El SAT busca cárcel para gasolineros sin control volumétrico de combustible

El SAT no solamente solicitó esta reforma al Código Penal federal, también planteó una propuesta para dar de 6 a 12 años de prisión a los empresarios que vendan hidrocarburos y productos petrolíferos de procedencia ilícita.

La nueva adecuación implicaría que si el volumen de una pipa se reduce 0.5% o más al llegar al destino final, el responsable se hará acreedor a un crédito fiscal y a prisión preventiva.

Esto tiene como objetivo evitar el robo del combustible en el trayecto a las estaciones de servicio.

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Una medida adicional es que, para la Miscelánea Fiscal 2022, se eliminó la autorización que daba el SAT para ser proveedor de equipos y programas de control volumétrico. La finalidad de esta medida es agilizar la implementación de este tipo de controles, para combatir el huachicol.

Los especialistas coinciden en que la adecuación de infraestructura y tecnología para cumplir con las posibles nuevas disposiciones implicaría un costo que, al final, sería trasladado a los consumidores, de acuerdo con lo publicado con el Grupo Reforma.

Algunos de estos especialistas, además, consideran que si bien es una buena medida para detectar a las empresas que vendan productos procedentes de actividades ilícitas, es excesiva la privación de la libertad.

Estos argumentos en contra de la propuesta del SAT contrastan con los casos documentados por la Comisión Reguladora de Energía, la cual asegura que las gasolineras de México presentan una serie de irregularidades que ponen en riesgo a los consumidores.

Entre estas irregularidades se encuentran la venta ilegal de combustibles, la falta de pago de servicios y la inexistencia de un inventario de vehículos para transporte de petrolíferos.

Además, se ha identificado que en muchas estaciones de servicio no se exhiben los precios como se indica en la regulación correspondiente.