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Registro de línea no frena las estafas: intentos de fraude crecen 90% en 2026

Pese al avance en la vinculación obligatoria de las líneas celulares, expertos en ciberseguridad alertan que grupos criminales evaden los bloqueos con diferentes métodos.
Mujer sentada en primer haciendo una videollamada a través de su teléfono celular
El análisis de SILIKN advierte que los intentos de fraude y extorsión han aumentado en comunicaciones asociadas con números cuyas terminaciones se encuentran entre aquellas que han sido objeto de suspensión como parte del proceso de registro obligatorio. (FG Trade/Getty Images)

El gran objetivo del registro obligatorio de líneas telefónicas es combatir el fraude y la extorsión telefónica. Sin embargo, aunque esté proceso avanza desde agosto, los intentos de estafa tuvieron un incremento de hasta 90% a lo largo del 2026, de acuerdo con datos de de la unidad de investigación de la empresa de ciberseguridad SILIKN.

Para Victor Ruiz, fundador y director de SILIKN, el aumento representa una señal de alerta sobre la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y pone en entredicho la efectividad de la estrategia del Gobierno federal para combatir estos delitos mediante el registro obligatorio de líneas celulares .

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No obstante, es importante señalar que el análisis de la empresa corresponde a todo el 2026. Si bien el gobierno incentivó el registro desde inicios de año, el calendario realmente obligatorio comenzó a implementarse en agosto. Desde esta fecha, quien no realizara el proceso tendría un bloqueo en su línea telefónica.

A pesar de ello, Ruiz describió que la medida que obliga la vinculación del número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial no ha sido efectiva y sus resultados muestran un panorama “preocupante”, comentó. “Mientras millones de ciudadanos enfrentan nuevos trámites y la amenaza de suspensión de sus servicios, las comunicaciones fraudulentas continúan incrementándose”.

El último corte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), correspondiente al 5 de octubre, dio a conocer que 91.8 millones de líneas móviles habían sido vinculadas, equivalentes a 57% del total de 161 millones de números en operación a nivel nacional.

Por otra parte, el análisis también advierte que los intentos de fraude y extorsión telefónica han aumentado particularmente en comunicaciones asociadas con números cuyas terminaciones se encuentran entre aquellas que han sido objeto de suspensión como parte del proceso de registro obligatorio.

Ruiz agregó que registrar una tarjeta SIM no significa identificar al verdadero responsable de una llamada, pues los grupos criminales pueden recurrir a servicios de telefonía por internet (VoIP), sistemas automatizados de marcación, suplantación del identificador de llamadas (spoofing), identidades robadas y prestanombres para continuar con sus operaciones.

Incluso pueden presentar números telefónicos que aparentemente corresponden a líneas mexicanas, aunque las comunicaciones se originen desde infraestructura tecnológica ubicada en otros países y, por lo tanto, suspender una línea por incumplir el registro no garantiza que ese número deje de aparecer en las llamadas fraudulentas.

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Una política que impone obligaciones a los ciudadanos

Otra de las críticas de la unidad de investigación de SILIKN hacia la estrategia del gobierno federal es la asimetría entre las exigencias a la población y las capacidades de evasión de las organizaciones criminales.

Y es que, apuntó Ruiz, “los ciudadanos deben entregar información personal, cumplir procedimientos y atender plazos bajo la amenaza de perder su servicio telefónico. Mientras tanto, los delincuentes pueden recurrir a infraestructura internacional, identidades comprometidas y tecnologías que no dependen necesariamente de una línea celular registrada en México”.

Asimismo, destacó que el registro se puede convertir en una nueva modalidad de fraude, ya que abre la puerta a que delincuentes se hagan pasar por representantes de compañías telefónicas o autoridades y amenazar a los usuarios con suspender sus líneas si no proporcionan información personal o códigos de verificación recibidos por SMS.

Así, una iniciativa concebida para combatir las estafas también puede ser aprovechada por los estafadores para perfeccionar sus mecanismos de engaño.

Por último, alertó que la vinculación de números telefónicos con CURP e identificaciones oficiales puede plantear riesgos de privacidad y protección de datos personales al centralizar la información y, ante una eventual filtración de estos datos, se podrían facilitar campañas de ingeniería social, fraudes financieros, suplantación de identidad y ataques dirigidos contra ciudadanos.

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Ante este panorama, la Ruiz resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías, profesionalizar a las policías cibernéticas, mejorar los mecanismos de denuncia, establecer sistemas de detección y bloqueo de llamadas maliciosas, así como rastrear la infraestructura criminal y desmantelar las organizaciones responsables.

Por otra parte, en un ejercicio de transparencia, dijo, el gobierno federal debe explicar con indicadores verificables cuántas extorsiones se han evitado, cuántas redes criminales se han desmantelado y cuántos responsables han sido detenidos como resultado del registro obligatorio de líneas celulares.

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