No obstante, es importante señalar que el análisis de la empresa corresponde a todo el 2026. Si bien el gobierno incentivó el registro desde inicios de año, el calendario realmente obligatorio comenzó a implementarse en agosto. Desde esta fecha, quien no realizara el proceso tendría un bloqueo en su línea telefónica.
A pesar de ello, Ruiz describió que la medida que obliga la vinculación del número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial no ha sido efectiva y sus resultados muestran un panorama “preocupante”, comentó. “Mientras millones de ciudadanos enfrentan nuevos trámites y la amenaza de suspensión de sus servicios, las comunicaciones fraudulentas continúan incrementándose”.
El último corte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), correspondiente al 5 de octubre, dio a conocer que 91.8 millones de líneas móviles habían sido vinculadas, equivalentes a 57% del total de 161 millones de números en operación a nivel nacional.
Por otra parte, el análisis también advierte que los intentos de fraude y extorsión telefónica han aumentado particularmente en comunicaciones asociadas con números cuyas terminaciones se encuentran entre aquellas que han sido objeto de suspensión como parte del proceso de registro obligatorio.
Ruiz agregó que registrar una tarjeta SIM no significa identificar al verdadero responsable de una llamada, pues los grupos criminales pueden recurrir a servicios de telefonía por internet (VoIP), sistemas automatizados de marcación, suplantación del identificador de llamadas (spoofing), identidades robadas y prestanombres para continuar con sus operaciones.
Incluso pueden presentar números telefónicos que aparentemente corresponden a líneas mexicanas, aunque las comunicaciones se originen desde infraestructura tecnológica ubicada en otros países y, por lo tanto, suspender una línea por incumplir el registro no garantiza que ese número deje de aparecer en las llamadas fraudulentas.