascalientes va por impuesto a apps de reparto y abre debate por su impacto

El nuevo compromiso, de acuerdo con Malpica, repercute en toda la cadena de valor, es decir, repartidores, restaurantes, pequeños comercios y consumidores finales.

La aprobación encendió alertas entre los actores de la economía digital no solo por el efecto económico que puede generar, sino por la forma en que se llevó a cabo. Según la organización, la reforma fue avalada sin abrir espacios de consulta o diálogo con las partes directamente afectadas.

“Se trata de una decisión con implicaciones económicas y sociales importantes que se tomó sin escuchar a repartidores, plataformas ni a las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de estos servicios”, refiere Malpica.

El director ejecutivo de AlianzaIn México advierte que el planteamiento es problemático, ya que el uso de infraestructura urbana no es exclusivo de este sector.

“Cualquier actividad económica utiliza la infraestructura urbana. Cobrar solo a las plataformas digitales implica un trato desigual y, por lo tanto, discriminatorio”, explica.

Aunque el porcentaje pueda parecer menor, Alianza In México advierte que el efecto real es acumulativo. En Aguascalientes, estima que alrededor de 80,000 personas podrían verse afectadas, entre repartidores, comercios y empresas vinculadas a estos servicios.

En el estado operan cerca de 9,000 restaurantes, de los cuales aproximadamente 80% son micro, pequeñas y medianas empresas, además de unos 12,000 repartidores que obtienen ingresos a través de plataformas digitales. Muchos de ellos ya están sujetos a otros esquemas de contribución fiscal.

Para dimensionar el impacto, basta un ejemplo sencillo. En un pedido de 250 pesos, el impuesto del 2% representa un cobro adicional de 5 pesos. Aunque el monto parece marginal de forma individual, su efecto es acumulativo y se distribuye a lo largo de la cadena de valor. De acuerdo con Alianza In México, ese costo termina presionando los ingresos de repartidores, elevando los costos para pequeños comercios o trasladándose al consumidor final, especialmente en un contexto donde muchos de estos actores ya operan con márgenes reducidos.

“El impuesto incrementa costos en toda la cadena. Eso puede traducirse en menores ingresos para repartidores, presión adicional para los pequeños negocios y, eventualmente, precios más altos o menor demanda por parte de los usuarios”, advierte Malpica.

Un segundo caso que podría marcar la pauta

El impuesto aprobado por el Congreso local en Aguascalientes no surge en el vacío. Un esquema similar fue avalado previamente en la Ciudad de México, donde también se estableció un cobro del 2% a las plataformas digitales de reparto por el uso de infraestructura urbana. Sin embargo, Malpica subraya que, al tratarse de una medida reciente —aprobada apenas en diciembre—, aún no existe una lectura clara sobre su impacto real. Aun así, considera que el antecedente es relevante porque abre la puerta a que este tipo de gravámenes se replique en otras entidades sin una evaluación integral previa.

“Este ya es un segundo capítulo de la misma historia. Por eso es tan importante atenderlo con datos y argumentos antes de que se convierta en una política que se replique automáticamente”, comenta Malpica.

En el caso de la Ciudad de México, la implementación del impuesto no solo generó inquietud entre las plataformas, sino también entre los propios repartidores. Colectivos como Repartidores Unidos de México (RUM) se pronunciaron públicamente en contra al advertir que, aunque el cobro se dirige formalmente a las empresas, en la práctica puede traducirse en menores ingresos para quienes dependen de estas aplicaciones.

El grupo señaló que los repartidores ya contribuyen al fisco a través de impuestos como IVA e ISR, por lo que consideraron injusto añadir una carga adicional sin consulta previa y alertaron que el gravamen podría impactar directamente en la economía diaria de miles de trabajadores.

Malpica subrayó que el aprendizaje de la experiencia en la capital debería servir para evitar repetir patrones. “Cuando se toman decisiones de este tipo sin diálogo, el efecto suele ser mayor al previsto. No es solo el porcentaje, es el mensaje que se manda y la presión acumulada sobre un sector que ya enfrenta retos laborales, fiscales y operativos”, comenta.

Aunque la reforma ya fue aprobada por el Congreso local, el proceso aún no está cerrado. La iniciativa debe pasar por revisiones administrativas y ser promulgada por el Ejecutivo estatal para entrar en vigor, lo que abre una ventana para replantear la medida.

Desde AlianzaIn México, este momento es clave no solo para Aguascalientes, sino para el resto del país, ya que la forma en que se resuelva este caso podría sentar un precedente para futuras decisiones fiscales sobre la economía digital en otras entidades.

“Todavía hay margen para dialogar y poner en el centro a las personas que dependen de esta actividad para generar ingresos”, señala el directivo.

Seguridad y plataformas: el otro frente que presiona a la economía digital

El debate fiscal ocurre además en un contexto complejo para las plataformas digitales. En días recientes, operativos de seguridad y hechos violentos registrados en Guadalajara, asociados al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho, provocaron bloqueos, enfrentamientos y una escalada de riesgo en distintas entidades del país que llevó a algunas aplicaciones a suspender o limitar temporalmente operaciones en Jalisco y Guanajuato. El episodio volvió a poner sobre la mesa el tema de las garantías de seguridad para repartidores y usuarios.

Para Guillermo Malpica, la seguridad es un factor indispensable para que cualquier regulación o exigencia adicional sea viable.

“La seguridad es una condición básica para cualquier actividad económica. Exigir más obligaciones sin garantizar condiciones mínimas de operación también pone en riesgo el ecosistema”, concluye Malpica.