El arancel antidumping al tomate aún pesa y, mientras el sector asimila ese golpe, una nueva amenaza toma forma. La fresa mexicana ya enfrenta una investigación en Estados Unidos en un momento clave para la relación comercial de América del Norte.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, advierte que este producto puede enfrentar un escenario similar al tomate, justo cuando los temas agrícolas ganan peso en la revisión del T-MEC.
México coloca en el mercado estadounidense 9 de cada 10 fresas frescas que exporta. La producción se concentra en Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco, y sostiene un flujo cercano a los 1,000 millones de dólares anuales. Esa dependencia convierte cualquier acción comercial en un riesgo directo para productores, exportadores y cadenas logísticas.
La investigación arrancó a inicios de año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió un proceso antidumping contra las fresas frescas de invierno provenientes de México, tras una denuncia de la coalición Strawberry Growers for Free Trade. El argumento es que los exportadores mexicanos venden por debajo de su valor justo y presionan los precios en el mercado estadounidense durante la temporada invernal.
El propio Departamento de Comercio fijó un margen preliminar de dumping de 18.32%. La cifra puede cambiar conforme avance la revisión de información financiera y de costos, pero marca desde ahora el tono del proceso. La resolución preliminar se espera hacia finales de junio.
El volumen involucrado explica la presión, pues entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Estados Unidos importó más de 200 millones de kilogramos de fresas mexicanas, con un valor cercano a 933 millones de dólares, según datos oficiales. Se trata de un mercado amplio, dinámico y altamente competitivo, donde cualquier ajuste regulatorio tiene efectos inmediatos.
El caso de la fresa no llega en aislamiento, forma parte de una tendencia más amplia en la política comercial estadounidense. Existen más de 800 órdenes antidumping y compensatorias activas, utilizadas como mecanismo de protección para industrias locales. La agricultura mexicana comienza a sentir con mayor frecuencia ese endurecimiento.
El año pasado se aplicó una cuota antidumping de 17% al tomate , una medida que el gobierno mexicano considera injustificada. El secretario de Agricultura, lo resume en una frase: no hay evidencia que sustente una violación a las reglas del comercio.
La preocupación, sin embargo, va más allá de un producto específico. México, Estados Unidos y Canadá han construido durante décadas una integración agroalimentaria profunda. Esa red conecta producción, procesamiento, transporte y consumo en los tres países. También involucra a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de ese flujo para operar.
“El balance amplio es que por supuesto que esta integración ha sido positiva”, señaló hace unos días Berdegué durante el cierre de consultas rumbo a la revisión del T-MEC, organizadas por la Secretaría de Economía.
El diagnóstico reconoce beneficios: mayor oferta para los consumidores, costos más bajos y un mercado regional más dinámico. Pero también advierte señales de tensión que pueden alterar ese equilibrio.
En el radar mexicano aparecen tres factores. Primero, el uso de medidas comerciales sin base técnica sólida. Segundo, el incumplimiento de acuerdos sanitarios, como el protocolo firmado en diciembre de 2024 para el manejo del gusano barrenador en el ganado. Tercero, el incremento de subsidios agrícolas en Estados Unidos, que en meses recientes alcanzaron cerca de 12,000 millones de dólares para granos y oleaginosas.
En este escenario, la posición de México apunta a un principio: las decisiones comerciales deben sustentarse en evidencia científica y criterios técnicos. Sin ese ancla, los riesgos son distorsiones en el mercado, tensiones políticas y afectaciones directas a las cadenas productivas.
La revisión del T-MEC se perfila como el espacio donde estas diferencias tomarán forma. México busca preservar un modelo de integración que ha impulsado el comercio regional, al tiempo que defiende a sus sectores más expuestos.
También hay ajustes internos en curso, ya que el gobierno mexicano plantea ampliar la participación del sur y sureste en las exportaciones, invertir en infraestructura y avanzar hacia procesos de mayor valor agregado. La meta es clara. Reducir vulnerabilidades sin perder competitividad.
El frente laboral también está en la mira, la estrategia incluye mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas, con acceso a seguridad social y cumplimiento de derechos, en línea con los estándares del propio tratado.
A pesar del entorno, la señal oficial busca evitar una escalada. México llegará a la revisión con una postura constructiva. “El sector agroalimentario mexicano y las autoridades vamos a concurrir a esta revisión con el compromiso y las ganas de profundizar la integración”, afirmó Berdegué.
En el corto plazo, la atención se concentra en el calendario de la investigación. La resolución preliminar sobre la fresa marcará el tono de lo que puede venir para otros productos agrícolas.
